“Cuando salí con mi hijo Kevin (Molina) en brazos, con un disparo en la cabeza, tuve que caminar sobre una alfombra de vainas”. Roxana Benega describió de esa forma el escenario que rodeaba a su casa, en la Villa 21-24 de Barracas, luego de más de tres horas de “balacera”, como consecuencia de un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes. La mujer, con notable entereza, declaró en la segunda causa en la que se analiza el homicidio de Kevin, de 9 años, en este caso para establecer la responsabilidad que le cabe al oficial de la Prefectura Daniel Andrés Stolfd, quien concurrió muy temprano al lugar del hecho, alertado por nueve desesperados llamados de vecinos del barrio al 911. Fueron dos los móviles, pero ninguno de los siete agentes que iban en ellos intervino para ponerle fin al tiroteo. Si lo hubieran hecho, Kevin tendría hoy 15 años. “Ese día hacía frío y lloviznaba, pero no tan fuerte como para decir, como dijeron los prefectos, que no escucharon los tiros” por el ruido de la lluvia.

Ese 7 de septiembre de 2013, el enfrentamiento entre las bandas comenzó antes de las 7 y siguió hasta las 10, sin que las fuerzas de Prefectura y Gendarmería, cuyos puestos de vigilancia estaban a 100 y 150 metros, interviniera para poner fin a una pelea en la cual se hicieron 105 disparos de armas de guerra, de acuerdo con las vainas servidas que se encontraron horas después, cuando Kevin ya había fallecido en el Hospital Penna. La mamá recordó que una vecina repitió ante ella una frase que escuchó en boca de uno de los prefectos, cuando todavía se escuchaban los balazos: “Dejemos que se maten entre ellos y después vamos a buscar los muertos”. El único que murió fue Kevin, que fue llevado al hospital en el remís de un vecino.

Daniel Stolfd es el único imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luciano Ortíz Almonacid, el abogado que representa a la familia de Kevin, considera que por no haber intervenido como era su deber, no sólo Stolfd, todos los que “debieron hacerlo”, serían partícipes necesarios del crimen o cuando menos ser acusados de homicidio culposo.

Roxana Benega explicó en el juicio que en ese momento ella vivía, con sus hijos y su marido, en un monoambiente de seis por seis, dividido por cortinas. Sus hijos dormían en camas tipo cucheta y cuando empezaron los disparos, Kevin estaba dormido. El enfrentamiento era entre un grupo que ocupaba una casa ubicada a pocos metros de la de su familia y otro que estaba sobre el pasillo que separa los dos inmuebles. Ella hizo tirar al suelo a sus hijos, a los que cubrió con frazadas y colchones, para tratar de ponerlos a resguardo. Al despertarse, Kevin dijo sus últimas palabras: “Qué suerte que no le pegaron (los balazos) a los parlantes”, que eran de uno de sus hermanos. El chico se escondió debajo de una mesa, mientras su mamá iba al baño. “Cuando volví, me agaché para ver cómo estaba Kevin y ahí me di cuenta que se estaba ahogando con su propia sangre”, herido en la cabeza por una bala calibre 9 milímetros.

La casa donde se refugiaba uno de los dos grupos había sido allanada por las fuerzas de seguridad meses antes del tiroteo, por una denuncia por venta de estupefacientes. “Tenía un cartel que decía ‘kiosco’, pero no había mercadería”, como comprobó ella un día que fue al lugar con la cándida intención de comprar azúcar. Tras ese allanamiento, el “kiosco” fue clausurado, pero no dejaron a ningún prefecto de custodia. Uno de los grupos narcos volvió a ocuparlo y el otro grupo fue a al enfrentamiento para tratar de quitárselo a sus rivales. Recién pusieron custodia en el “kiosco” después del homicidio del chico de 9 años.

Luego de la muerte de Kevin, la familia no pudo volver a su casa por 48 horas, por decisión de las autoridades a cargo de la investigación y en la vivienda las fuerzas de seguridad realizaron peritajes y otras diligencias. “Cuando volvimos, encontramos todo revuelto y habían desaparecido 100 pesos y dos celulares”. Una de las pocas preguntas que hizo la defensa del prefecto fue para que Roxana respondiera si en su casa “tenían armas”, algo que ella negó y que, además, ya está probado en las dos causas abiertas por el mismo caso. Después de la muerte de Kevin, los cuatro hijos varones que le quedan a la mujer han sufrido “golpes, amenazas y malos tratos por parte de personal de la Prefectura”. En una ocasión, como sus hijos se negaron a identificarse cuando estaban a pocos pasos de su vivienda “hubo un operativo y fueron rodeados por 30 o 40 prefectos”. La mujer consideró que “todo esto es algo que tiene que ver con la denuncia que hicimos contra ellos por lo que pasó con Kevin”. 

La audiencia se realizó en el despacho del juez Edmundo Rabbione, en un ámbito amplio si se lo analiza como lugar de trabajo de un magistrado, pero exiguo a la hora de realizar un debate oral y público. En un cuarto intermedio, Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa y padrino de Kevin, tuvo un tenso encuentro con el prefecto Stolfd, quien tiene dos hijos. El varón tiene 15 años, la misma edad que tendría hoy el chico asesinado. Levy le dijo: “En cada cumpleaños de tu hijo, te vas a acordar de Kevin”. 

En el primer juicio por el asesinato de Kevin Molina fueron condenados a siete años de cárcel Milcíades Vázquez Quiroga y Francisco Colman, dos integrantes de los dos grupos que se enfrentaron a tiros.