Tres años después de sancionada la ley que creó un programa de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género, finalmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que en abril se pondrá en marcha el servicio. Pero apenas estará disponible una abogada --son casi todas mujeres-- en cada una de las 11 provincias del NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata, donde se pondrá en marcha en una primera etapa. En total son 12 letradas y un abogado para 13 jurisdicciones, según confirmó a PáginaI12 la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, de quien depende la implementación. 

"Es solo un gesto electoral", cuestionó en diálogo con este diario la periodista y activista feminista Marta César, presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, una de las jurisdicciones donde estará disponible el patrocinio jurídico gratuito del programa nacional. "Trece abogadxs para esa cantidad de provincias es muy poco. Aquí en Salta, por lo menos siete abogadas del Instituto Jurídico de Genero del Colegio de Abogadxs toman los casos trabajando gratuitamente y no alcanza para cubrir la demanda de Salta capital, que tiene más de 500 mil habitantes. ¿Cómo hará para atender los casos de la Puna? En el Chaco salteño, las agresiones sexuales en banda o no contra niñas y mujeres son constantes. ¿Cómo va a hacer una sola abogada?", se preguntó César, después de conocer el anuncio.

Según explicó Rodríguez, está previsto que cada abogada tenga en simultáneo cincuenta casos activos. Se ocuparán de causas de violencia machista en relaciones de pareja o intrafamiliares, pero no abarcarán en esta primera etapa denuncias que tengan que ver con el ámbito laboral. La letrada seguirá las causas en el fuero civil y penal. Las provincias elegidas para empezar son del Noreste (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos) y Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero), Neuquén y la Ciudad de La Plata.

La funcionaria señaló que la selección de estas regiones se basó en los diagnósticos de necesidades jurídicas insatisfechas, al entender que su población se encuentra en una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con el resto de las provincias. Además, se incluyó a la provincia de Neuquén por los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en el marco del caso de Ivana Rosales, en trámite de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en La Plata se está haciendo la prueba piloto del programa desde hace algunos meses.

--¿Por qué empiezan con tan pocas abogadas a pesar de que hay una enorme demanda de patrocinio jurídico gratuito en todo el país de parte de víctimas de violencia de género? --le preguntó este diario. De hecho fue una de las demandas de la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015.

--Si ponemos más, no podemos controlar que se brinde un buen patrocinio jurídico. Iremos de a poco. Esto es un proceso. Mientras voy poniendo más abogados se van formando los próximos en otra capacitación. A fin de año esperamos estar cubriendo con un abogado o abogada todo el país. Seguiremos con las provincias del centro y después con las del sur. La idea es ir sumando más el año próximo --respondió Rodríguez.

Los profesionales seleccionados se eligieron luego de aprobar el Curso de Transformación actitudinal en género (TAG), que organizó el Ministerio, cuya primera edición estuvo compuesta por una cohorte de 556 abogados. De los casi 1700 inscriptos, apenas el 30 por ciento aprobó el curso, contó la funcionaria. 

Además debieron cumplir una serie de requisitos como contar con 5 años o más de ejercicio en la profesión; acreditar el ejercicio efectivo de la profesión de los últimos 2 años; estar matriculado en el colegio de abogados de la jurisdicción respectiva; tener certificado de carencia de antecedentes penales y no registrar sanciones y/o suspensiones ante el organismo emisor de la matrícula.

Los casos de violencia de género doméstica ingresarán a través de la derivación que realicen los Centros de Acceso a la Justicia de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que se encuentran en todo el país.

Los CAJ entrevistarán a las víctimas de violencia de género y posteriormente derivarán los casos al Cuerpo para la asignación de un/a abogada/o. 

A través de un software de gestión, se garantizará el adecuado contacto entre la víctima y la/el abogada/o, el seguimiento de los casos a nivel formal (cumplimiento de plazos y movimientos de las causas) y el monitoreo desde una perspectiva de género y derechos humanos, detalló Rodríguez. Dijo también que harán además, encuestas a las víctimas, para saber si están conformes con el patrocinio letrado.

Cada abogadx cobrará alrededor de 30 mil pesos por mes, y atenderá en su propio estudio. No se les exige que tengan bloqueada su matrícula, podrán seguir trabajando con otras causas. Pero no podrán tomar casos privados de violencia de género, para evitar conflicto de intereses, explicó la funcionaria a PáginaI12. El juez, como en cualquier causa, regulará además los honorarios correspondientes. 

Para poder acceder al servicio, la persona deberá completar un formulario para demostrar que no tiene recursos. Se tendrán en cuenta distintas variables. Quienes sufran discapacidad, tendrán prioridad, destacó Rodríguez.

El Cuerpo, que se presentó al mediodía durante un acto en el Cine Gomount, tiene su sede nacional en La Plata y está conformado por una dirección Ejecutiva, la Coordinación Institucional, las áreas de Gestión Judicial y Manejo de Datos, Asesoramiento, Capacitación y Jurisprudencia, y Administrativa. Se informó que las/os profesionales brindarán asesoramiento a las/os abogadas/os que patrocinen a las víctimas de violencia de género en las 24 jurisdicciones del país.