Desde Esquel

La jueza de Esquel Carina Estefanía, quien absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen en el juicio por usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut, habló en exclusiva con PáginaI12. El gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, había utilizado esta causa para edificar un montaje sobre la RAM que fue derrumbado en la sentencia de la magistrada, quien cuestionó duramente el uso de la violencia como única respuesta por parte del Estado nacional y provincial hacia las comunidades originarias. 

–¿Cuál fue el principal desafío que presentó este juicio?

–Todos los juicios son un aprendizaje. Pero éste tuvo un matiz diferente porque fue muy largo y al estar involucrada una comunidad originaria, la estrategia de la defensa ahondó fuertemente en su historia. En el año 1991 trabajé con el senador de Chubut Solari Yrigoyen y él honraba a los pueblos originarios. Sin embargo, en los procesos que tuve hasta ahora como jueza y en los 20 años que estoy dentro del Poder Judicial, nunca me había tocado un caso donde estuvieran involucrados los derechos de los pueblos originarios. Cuando soy designada, entendí que era un caso para juzgar con perspectiva indígena. Es decir sin desconocer su historia. No debemos desconocer las consecuencias de la Campaña del Desierto, como por ejemplo el despojo, la expropiación, la deportación, la división de las familias, los prisioneros, los campos de concentración.

–¿Los funcionarios que actuaron desde la recuperación territorial (marzo de 2015) en adelante no entendieron la dimensión de la cuestión mapuche? 

–Este caso tuvo algunos componentes que les impidió a determinados funcionarios poder ver que aún con la violencia que se describía, estábamos ante un reclamo de un pueblo originario, que merecía una mirada distinta. No se pueden tratar todos los conflictos de la misma manera. Las deficiencias que se dieron desde el comienzo de la investigación tienen que ver con la falta de capacitación de los funcionarios públicos para resolver la cuestión. No estuvieron a la altura de la circunstancias. Tenemos que enseñarle a la sociedad a convivir con ese tipo de reclamos y enseñarles  a quienes reclaman que no deben hacerlo mediante la violencia. 

–Usted dijo que los funcionarios que actuaron al comienzo del caso no estuvieron a la altura de las circunstancias. Fueron el juez Martín Zacchino y el fiscal Fernando Rivarola quienes quisieron acusar a la comunidad y en particular a Facundo Jones Huala de terroristas.

–A los tres meses de iniciada esta causa, en junio de 2015, hubo un planteo de unificar distintos expedientes para vincularlos con la denuncia de “usurpación”. Ahí estuvo la gran dificultad y es cuando digo que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Se metió todo en la misma bolsa y considero que no estaba todo en la misma bolsa. De haber existido, por ejemplo, una buena actuación de la policía en aquel momento, hubiéramos evitado esta escalada del conflicto que se retroalimentó día a día.

–¿Cómo fue esa mala actuación de la policía de Chubut?

–Muchos grupos sociales que reclaman por sus derechos utilizan la capucha; esto no es solamente una cuestión de los pueblos originarios. El lema de quiénes se cubren su rostro es que en realidad las capuchas no esconden sino que exhiben lo que quieren mostrar, es decir el conflicto. Por eso los funcionarios públicos y policiales tienen que estar capacitados para no instalar que los que se encapuchan son delincuentes. Pero no estamos capacitados para hacer esa diferencia. No se puede mandar a la policía para identificar a las personas que están dentro del territorio. No se puede resolver esto por la fuerza. 

–Durante las audiencias del juicio, varios policías contaron que desde “La Compañía” los presionaban para avanzar contra la comunidad, incluso un testigo sostuvo que le habían pedido hacer cosas ilegales. ¿Cuál es el rol de la Compañías de Tierras del Sur-Benetton en esta trama?

–El comisario (Víctor Osvaldo) Veloso sostuvo que la Compañía le exigía, nunca habló de cosas ilegales pero sí que le exigía un trato preferencial en cuanto al cuidado de la Compañía. También es cierto que la Subcomisaria de Leleque fue instalada en lo que había sido una estación de servicio vendida a Benetton y la empresa cedió el terreno para armar la dependencia policial. Esa Subcomisaría se creó para cuidar los campos de la zona. 

–En el informe de Patricia Bulrrich de diciembre de 2017 sobre la RAM figuran 96 causas, de las cuales 18 son específicas contra la Pu Lof en Resistencia Cushamen. ¿Por qué ese nivel de persecución?  

–Creo que el tema fue instalado desde la administración de la provincia de Chubut hacia el Gobierno nacional y no a la inversa. Para mí fue una decisión del gobierno de Chubut de enmarcar el conflicto de esta manera y trasladarle la responsabilidad al Poder Ejecutivo Nacional. Las primeras investigaciones vinculadas a la RAM surgen desde la propia policía chubutense. Durante todo el juicio estuve muy expectante para ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio y no encontraba nada. Era como que sobrevolaba y no bajaba al caso. En un momento, Matías Santana dijo ‘todos han dicho que somos de la RAM y nosotros no lo somos; pero sí avalamos a la RAM’. Ahí traté de mostrarles en la sentencia que tengan cuidado con esos mensajes, que confunden a la sociedad. 

–El gobierno nacional hizo mucho más que tomar el tema, lo profundizó. Bullrich pretendió vincular a Santiago Maldonado con esta supuesta organización terrorista, luego se lanzó el Comando Patagónico Unificado y se firmó un acuerdo con los Procuradores generales de la región para “coordinar esfuerzos contra la RAM”.

–Primero hay que decir que existieron algunos hechos materiales concretos y no identidades, que no podemos ignorar. Incendios en determinados lugares en El Maitén, un refugio en Bariloche, y un camión, algo muy similar a lo que sucede en Chile. Estos hechos (sin ningún autor identificado) pudieron haber motivado algunas respuestas públicas desde el Estado provincial y Nacional pero con un error de concepción de origen: pensaron que iban a resolver todo con el uso de la fuerza y no es así. ¿Por qué no mejor pensar qué tipo de derechos te están reclamando en vez de aplicar la fuerza? No todo se resuelve desde la fuerza ni desde el derecho penal. 

–¿La mesa de diálogo a la que convocó puede ser el camino? 

–Creo que si hay una respuesta concreta sobre los derechos en juego, los reclamos se van a reducir. Si hay una escalada de violencia, también la vas a poder frenar en el momento en que empecés a dar respuestas. La comunidad solicitó la mesa de diálogo desde el primer día y nunca se conformó. 

–¿Cree que si el Estado nacional y provincial no hubiera aplicado la fuerza como única respuesta, Santiago Maldonado no habría muerto como consecuencia de una represión de la Gendarmería?

–Pienso que no existiría el caso Maldonado pero lamentablemente existe. Hicimos todo para que la escalada de violencia continúe. Y es el Estado el que debe actuar de manera diferente para evitar la retroalimentación del conflicto. No les podés pedir a los ciudadanos que están reclamando un derecho que frenen su petición. Si vos los combatís con el uso de la fuerza, la violencia continuará. 

@spremici