Vamos a marchar por Liliana hasta que los pies se nos vuelvan un solo callo. Estamos para nosotras, por todes, por las que no pueden hablar.  En las villas, luchando juntas contra la violencias y el patriarcado. Reunidas por el dolor y por la fuerza de sentirnos organizadas. Vamos a difundir el horror de este femicidio por todo el barrio. Que nadie se esconda ni dé vuelta la cara. Para que se sepa lo que un asesino hizo con la vida y el cuerpo de nuestra compañera. Y presionar hasta que haya Justicia. Si quieren silenciar a una bramaremos todas. ¡Ya nadie va a mirar para un costado porque no lo vamos a permitir! 

Como un grito global expandido durante una semana, desde este martes y hasta hoy las asambleas de mujeres y disidencias en la Villa 31 proclaman definiciones centrales por el femicidio de Liliana González, descuartizada en doce partes, separada de sus dos hijos por la familia del progenitor y principal sospechoso del crimen, Waldo Servian Riquelme, que al cierre de esta edición se encontraba prófugo. Huyó con lo puesto y abandonando el hogar que compartían en la casa 108 de la manzana 110, escenario aún bañado en sangre. Lily, de nacionalidad paraguaya, se estaba separando y se empoderaba en los espacios de género del Movimiento Popular La Dignidad. Solía vender cosméticos a muchas de las mujeres y travestis de Villa 31 que esta semana decidieron convertir el territorio de horror en posta revolucionaria de lucha. El colectivo La Poderosa fue uno de los primeros en arrojar alguna luz. “Liliana González, quien vivía en la Villa 31 y hacía quince años había llegado a la Argentina desde Paraguay, tenía 37 años y dos hijos, de 13 y 8, y había denunciado a su pareja por episodios de violencia de género en la comisaría 2ª de la Policía de la Ciudad. El Estado no se enteró y no hizo nada para salvarla”. El miércoles, organizaciones sociales, feministas y vecinxs volvieron a recorrer en caravana las manzanas del barrio para visibilizar la tragedia y manifestar hoy frente la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 14 de Andrés Madea, a cargo del caso. “Nos encontramos en asamblea, reunidxs por el dolor y también por la fuerza de sabernos juntxs y organizadxs”, advirtió el colectivo Ni Una Menos-Vivas Nos Queremos, en un comunicado. El martes, frente al local donde asisten y acompañan las cuidadoras comunitarias de la CTEP, la indignación arracimó testimonios, tramó alianzas para establecer nuevas estrategias de defensa y autocuidados. Se arengó entre lágrimas, se sostuvieron unas a otras, los puños en alto, las palmas curtidas sobre los hombros de Edgar Suárez Ayala, el hermano de Liliana, recién llegado de Misiones para reconocerla por los pies, la única porción de piel y carne que le resultó familiar. Y los aullidos de dolor volvieron a quemar el aire. ¡Las migrantes villeras de Retiro Villa 31 y 31 Bis decimos basta de femicidios! 

“Esa familia no me avisó de lo que estaba pasando. No caí hasta ver el cuerpo. No sabía qué hacer”, relató Edgar abrumado. “Lo que más me conmueve es la falta de humanidad (de los Servian Riquelme). Los vecinos les dijeron llamen a la mamá, al hermano, pero no tuvieron corazón para decirle a alguien que me contactara. Y tuve la noticia por televisión. Ellos esperaron a que él pasara la frontera. El infeliz planeó todo, porque el viernes llevó a las criaturas a la casa de su hermano. Después regresó y mató a mi hermana. Luego escapó hacia Paraguay. Quiero encontrar a los chicos. Todos vamos a ir por Liliana, pero ahora voy por los chicos.” Peligroso. Asesino. Así lo definió Luci Ayala, la madre de Liliana, desde Alto Paraná, donde reside. “Este es el que mató a mi hija y su mamá y hermanas cómplices no se merecen tener a mis nietos. Son todos asesinos”, posteó desesperada. La última vez que habló con su hija fue el viernes 15. Jamás volvieron a atender sus llamadas. En la primera asamblea, Marina, referente de la Ctep, anunció presencia permanente en las calles, en los pasillos y en las casas. “Recogiendo la memoria de la compañera y levantando la bandera de Liliana porque no nos pueden seguir matando de esta manera. Los medios de comunicación estigmatizan a las villeras y los villeros metiendo el tema de la inseguridad, y ésa es otra forma de darle impunidad a lo que sufrió Liliana. Esto es un femicidio y debemos pensar maneras de salir y acompañar a la familia en la búsqueda de los pibes y de Justicia. Uniendo esas doce partes en que ese hijo de mil yuta la cortó.” 

Mujeres de La Dignidad pidieron el miércoles que todas las villas se alcen para terminar con la violencia machista. Las letras se apretaron insuficientes en otro comunicado. “Nos vuelve a invadir el dolor y la bronca, nos toca despedir a Liliana, la mataron brutalmente (…) Liliana sufría la violencia machista, denunció, pero la pobreza que castiga en nuestros barrios y la falta de políticas públicas y recursos para contener a las víctimas hicieron que no pudiera librarse de su agresor. Hoy lloramos su pérdida pero no bajamos los brazos, en medio del dolor transformamos la bronca y nos organizamos para pedir justicia. Liliana era mujer, pobre, migrante y villera, y probablemente, como tantas otras que perdimos, no sea tapa en los diarios, por eso necesitamos gritar con todas nuestras fuerzas, para que nos vean, para que dejen de mirar para el costado.” 

