Cuando aún no se habían apagado los ecos de las consignas negacionistas del ex carapintada Juan José Gómez Centurión y de la tentativa fallida de menoscabar el feriado nacional del 24 de marzo, el Poder Ejecutivo presentó a la Organización de Estados Americanos la candidatura como comisionado interamericano de Derechos Humanos de un miembro del Opus Dei cuyo principal antecedente en la materia fue como abogado defensor de un alto jefe de inteligencia del Ejército, procesado por secuestros y torturas. El gobierno nacional manifiesta así sus profundas convicciones en una temática que el propio Macrì definió con la elegante palabra “curro”. Pero es opinable si procede con la liviandad de quien no calcula las consecuencias de sus actos o si por el contrario, ha encontrado una alambicada manera de taponar la agenda con asuntos que interesan a una minoría intensa, para restarle espacio a otros que conciernen a la vasta mayoría y en los que el gobierno sólo tiene anuncios antipáticos que hacer, según la definición presidencial al comunicar el último aumento de tarifas de electricidad. En un inusual reportaje, el principal asesor del presidente Maurizio Macrì, José Torello, dijo que “por suerte nos subestiman. Creen que somos tontos”. Pero aún sin ese error, lleva tiempo y esfuerzo discernir tema por tema si son o se hacen.

Del otro lado

La Cancillería notificó a la CIDH la elevación de la candidatura para integrarla del abogado mendocino Carlos Horacio de Casas. Es más probable que se genere un nuevo apasionado debate a que su postulación culmine con éxito. Si bien los candidatos son propuestos por los Estados, una vez electos por el voto de los países que integran la OEA en la Asamblea General se desempeñan en forma personal como miembros independientes, por lo que en su designación se toman muy en cuenta las características personales. Las de Carlos Horacio de Casas no son las más apropiadas para el puesto. Abogado penalista, su curriculum oficial en la página del estudio EDPB, no incluye un solo ítem vinculado con los Derechos Humanos. Egresado de la Universidad Nacional del Litoral en 1977 y de la Escuela de Negocios de la Universidad privada Adolfo Ibáñez de Chile, en 1997, fue director de Asuntos Penales y abogado de la Asesoría de Gobierno del gobierno radical mendocino de Santiago Llaver y apoderado en Mendoza del Banco Central. Como docente en universidades privadas, ha enseñado derecho penal, un posgrado de especialización para abogados de empresas y una Maestría en Derecho Empresario.

Su vinculación más notoria con los Derechos Humanos fue desde el otro lado del mostrador, como defensor del oficial del Ejército Enrique Gómez Saa. En noviembre de 2013, De Casas consiguió la suspensión del juicio en el que su cliente estaba procesado por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de tres personas en la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8, en 1976. Para suspender el juicio, De Casas alegó que horas antes de la audiencia Gómez Saa había padecido un repentino estado confusional. Los abogados y familiares de las víctimas denunciaron constantes maniobras dilatorias. Una de sus víctimas, Roberto Vélez, dijo que otra vez Gómez Saá pidió autorización para viajar a Chile por razones de salud, pero en realidad se fue de vacaciones. “Perteneció al núcleo duro de la represión en Mendoza, ya que fue el segundo Jefe de Inteligencia después de Orlando Dopazo, responsable de todo el proceso represivo en la provincia de Mendoza, el que posibilitó la desaparición, tortura y muerte de centenares de ciudadanos”, añadió. El abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas, recordó al tribunal que ya dos veces antes Gómez Saa había prorrogado el inicio del debate. Entre otras articulaciones defensistas, De Casas recusó al juez del Tribunal Oral Juan González Macías, uno de los pocos que ya en 1987 declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida, aduciendo que había mencionado a su defendido en los fundamentos de la causa nº 076-M “Menendez”. En la recusación a González Macías, que el tribunal rechazó, De Casas objetó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la aplicación de la teoría de Klaus Roxín en los delitos cometidos por el Estado como aparato organizado de poder, la asociación ilícita y las agravantes. Esta es la opinión del abogado, contra la estructura de juzgamiento seguida en el país desde 1985, no la de su defendido. Gómez Saa eludió la condena, porque fue separado del juicio por demencia senil y hoy Salinas, quien está ternado para un tribunal oral, se ha convencido de que De Casas no es el peor candidato posible, aunque no parece que su revelación sea contagiosa. Menos cuando se conozca todo lo que sigue y que él no se preocupó por investigar, pese a que integra la red de abogados en causas de crímenes de lesa humanidad.

