Luego de que por medios tucumanos trascendiera que un juez federal de la provincia habría ordenado que fuera llevada a declarar por la fuerza pública y que “no salga del país”, Susana Trimarco pidió la nulidad de esas actuaciones, supuestamente ordenadas en el marco de una causa en la que no fue convocada. Así lo detalló a este diario su abogado, José D’Antona, quien señaló que “como ella no está notificada de la citación, nunca debieron haber ocurrido ese supuesto pedido de paradero, supuesto pedido de captura, la supuesta medida sobre salida del país”. Procesalmente, no hay un plazo máximo establecido para que Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, responda la presentación, de la que también debe correrle vista al fiscal que habría pedido la averiguación de paradero, Gustavo Gómez, que subroga a su par Carlos Brito, con licencia por vacaciones.
“A Susana Trimarco no le llegó ninguna citación. De hecho, estas medidas de las que se enteró por la prensa serían la primera actividad procesal que hay en el expediente desde que se presentó la denuncia”, añadió el abogado D’Antona. El expediente al que refirió el letrado sería, de acuerdo con lo informado por medios tucumanos, el de la causa comenzada en marzo de 2016, tras una denuncia presentada por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por 5,6 millones de pesos girados por la Nación a la Fundación María de los Ángeles en diciembre de 2015. En marzo de 2016, cuando la instructora del ministerio, Mónica Marchisella, interpuso la denuncia, Trimarco señaló que esos fondos habían sido devueltos al Estado nacional. En septiembre de 2016, la actual candidata a gobernadora de Tucumán y todavía senadora provincial Silvia Elías de Pérez presentó una denuncia similar en la Oficina Anticorrupción, a cargo de la politóloga Laura Alonso. Este diario intentó infructuosamente comunicarse con el juez Bejas.
El 14 de marzo, luego de advertir en redes sociales posteos realizados por una cuenta que entonces todavía estaba identificada como propia del fiscal Gómez y en los que se aseguraba que el fiscal Brito había pedido la indagatoria de Trimarco, el abogado D’Antona y la madre de Marita Verón resolvieron que ella se pusiera a disposición de la Justicia. “Sin que hubiese una citación ni nada, al tuntún, porque no teníamos, ni tenemos, ningún tipo de notificación. Lo único que imaginamos que podía llegar a ser era la denuncia esta”, explicó el abogado que reside en Córdoba, la misma provincia donde Trimarco pasa parte del año por motivos familiares y donde se encuentra ahora. Por eso, en Tucumán, la abogada Beatriz Laguna Mendoza presentó un escrito en nombre de la directora de la Fundación María de los Ángeles. “Ese escrito explicaba que ella se presenta como abogada de la señora Susana Trimarco, que no se encuentra en Tucumán sino en Córdoba por razones personales y que dejaba asentado el domicilio de la Fundación, en San Miguel de Tucumán, para cualquier citación correspondiente. Además, explica que para lo que sea necesario en la causa pide quince días de anticipación atento a cuestiones personales”, habida cuenta de que se encuentra fuera de la provincia. La abogada reiteró el pedido dos veces, y una de ellas pidió tener acceso al expediente, pero el requerimiento le fue negado.
Según informaron medios tucumanos, el juez habría asignado policías a corroborar el domiclio de Trimarco a la casa de la calle Thames de la cual ella, tras un robo violento a la garita de los efectivos de gendarmería que la custodian, se mudó. “En Tucumán es público y notorio que ella no vive ahí hace rato y fijó otro domicilio”, señaló D’Antona.
En Córdoba, a fines de febrero, Trimarco sufrió un robo violento, por lo cual debió hacer “la relocalización por el tema de Micaela”, su nieta.
El diario tucumano La Gaceta publicó que, tras intentar sin éxito establecer el domicilio de Trimarco, el juez Bejas “ordenó a las fuerzas policiales que la busquen y la lleven al Juzgado para que sea indagada”. “Consultado telefónicamente, el magistrado añadió que había resuelto que Trimarco no salga del país hasta que cumpla la disposición anterior”, es decir, brindar declaración.
“Esto no es ajustado a derecho, pero las razones de que pase no las sabemos. La prensa tucumana se enteró antes de todas las incidencias, inclusive hasta del contenido del anterior escrito que presentó la abogada Laguna Mendoza”, observó el abogado.