Un arco de organizaciones sociales cortó el Puente Pueyrredón, en una jornada de protesta que también incluyó piquetes en el interior del país. Los movimientos buscaron instalar así en las pantallas el problema del hambre. Denuncian que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, les cortó el diálogo en momentos en que el aumento de los precios de los alimentos pone más presión sobre los hogares con desocupados. Concluida la marcha, por la tarde, las agrupaciones informaron que pasaban a un cuarto intermedio porque debido a “la masividad y la contundencia del reclamo” Desarrollo Social finalmente accedió a atenderlos. 

Mientras las agrupaciones cortaban los accesos a la Ciudad de Buenos Aires (con bloqueos parciales en Liniers, en la Panamericana y la Autopista a La Plata), una marcha de los estatales de ATE Capital por paritarias chocó con la policía en la esquina de Callao y Corrientes. En esa mañana tensa, resultó claro que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dado esta vez la orden de no reprimir. En la mayoría de los lugares, la infantería permaneció cara a cara con los manifestantes, sin llegar a las escenas de violencia de las últimas movilizaciones.

  • Barajar y dar. En enero y febrero, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Stanley dio de baja un alto número de programas sociales a su cargo. Según los movimientos, 60 mil integrantes de las organizaciones dejaron de cobrar el salario social, que consiste en un auxilio de 6 mil pesos mensuales. Muchos fueron beneficiarios del Plan Haciendo Futuro.

Desarrollo Social realiza habitualmente controles para acreditar que los beneficiarios estén dentro del sistema educativo, es decir completando sus estudios. Esta es la contraprestación exigida en el esquema de asistencia de Cambiemos, que reemplazó así el desarrollo de proyectos productivos iniciados bajo el gobierno del kirchnerismo.

Los referentes sociales de los barrios se quejan, sin embargo, de que cuando presentan la documentación de estudios se topan con trabas burocráticas que hacen que los beneficiarios deban esperar un promedio de dos meses para volver a cobrar. En la gravedad de esta crisis, en un contexto de alta inflación, el lapso es insostenible para una familia con bajos ingresos.

Los cortes expresaron también un reclamo de alimentos, ya que la demanda en los comedores populares aumentó, pero se mantuvieron en la misma cantidad los recursos que los movimientos reciben del Estado.

Finalmente, las organizaciones más chicas, con menos poder de negociación, denuncian que el ministerio incumplió con la promesa de mayores cupos en los planes.

Todo el esquema habla de un giro en la política asignada por el gobierno nacional al ministerio encabezado por Stanley. Cambiemos tiene, sin dudas, un registro de la gravedad de la crisis, ya que decidió aumentar en un 46 por ciento  la Asignación Universal por Hijo (AUH); pero al mismo tiempo está recortando los recursos que distribuía a través de las organizaciones sociales, todas ellas parte de la oposición, ya sea por cercanía al peronismo o a la izquierda. El año electoral se está sintiendo.

  • Contra el modelo. “No hay política social que alcance con este programa económico”, resumió Gildo Onorato, de la CTEP, desde el corte en el Puente Pueyrredón.

Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, agregó que “la situación excede el recorte de los programas sociales” y advirtió que Cambiemos “va a dejar como herencia el hambre”.

Según los datos del Indec, en enero la canasta que define si una familia es pobre o no aumentó por encima de la inflación. Lo mismo ocurrió con la que determina quiénes son indigentes. Hoy un hogar formado por una pareja y un único hijo necesita 8420,65 pesos para no caer por debajo de la línea de indigencia, mientras que para no ser pobre se necesitan ingresos de 21.051 pesos al mes. Esto en el caso de tener un único hijo.

Centros de estudios como el Cifra, de la CTA, dieron a conocer sus números sobre el avance de la pobreza, que estimaron para el tercer trimestre de 2018 en el 28,2 por ciento de la población (mientras que en el mismo período de 2017 estaba en el 25 por ciento). Si se proyecta este porcentaje a nivel nacional, puede inferirse que el país tiene 12,6 millones de personas que viven en hogares cuyos ingresos con insuficientes para adquirir una canasta básica de consumo: un millón y medio más de personas en comparación con un año atrás.

  • Incidentes. El momento más tenso de la jornada se vivió en Callao y Corrientes, cuando la policía tiró gases lacrimógenos contra una manifestación de estatales de ATE Capital, quienes reclamaban ser convocados a las negociaciones paritarias por el gobierno porteño. Antes de este incidente, por la mañana temprano, los efectivos ya habían desalojado un primer intento de los militantes para cortar totalmente la avenida.