El ministro de Justicia, Germán Garvano, envió al Consejo de la Magistratura las instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez federal Alejo Ramos Padilla por considerar que mantuvo una "actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva" durante su presentación del miércoles pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión, donde durante varias horas describió la "red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes" que investiga y por la que ya está con detención preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio y está imputado el fiscal Carlos Stornelli.  

El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno será presentado formalmente por el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Mahíques. Mauricio Macri busca correr a Padilla de una investigación sensible para el Gobierno y sostiene que el magistrado "hizo de su investigación una cuestión política y mediática".

Para sostener esa acusación, el instructivo de Garavano que recibió Mahíques destaca como primer argumento la necesidad de mantener en reserva la investigación sin más acceso que para las defensas y las partes o la posibilidad de que el juez imponga el secreto de sumario las veces que lo crea necesario.  

Durante la audiencia del miércoles pasado, Ramos Padilla apuntó que fue un pedido del juez Julián Ercolini, a partir de una denuncia presentada por el propio Stornelli, la que le "impuso tener que levantar el secreto de sumario de esta investigación, lo que generó enormes inconvenientes y riesgos para la misma" y resaltó que el juez le solicitaba la causa aún cuando permanecía en secreto de sumario, o sea sin saber cuál era el contenido de la investigado.  

En ese tono, el pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo sostiene que Padilla protagonizó "una pérdida total de ecuanimidad", entre otras cosas, al sostener "categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados y  del mismo modo que cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales".

De esa manera, el escrito presentado por Garavano apunta contra las referencias que el juez realizó respecto de la imputación contra Stornelli, a quien convocó publicamente a cumplir con el llamado a declaración indagatoria, y a un audio que hizo público que D'Alessio le habría enviado a la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto. "La actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados", apuntó el texto de Garavano. 

Además, el escrito tilda de "irregular" la propia realización de la audiencia convocada por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Leopoldo Moreau, de la que los legisladores de Cambiemos decidieron no participar. La presentación hecha por Garavano indica que el juez había presentado documentación ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pero de manera anticipada "se presentó ante otra comisión, cuyas competencias nada tienen que ver con la materia". 

El tono y el objetivo de la presentación que ahora ingresará al Consejo de la Magistratura había sido adelantada el viernes pasado en un comunicado del Ministerio de Justicia y sintetizado ayer por el propio presidente Macri, durante una entrevista con el periodista Luis Majul: "No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo".

Con esta presentación el Gobierno confirmó su decisión de avanzar sobre el juez que tiene en sus manos una investigación que podría alcanzar a funcionarios y legisladores del oficialismo, pero el camino que tiene por delante el trámite de juicio político no será sencillo para Cambiemos, que no cuenta con aliados suficientes entre los nueves consejeros de la Comisión de Disciplina y Acusación para obtener un dictamen favorable.