El consejo directivo de la CGT confirmó, tal como lo había anticipado este diario, la realización de una marcha prevista para el próximo 4 de abril en defensa de la producción industrial y los puestos de trabajo. Sin embargo, es posible decir que se tratará de una marcha a medias porque partirá desde Plaza Once pero no llegará a Plaza de Mayo. La conducción cegetista, fiel a su estilo, decidió que la movilización culminará en la intersección de avenida de Mayo y la 9 de Julio. Sobre la posibilidad de convocar a un paro nacional nada dijeron. A pesar de ello, la movilización se prevé numerosa porque contará la participación de los sectores sindicales que rompieron con la conducción de la CGT. Por caso, ayer los más 70 gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) ratificó su participación de la marcha y serán los gremios que ese día reclamarán la convocatoria a un paro.

Por si acaso, la CGT no tiene previsto un escenario y mucho menos discursos. No vaya a ser cosa que ocurra como en aquella marcha del 7 de marzo de 2017 cuando los manifestantes sindicales le reclamaban al entonces triunvirato la definición de la fecha de un paro y ante la falta de respuesta, la conducción cegetista tuvo que huir bajo una andanada de insultos y eran víctimas del robo del atril.

Al término del encuentro, el primero en lo que va el año, la dupla que conduce la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, dieron una conferencia de prensa donde anunciaron la movilización. Daer rechazó “la política económica y los nuevos índices oficiales de desempleo y de caída industrial” que, en definitiva, es el disparador de la marcha que promovieron los gremios del sector industrial. Sin embargo, ante la consulta sobre la posibilidad de recurrir a una medida de acción directa, el dirigente de sanidad indicó que lo que se precisa es “otro gobierno para modificar el actual modelo” y por eso aseguró que es necesario que el peronismo se una para triunfar en las elecciones de octubre. En ese sentido afirmó que el país debe ser “productivo, generar empleo y valor agregado” y por eso es preciso que el 27 de octubre próximo se elija a “un nuevo gobierno para modificar de cuajo el actual rumbo político-económico” de la Argentina. 

Ante la insistencia periodística, Daer dijo que la CGT siempre tiene en el menú de opciones la posibilidad de llamar a un paro general, algo que dice a menudo, pero no avanzó más allá. Es más, para salir de ese atolladero, Daer indicó que “el país requiere otra mirada para emerger de la actual situación y, por lo mismo, la central obrera reclama unidad al peronismo”.

Ni Daer ni Acuña dieron alguna pista sobre sus preferencias electorales. Acuña indicó que eso es una definición que deberá realizar cada organización sindical. Por caso, Acuña –que responde al gastronómico Luis Barrionuevo– ya decidió respaldar al ex ministro Roberto Lavagna.

El tema a definir de la movilización será la tensión que existe entre los gremios que son parte de la conducción cegetistas y aquellos que se fueron del consejo directivo y que integran organizaciones como la del FSMN. El Frente Sindical –que también participará de la marcha del 24 de marzo– llegará ese día a reclamar la convocatoria a un paro general. Si bien Moyano y Daer comparten la mesa de acción política del peronismo, lo cierto es que muchas veces y al calor de una marcha callejera, reaparecen las diferencias y es probable que estos sindicatos le reclamen con firmeza la convocatoria a una medida de acción directa.

Más allá esos detalles, el encuentro de ayer fue el primero en lo que va del año. Durante la reunión analizaron borradores de proyectos de ley que les acercó el gobierno nacional y que en su momento formaron parte de la conversada reforma laboral. Uno de ellos es el de blanqueo de trabajadores con hasta cinco años de retroactividad para el empleado sin registrar. Ese texto lo consideraron importante pero estratégico es el que crea la Agencia de Tecnología Médica. Los sindicatos la reclaman para que las obras sociales no sigan financiando tratamientos de alto costo para enfermedades poco comunes y que tienen que asumir luego de que los afiliados reclaman judicialmente. Pero lo que más ansían los dirigentes gremiales es que el Poder Ejecutivo destrabe los fondos correspondientes a las obras sociales sindicales. Daer aseguró que “se analizan expedientes por 1560 millones de pesos, aunque en realidad ya ingresaron 10 mil millones pagados por las obras sociales”.