• Es una rareza que un fiscal federal, a la sazón Carlos Stornelli, sea citado a prestar declaración indagatoria.
  • La negativa a presentarse ante el juez Alejo Ramos Padilla configura una violación de deberes sin precedentes. 
  • Carece de asidero que el fiscal hurte el cuerpo a su deber ciudadano aduciendo que Ramos Padilla es incompetente. Stornelli goza de derecho a plantearlo pero no a sustituir de facto y de prepo a la Cámara Federal que es la autoridad con potestades para resolverlo.
  • La térmica salta cuando el fiscal se niega a entregar el teléfono celular ante el requerimiento de Ramos Padilla.

En quinchos y reuniones reservadas se debaten cuestiones asombrosas. ¿Está facultado el juez para mandar detener al fiscal? ¿O para hacerlo comparecer a su juzgado por medio de la fuerza pública? Se trata de dos medidas extremas, más grave la primera. Este cronista opina que compelerlo a asistir a la audiencia sería lícito. 

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Las alas política y mediática de la coalición Cambiemos al principio ningunearon o difamaron al magistrado. Y decían lo menos posible (o nada) respecto de las rotundas pruebas que se iban acumulando. 

El bloque de Cambiemos quiso vaciar la presentación del juez en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados: pegó un faltazo. Los medios hegemónicos, en maniobra de pinzas, produjeron un apagón informativo. No transmitieron la sesión en vivo ni la divulgaron después.

El oscurecimiento no solo fracasó; funcionó como búmeran. Los canales, radios, diarios y redes que cubrieron y difundieron el acontecimiento atrajeron más público que aquel al que se vendaron los ojos y taparon los oídos.

El oficialismo cantó retruco. Promovió juicio político basado en causales endebles ante el Consejo de la Magistratura. Parece difícil que consiga las exigentes mayorías necesarias. En cambio, potenció la visibilidad de la causa. 

Periodistas de la cadena oficial de medios privados recalculan el discurso. Quedaron atrás las narrativas más ampulosas: Stornelli no conocía al polivalente Marcelo D’Alessio ni al empresario denunciante Pedro Etchebest. Luego se asumió que un poquito los conocía. O que se había reunido con el abogado trucho y servicial una, dos o cuatro veces, conforme corrían los días y se acumulaban evidencias.

Los periodistas que más lo defendieron rebuscaron expresiones atenuantes: el fiscal “pisó el palito” o “cometió traspiés”. La unanimidad defensiva comienza a fisurarse: un columnista de La Nación osó cuestionar en block el comportamiento del Gobierno.

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En Comodoro Py y la Casa Rosada comienza a discutirse, en serio y a los gritos, qué pasaría con la “causa de los cuadernos” si Stornelli diera un paso al costado. Como dijimos días atrás, sería la conducta adecuada si el hombre tuviera pundonor y probidad. No para confesarse culpable, nadie está forzado a hacerlo. Sí para evitar que su descrédito afecte al trámite del pleito.

El ala optimista de los asesores jurídicos oficialistas y sus académicos orgánicos ventea que un adiós inteligente de Stornelli (o un relevo dispuesto por su superioridad) no alteraría nada al trámite. Una perspectiva estática que refleja el primer momento: Stornelli no arrastraría automáticamente en su caída a las pruebas acumuladas ni retrogradaría el proceso.

Pero sí podría desencadenarse un efecto dominó de denuncias contra el fiscal que obtuvo “confesiones” y “arrepentimientos” bajo presión, violando garantías constitucionales. Las personas que están presas sin condena tendrían las mayores motivaciones. Aquellas que zafaron denunciando a terceros, quizás, se abstendrían. Sacaron “la sortija”, están en libertad por la que ya pagaron bastantes costos. Usamos la expresión “pagar costos” en sentido figurado…

Otro problema posible en ciernes sería la falta de registro grabado de confesiones y arrepentimientos. La ley procesal los exige explícitamente, a Stornelli se le chispoteó tamaño detalle. Una virtual intervención digna de alguno de sus pares o la revisión por instancias superiores comprobaría la flaqueza de las supuestas evidencias. El procurador general, Eduardo Casal, puede mitigar el riesgo si releva a Stornelli por otro fiscal macrista. Candidatos no le faltan. 

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En ese contexto el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, inauguró el martes un nuevo género: la autocrítica que excluye a quien la formula. Regañó a jueces, señaló la pérdida de legitimidad del Poder Judicial, propugnó medidas para controlar el desempeño de los demás magistrados (no el de la Corte). 

Los jueces de la servilleta no se dignaron asistir al acto. Tampoco el camarista federal Martín Irurzun que regentea las pinchaduras telefónicas. Casi en simultáneo con el sermón laico de Rosenkrantz se trasmitieron por radios y canales oficialistas escuchas de conversaciones privadas, sin autorización y sin mencionar la fuente de donde provienen. Una costumbre perversa, no aludida por el melifluo orador. Tampoco mencionó los encarcelamientos sin condena, plaga sobre la que se escurre de decidir.

Stornelli ocupa el centro de la escena, en un pésimo momento que lo pinta de cuerpo entero. Encarna un caso extremo de poder mal ejercido pero dista de ser una excepción.

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