En el último año se perdieron 200.000 puestos de trabajo en el sector formal, lo que incluye a monotributistas, empleados públicos, asalariados y personal doméstico. Se trata de la primera caída desde 2012, cuando se inició la serie estadística de empleo privado que aglutina a todos estos segmentos. La anterior etapa de destrucción laboral de empleos registrados fue en 2016, pero resultó solapada por el crecimiento de monotributistas a partir de la incorporación de la asignación familiar a esos beneficios, lo que generó una inscripción masiva a ese esquema. La situación no avizora un cambio en la tendencia. La encuesta oficial del Ministerio de Producción y Trabajo da cuenta de que el 58 por ciento del empresariado anticipa una reducción de sus plantillas laborales este cuatrimestre. “Otro factor que vemos es el crecimiento exponencial de los acuerdos colectivos con inclusión de cláusulas de procedimiento preventivo de crisis”, explicó a este diario el especialista laboral Diego Schleser. 

“Estamos en una situación en la cual el impacto de la crisis económica está pegando de lleno en el mercado laboral. Esto es preocupante porque desde 2012 este universo de trabajadores no había mostrado variaciones negativas sostenidas en las fases contractivas”, señala el investigador. Otra señal de alerta es que el proceso de destrucción se concentró en los puestos de trabajo de menor calificación, lo que implica que la contracción de la actividad económica está impactando con distinta intensidad en los diferentes segmentos de la estructura ocupacional, profundizando así la inequidad de ingreso. 

Según un relevamiento bajo su coordinación, entre enero y diciembre del año pasado, 200 mil trabajadores perdieron sus puestos de trabajo registrados en el total del país. En los años anteriores, incluso con la fase recesiva de 2016, había crecido: 432.000 puestos en 2013, 126.000 en 2014, 214.000 en 2015, 110.000 en 2016 (por aumento de inscriptos al monotributo) y 266.000 en 2017. “La contracción del año pasado se produjo principalmente por la dinámica negativa del empleo asalariado registrado en compañías privadas. En ese marco, las empresas contabilizaron 126 mil trabajadores asalariados menos, explicando el 63 por ciento del total en el período”, detalló Schleser. 

La cantidad de asalariados registrados privados per cápita actual es menor a la observada en 2010, mientras que los trabajadores que todavía mantienen sus puestos sufren una importante flexibilización de las condiciones laborales. Desde el gobierno nacional destacan que se haya incluido en las negociaciones colectivas de trabajo cláusulas de productividad. “Sin embargo, el porcentaje de acuerdos con esas cláusulas es similar al que se exhibía en 2015. Lo que sí creció fueron los convenios con cláusula de crisis, que implica que se negocian despidos, adelanto de vacaciones y reducción de horas”, reveló el especialista.

En este marco, el Gobierno avanza de facto en una flexibilización laboral por empresa y sector. “Es una película que vimos muchas veces. Siempre la crisis del mercado del trabajo es utilizada como excusa para avanzar en los derechos laborales, que es un anhelo eterno del sector empresario”, advirtió el abogado laboralista Luis Ramírez a PáginaI12. “Lo que ratifica esta situación es que el tema del empleo pretende hacer pasar un intento reformista como generador de puestos de trabajo, cuando eso deriva de expectativas de empresas en la macro y microeconomía”, explica el abogado con más de media década especializado en materia laboral. “Esto comenzó en los ’70, se intensificó en los ’90. El gobierno de la Alianza siguió por el mismo camino y explotó con la crisis de 2001-2002. Ahora volvemos a las mismas prácticas. Lo que se ha buscado hasta ahora son atajos para imponer la reforma laboral”, agregó. El caso testigo fue en el sector textil, donde se buscó, sin éxito, avanzar en una reforma flexibilizadora. “Con los procedimientos preventivos de crisis se relajan los controles, pero requiere de un acuerdo previo con los gremios, lo que pone cierto freno”, concluye Ramírez. 

Las cláusulas de crisis también habilitaron el año pasado una mayor caída del salario real. Más de la mitad de los convenios evaluados en el citado informe presentó una pérdida del salario real superior al 7 por ciento y una gran disparidad por sector en términos nominales. Entre los convenios que acordaron aumentos más bajos (25 por ciento) y el que negoció la pauta mayor (51 por ciento), se contabiliza una diferencia de 26 puntos porcentuales.