Carolina Balog, de Somos, una de las agrupaciones que conforman la red de Justicia Por Liliana, advirtió sobre la necesidad de no observarlo como un caso aislado. “Es una consecuencia del sistema patriarcal que mantiene una relación de dominancia. No fue un homicidio como dicen algunos medios sino un femicidio, una demostración de dominación en la cual el hombre se cree dueño del cuerpo de la mujer y puede hacer lo que quiera con éste.” Ninguna está dispuesta a permitir el derrame morboso de lo macabro. “Nos enfocamos en exigir que el autor de este femicidio dé la cara y se ponga a disposición de la Justicia. Lo que más enfurece es que se haya fugado casi con la complicidad familiar. Pero nos preocupa es el bienestar de los hijos de Liliana, que deben permanecer lejos de esa familia que de alguna manera se volvió cómplice.” Vecina del barrio San Martín en la Villa 31, integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa, y de la Asociación Indígena de la República Argentina, Sabina Paricanaza Alvarez, es una de las activistas que propuso instar a la Justicia a que la familia materna obtenga el resguardo de los niños. “Que arbitre los medios más urgentes para dar calma a la familia de Liliana. Y hagamos hincapié en que nos hace falta asimilar un proceso de educación para desterrar el patriarcado y el machismo de nuestra cultura. Como mujer indígena observo con espanto la violencia que desata esta cultura occidental del capitalismo voraz, generadora y perpetuadora de esa violencia. Pero es responsabilidad del Estado contribuir a lograr el cambio que se busca.”

Paxsi Roque, abogada de la Red Pro.Te.Ge y la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) en la Villa 31, da esas batallas hace más de diez años. “Hoy peleamos por que los medios visibilicen el femicidio de una mujer villera, que le den la misma importancia que a otros casos y que no estigmaticen. Ningún cuerpo vale menos que otro.” Desde la Red Feminista de la Villa 31, donde  organiza acciones que ponen al barrio en estado de rebelión permanente intenta abrazar el resguardo de mujeres y niñxs. “Tendemos redes de contención para una problemática que es estructural. Hoy se trata del femicidio de Liliana, pero hace rato que nos están matando, y en un barrio de 60 mil habitantes como éste, duele que los femicidios no sean visibles. Por eso debemos construir alianzas en asambleas cada vez más grandes. Desde el miércoles, más de doscientas mujeres nos estamos juntando para hablar de situaciones de violencia que no vamos a aceptar.”   

Ansía que la Asamblea de Justicia por Liliana sostenga las mismas transversalidades que atravesaron los armados de cada 3 de Junio por Ni Una Menos y del Paro de Mujeres, lesbianas, trans y travestis del 8 de Marzo. “Nos modificaron nuestras miradas. Antes las organizaciones no se hacían eco de las problemáticas de géneros que franqueamos con nuestros cuerpos de mujeres y disidencias en los territorios. Nuestro feminismo es cotidiano acompañándonos entre nosotrxs, saliendo a comprar al almacén, yendo a dejar a lxs pibes en el micro. Pero el patriarcado está enquistado en la sociedad y genera privilegios de hombres respecto de mujeres. Por eso en la tragedia de Liliana como en tantos casos de violencias, nuestro punto de partida debe ser el tejido de alianzas con compañeras y vecinas incluso al margen de las organizaciones sociales, porque estamos construyendo algo diferente, haciéndonos eco de reclamos puntuales. Antes en la 31 no se hablaba, hoy es cosa de todos los días.”

¿Cuántas consultas reciben en los programas institucionales que funcionan en el territorio?

–Sólo en Atajo recibimos entre diez y doce mujeres por día para asesoramiento, denuncias y acompañamiento. Es fundamental la presencia de abogadxs y psicólogxs con perspectiva de género. El sistema jurídico es muy excluyente en la escucha y en el fortalecimiento  para que a la hora de denunciar las mujeres puedan estar más preparadas y empoderadas. Sobre todo las migrantes. Sucede algo increíble cuando una mujer migrante es contenida y comienza a tejer confianza: desnaturaliza la cuestión de las violencias. A partir del crimen de Daiana Colque en 2017 a manos de su pareja, logramos incorporar la palabra femicidio en el lenguaje del barrio.

Ese hambre de reclamo volvió a quedar expuesto en las asambleas por Liliana.

–¡Son espacios de lucha donde nos conocemos todxs! Salieron muchas vecinas porque no vamos a tolerar más estos episodios. En la asamblea se pudo dar cuenta de qué nos mueve. Los hombres del barrio también tienen que deconstruirse y revisar sus privilegios. Estas formas de entender  generan a la vez otras formas de crianza para nuestras vecinas. Formas políticas partidarias que trascienden las fragmentaciones de las organizaciones. Es decir, trascienden mezquindades.