La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, encabezó la presentación del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Cámara de Diputados, una propuesta que busca instalar la defensa de los derechos humanos y de las políticas de memoria en el debate electoral, a partir de la generación de consensos en torno de la defensa de las conquistas que en la materia se han construido y conseguido en las últimas dos décadas. “Les transmitimos a ustedes, a los parlamentarios, a la gente que tiene dudas todavía de que esto es bueno para la humanidad y justamente si estamos dejando la vida, es para que los jóvenes de hoy, los niños del mañana no sufran lo que sufrieron nuestros hijos, de ser asesinados por querer justicia social”, dijo Carlotto durante la presentación.

La iniciativa busca intensificar y expandir políticas que garanticen la continuidad así como el fortalecimiento de los trabajos relacionados con la preservación de la memoria y la verdad acerca de los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura.

El coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, destacó la necesidad de difusión de la búsqueda de Abuelas y que el Congreso reconozca el interés publico de encontrar a los nietos apropiados, por fuera de la discrecionalidad de las autoridades de turno. “El objetivo es tratar de que las políticas que se vienen desarrollando hace más de 15 años tengan un respaldo del Congreso mejorando algunas de las herramientas que ya existen y creando otras para hacer frente a nuevos desafíos”, apuntó Iud. 

En ese sentido, es fundamental la construcción de acuerdos transversales a todos los sectores políticos y sociales, subrayó Horacio Pietragalla, uno de los diputados que participaron de la presentación. Daniel Arroyo, Daniel Lipovetzky, Brenda Austin y Cecilia Moreau fueron algunos de los otros, oficialistas y opositores. 

Las Abuelas subrayaron que el anteproyecto contempla “institucionalizar” algunas conquistas logradas por el movimiento de los derechos humanos y la sociedad civil, así como “revertir medidas regresivas en la materia”, registradas en los últimos años. 

La diputada Moreau afirmó que la ley de Fortalecimiento es “absolutamente necesaria” y “representa un paso adelante”. “Los que quieren reescribir la historia quieren que nos olvidemos lo que pasó”, señaló. En la misma línea se pronunció el diputado Arroyo: afirmó que “esta ley puede ser un hito, un cuerpo que va a establecer una bisagra, y no veo quién puede estar en contra, tenemos que hacer mucha fuerza para que pueda ser aprobada”.

“Son evidentes algunos retrocesos implementados por el Ejecutivo de 2015 para acá y en ese sentido no nos sorprendió, por ejemplo, que el Gobierno no impulsara con el mismo ahínco que años atrás las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que sí fue más grande de lo que esperábamos fue el brote negacionista, pero también fue muy importante la resistencia de toda la sociedad. Y este proyecto se inscribe en ese proceso”, apuntó Iud.

La propuesta, que nació en el seno del organismo dirigido por Carlotto abarca diferentes líneas de acción a lo largo de nueve capítulos y más de ochenta artículos. Algunos están vinculadas con la protección de la memoria a través de aquellos programas e instituciones que tienen a ese objetivo entre sus razones de ser. El Archivo Nacional que funciona en la espacio recuperado de la ESMA y el Programa Educación y Memoria, creado dentro del Ministerio de Educación, son algunos de los que reciben especial atención frente al crecimiento del negacionismo. Otro de los frentes de protección es el Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), a partir de la propuesta de ampliar su competencia para que pueda abordar, como un caso de discriminación, actitudes negacionistas. 

En cuanto al proceso de Justicia, la propuesta apunta a garantizar la celeridad de los juicios y el fin de las detenciones de privilegio, entre prisiones domiciliarias y espacios de encierro “especiales” para represores.