Una criatura de las cavernas

En su curso de actualización penal de 1993 en la privada Universidad de Mendoza, De Casas presentó un trabajo crítico sobre la ley nacional que desincriminó el desacato (consecuencia del caso que el autor de esta nota llevó a la CIDH) y la ley provincial que consagró el secreto profesional de los periodistas (en cuya redacción por el sindicato de prensa de Mendoza intervino el especialista en comunicación y libertad de expresión, Damian Loreti, quien pasado mañana expondrá en Costa Rica, como perito propuesto por la CIDH ante la Corte Interamericana en un caso de libertad de expresión del Perú). El trabajo de De Casas (http://www.um.edu.ar/ojs-new/index.php/RUM/article/download/50/69

16 Jun 1993) clama por límites a la libertad de expresión, con argumentos religiosos y citas del teólogo español Fernando Ocáriz Braña, a quien el papa Bergoglio acaba de designar como nuevo Prelado del Opus Dei. Para De Casas la derogación del desacato siguió “un criterio casi exclusivamente político”, porque se entiende que “el funcionario representa con su persona la jerarquía y el orden conforme con lo que se interpreta por principio de autoridad”. Critica al senador informante en el debate parlamentario, por decir que “el Estado no se halla legitimado para moralizar el lenguaje, para establecer el decoro, para fijar las normas de comportamiento social”. De esa forma se impediría al derecho penal “legislar, por ejemplo sobre exhibiciones obscenas o al Estado en general a denegar personería jurídica a los gays o prohibir los casamientos y las adopciones entre personas de un mismo sexo”. También fustiga a la cultura occidental, que identifica intolerancia y fanatismo, ya que “estamos ante cuestiones que afectan la esencia misma del Derecho. La condición del hombre como criatura nos hace descubrir que el fundamento último de toda ley es Dios y en consecuencia, la ley natural. Por el contrario, con frecuencia se considera que el fundamento del Derecho es sólo la autoridad del Estado, estableciéndose un positivismo jurídico, teórico o práctico, en el que la justicia y la injusticia se definen intrínsecamente por la ley humana positiva”. Para el candidato de Macrì “sin Dios no hay moral y sin moral no hay Derecho, sino arbitrio, violencia y libertinaje. Por otra parte, cuando la libertad humana se ha querido absolutizar, prescindiendo de su dependencia a ese sentido trascendente del hombre, la libertad se ha tomado a sí misma como objeto: se ha convertido en una libertad vacía, libertad de la libertad, ley para sí misma. La libertad humana no es absoluta, sino relativa a una verdad y a un bien independiente de ella”.

