“¡Los afiches son nuestros! ¡Son unos vivos, ustedes!”, les gritó la concejala de Cambiemos Claudia Acevedo a los militantes de HIJOS-Paraná mientras arrancaba con furia los carteles de la convocatoria a la marcha por los 43 años de la dictadura cívico-militar. El problema para Acevedo fue que tapaban un enorme afiche con la cara su esposo, el intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, que busca su reelección y que debe enfrentar un juicio oral por narcotráfico. Incluso el jefe comunal presenció el episodio desde el asiento del acompañante del auto en el que viajaba. Todo quedó registrado en un video que filmó el militante de HIJOS, Emiliano Tomé Piérola, quien además denunció que el miércoles los carteles de la Multisectorial de Derechos Humanos aparecieron cubiertos por afiches de campaña de Varisco.
“A 43 años del golpe genocida marchamos por la patria que soñamos contra la miseria planificada”, rezaba la convocatoria de los organismos de derechos humanos que hicieron que la concejala Acevedo detuviera el auto en el que viajaba junto al intendente y en plena zona céntrica de la ciudad los arrancara y tirara al piso. “¡Lo pagamos nosotros!”, les apuntó la esposa del intendente a Emiliano y otra militante en queja de que estaban tapando a su marido.
“Fue una situación violenta de tensión. Nosotros vimos bajar de un auto a una mujer enojada, diciendo que estábamos pegando arriba de sus afiches y los tiraba al piso y los rompía”, describió Tomé Piérola a PáginaI12, y agregó que en un primer momento no reconoció a la concejala, hasta que al virar con la cámara de su celular hacia el auto se encontró con Varisco en el asiento de acompañante saludando para la filmación. “Un intendente muy democrático”, le replicó el integrante de HIJOS. Por caso, el jefe comunal, denunciaron los organismos de derechos humanos de Paraná, tiene como secretario de Legal y Técnica a Walter Rolandelli y como abogado a Miguel Ángel Cullen. Ambos fueron defensores de los médicos Miguel Torrealday y Jorge Eduardo Rossi, que fueron los primeros civiles en ser condenados por delitos de lesa humanidad.
