En medio de la campaña presidencial, el Gobierno busca relanzar el plan Procrear para facilitar el acceso a la casa propia, una idea que contrasta con la realidad que viven quienes ya accedieron al programa de créditos del Gobierno. Por un lado, la devaluación afectó de lleno en el poder de compra de los beneficiarios y, por el otro, se dispararon los montos a depositar durante los doce meses que estipulaba el plan. En ese marco, al menos 30 mil jóvenes tuvieron que abandonar el sueño de la casa propia. “Estamos indignados porque siguen abriendo nuevos planes y a nosotros nos dejan varados”, se quejó Romina Montoya, la vocera de Procrear Joven Resiste, un grupo que integran los 10 mil beneficiarios que todavía participan del plan. Ayer, junto con el colectivo Hipotecados UVA, se reunieron con diputados de la oposición para analizar la presentación de una Ley de Emergencia para dar una respuesta a los miles de afectados. El oficialismo no quiso participar.
Mientras la Secretaría de Vivienda anuncia un relanzamiento del plan para la construcción de viviendas sociales, miles de beneficiarios denuncian que el Procrear no es viable porque “las tasas siguen altísimas”, además de que no hay coherencia entre los requisitos exigidos y los bancos asociados. Adelantándose a las críticas del grupo, el Gobierno envió una comunicación formal con una serie de medidas, que los afectados consideran “totalmente insuficientes”. El grave problema con la línea de crédito que se presentará hoy y con la que fue ya sorteada en 2018 radica en que las UVA se siguen modificando a través de la inflación, que lejos está el Gobierno de controlar. “Se sigue impulsando esta línea crediticia que vemos que en la práctica tiene un perjuicio enorme y no se informa correctamente. La gente está de- sesperada porque quiere tener su casa propia, pero esa política pública a nosotros nos puso entre la espada y la pared”, subrayó a PáginaI12 Noelia Vacarini, de Hipotecados UVA.
El secretario de Vivienda, Ivan Kerr, envió un mail a los beneficiarios del Procrear para comunicarles que a partir del 25 de marzo el máximo de subsidios pasará de 16.800 a 18.000 UVAs, además de que se elevará el valor máximo de la propiedad a 90 mil. De acuerdo con los perjudicados, las decisiones no cambian el panorama porque siguen sin “poder acceder a nada” y “las viviendas siguen dolarizadas”. “El dólar está demasiado alto y lo que ya ahorramos no nos alcanza ni para comprar un monoambiente, a pesar de que cumplimos en absolutamente todo”, resaltó Montoya, quien pensaba adquirir una casa de 60 mil dólares, el monto que le prestaría el banco asociado, pero actualmente sólo le otorgan menos de 30 mil dólares.
El mensaje del equipo de Procrear coincide casualmente con el relanzamiento del plan, que según circuló busca revivir el crédito hipotecario con más subsidios para las cuotas y una baja de las tasas. Estas mínimas mejoras no abarcan a los ya afectados, a quienes se les ofreció migrar de su plan a otro, obligándolos a volver a participar del sorteo y a adquirir nuevas condiciones de préstamos. Al contrario, según Montoya, “hay mucha gente que se está dando de baja” porque el Gobierno ahora accedió a devolver todo lo ahorrado a los beneficiarios que decidan retirarse del plan. “Pero nosotros no queremos bajarnos, queremos tener nuestra casa.”
Que las UVA estén atadas al índice de inflación, que alcanzó el 47,6 por ciento en 2018, también afecta a quienes accedieron a créditos hipotecarios sin la intervención estatal. Muchas viviendas ya se están ejecutando en medio de la crisis porque quienes adquirieron a las líneas no pueden solventar las cuotas.
Los distintos espacios de la oposición presentaron proyectos para proteger a los prestamistas del ritmo inflacionario, pero ahora buscan avanzar en una iniciativa que incluya a todos los bloques unificados. Según pudo saber este diario, los diputados están hablando de convocar una sesión especial para debatir la problemática.
La iniciativa propone que, con efecto retroactivo, se determine que la UVA se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil. Por otro lado, establece la suspensión de las ejecuciones. “En un contexto en el que muchos de los hipotecados han sido despedidos de sus trabajos, la propuesta del índice retroactivo se explica porque el conflicto mayor se produce con la inflación del 47 por ciento de 2018”, puntualizó Vacarini.
Anteayer se reunieron con los distintos bloques en la Comisión de Defensa del Consumidor, de Diputados para debatir el impulso a la ley. “Los diputados consideraron que era una propuesta viable. Estamos en una emergencia, es necesario hacer algo en el corto plazo”, relató Vacarini, quien contó que ningún miembro del oficialismo se acercó a escuchar sus reclamos.
“El problema es que el crédito es impagable. La mayoría de los que lo tomaron entre 2016 y 2018 aconsejan al resto no hacerlo porque es una trampa”, le dijo a PáginaI12 la diputada de Unidad Ciudadana Mónica Macha, quien participó de la reunión con los autoconvocados. Para la legisladora, hacia el futuro “hay que cambiar de raíz el modo en que se calcula el crédito UVA porque en sí mismo favorece a los bancos y la especulación financiera”. “Si sus salarios acompañaran la inflación, se mantendría el valor adquisitivo. Pero eso no sucede y las familias están en una situación muy compleja”, amplió, al denunciar que “hay una decisión oficial de no hacer lugar a este pedido”.
