Contrariando la política oficialista, Naciones Unidas le recomendó al Estado argentino “poner fin al excesivo control policial de los vendedores ambulantes de ascendencia africana”. Le recordó al gobierno que “dada la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales”, y advirtió que “la brutalidad en torno a los arrestos hace que se violen aún más los derechos humanos”. Además, sugirió que “se realice una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería y, además, desarrollar recursos a los que puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad”. Estas recomendaciones forman parte de una larga lista de sugerencias que hizo en su informe preliminar el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes del organismo internacional, que estuvo en la Argentina por invitación oficial entre el 11 y el 18 de marzo.

La delegación de expertos integrada por el sudafricano Michael Balcezark, el polaco Sabelo Gumedze y el filipino Ricardo Sunga evaluó la situación de los derechos humanos de afrodescendientes que viven en la Argentina, y relevó información “sobre discriminación racial, racismo, afrofobia y formas conexas de intolerancia”.

Para recabar datos, el Grupo de Trabajo visitó Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe, y se reunió con representantes de organizaciones afroargentinas, con  funcionarios nacionales y provinciales, y diversas organizaciones sociales y académicas. 

Persecución policial, estigmatización, “invisibilidad de larga data y la persistente discriminación estructural” son algunos de los problemas que sufren los afrodescendientes y que inquietaron a los expertos, quienes también señalaron preocupación por la “vulneración del derecho a un nivel de vida adecuado, falta de acceso a vivienda y agua; tenencia de la tierra; atención de la salud; educación; seguridad y justicia”.

Pero el foco de los expertos estuvo puesto en cómo las fuerzas de seguridad ejercen violencia sobre este sector de la población. “La sociedad civil informó que las fuerzas de seguridad discriminan por perfilamiento racial a los afroargentinos. Los estereotipos negativos de los afrodescendientes  identifican como delincuentes peligrosos y violentos, narcotraficantes y trabajadores/as sexuales, todo lo cual contribuye a un control policial excesivo”, sostiene el documento que será presentado en septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los delegados señalaron que “en Buenos Aires y en otras ciudades, se informó al Grupo de Trabajo acerca del accionar desproporcionado de las fuerzas policiales contra los vendedores ambulantes de descendencia africana, la mayoría de los cuales son senegaleses”, quienes “después de su arresto y detención sin orden judicial, los vendedores ambulantes son liberados por el fiscal o el juez. Esta práctica se repite como una herramienta de acoso sin ninguna necesidad de rendir cuentas”.

Al respecto, el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, quien se reunió con la delegación, dijo a este diario que “en la Argentina los senegaleses no cuentan hoy con herramientas para regularizar su situación migratoria. Se ven obligados a realizar actividades de subsistencia por las que son criminalizados y esa persecución policial les termina generando causas penales que luego les impide obtener la condición de refugiados”. Del total de denuncias recibidas por el Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General, de hechos que podrían constituir casos de violencia institucional durante 2018 (623 casos), 84 fueron de senegaleses, lo que constituye el 13.48 por ciento de las denuncias totales. Esto los ubica en el lugar de mayor cantidad de hechos de violencia a personas extranjeras en la ciudad. 

Para obtener datos desagregados sobre el número de afrodescendientes detenidos, los expertos recomendaron la inclusión de una pregunta cuando arriban a la cárcel para saber si se autoidentifican como afrodescendientes.

Los delegados de la ONU también advirtieron que “se retrata a los migrantes afrodescendientes como personas peligrosas, que vienen a sacar trabajo y que son responsables de la inseguridad en el país”. En este sentido señalaron que resulta preocupante la política migratoria del gobierno, que a través del Decreto 70/2017 “modificó el régimen migratorio y estableció una política más restrictiva”. Y a contramano de la política macrista que construye al migrante como enemigo y promueve las expulsiones express, el informe señala que “la condición de inmigrantes irregulares de estos vendedores debe corregirse mediante una medida oficial del gobierno. La amnistía otorgada en 2013 a los/as migrantes indocumentados resultó una buena práctica y debería repetirse”.