También ataca “los argumentos esgrimidos para desincriminar el aborto”, cuando “la tolerancia no tiene porqué ser general”. De Casas cree que “en la ignorancia de esa distinción entre tolerancia y positiva autorización del mal, en la desconexión sin fundamento entre Derecho y Moral, se encuentra una de las raíces de la actual descomposición moral de tantas sociedades. Si la ley civil, por ejemplo, autoriza el aborto (atentado a la vida de un inocente particularmente indefenso) ¿con qué fundamento prohibirá el robo a mano armada? ¿Porque la mayoría así lo prefiere?”. Le parece admisible decirle coimero a un funcionario, pero no mulato, “aunque lo fuera” (sic). De Casas no oculta su irritación con la prensa que “suele arrogarse el rol de fiscal de la sociedad” e insta a no traspasar los límites después de los cuales la información se convierte en una provocación. “No puede haber libertad para los irresponsables”, sentencia. Se declara preocupado por la gente “de escaso nivel cultural, cuando tome conciencia de que puede faltar el respeto a la autoridad con mayor libertad” y opina que la derogación del desacato debería acompañarse al menos con un aumento de las penas para los delitos contra el honor y/o la revitalización de la antigua figura de difamación a personas jurídicas. “Al lastimarse injustamente el honor ajeno, se pierde el propio”, facilismo que no cabe sólo achacar a la prensa, ya que “un vistazo sociológico nos enseña que esa mala prensa, se dirige a una comunidad de baja cultura ávida de sensacionalismos”. Para De Casas “no queda claro si el periodismo ha enfermado a la sociedad o si ha ocurrido algo más o menos inverso. Son como culpas concurrentes”. En la conclusión afirma con Ocariz Braña “la urgencia de recuperar, en la conciencia de muchos, el reconocimiento de la unión entre verdad y libertad, precisamente para liberar a tantos que, buscando una libertad sin otra ley que sí misma, desvinculada de la verdad, se encuentran sujetos a la esclavitud de las propias pasiones y al arbitrio de cualquier viento”.

Banqueros del Opus y Nisman

De Casas ha presentado dos casos ante el Sistema Interamericano. El primero en 2004 conjuntamente con el abogado Carlos Varela Álvarez, quien sí tiene experiencia ante la CIDH y que en la década de 1990 fue el abogado defensor del traficante sirio de armas Monzer Al Kassar. Se trata del caso 12.553, de 2004, por violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a la libertad durante el proceso judicial, el derecho a ser oído en condiciones que garanticen el debido proceso y el derecho a un juicio justo e imparcial de los banqueros uruguayos del Opus Dei Jorge, José y Dante Peirano Basso, quienes fueron acusados por insolvencia societaria fraudulenta. El cuarto hermano, Juan Peirano Basso, se refugió en Estados Unidos, de donde fue extraditado al Uruguay. Por medio del Trade and Commerce Bank (TCB) de las Islas Caimán, los Peirano captaron ahorros millonarios de clientes paraguayos, argentinos y uruguayos, que transfirieron a otras empresas de su grupo Velox, que manejaba el Banco de Montevideo. Según cables de la embajada de Estados Unidos en Uruguay filtrados por WikiLeaks, la extradición de Juan Peirano fue “una gran historia de éxito contra la corrupción”. Es ilustrativo que el mismo gobierno que ignora la solicitud de los órganos supranacionales de protección a los derechos humanos de poner en libertad inmediata a Milagro Sala, por violaciones al debido proceso y ausencia de jueces independientes e imparciales, postule como comisionado a quien defendió ese derecho para tres poderosos banqueros. Que éste es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos no es novedoso. Que pretenda exportar su justicia de clase al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos parece excesivo, por decirlo con los términos de Gómez Centurión.

En 2015, De Casas volvió a la CIDH, esta vez en compañía de los abogados Lucas Gómez y Javier Teitelbaum y de su socio en el estudio, Ignacio A. Boulin Victoria, quien sí obtuvo un diploma en Derechos Humanos en la American University de Washington y fue pasante en la CIDH. Solicitaron medidas cautelares en resguardo de la vida de Damián Pachter, quien cerca de la medianoche del 18 de enero de 2015 informó en las redes sociales que el cuerpo sin vida del ex fiscal general Natalio A. Nisman había sido hallado en un charco de sangre en el baño de su departamento, cosa que había sucedido dos horas antes. Luego de ello viajó a Israel alegando que había sido amenazado. A ninguno de sus compañeros de trabajo en la web del diario Buenos Aires Herald le había hablado de la presunta amenaza. De Casas y sus copatrocinantes informaron a la CIDH que Patcher fue entrenado durante tres años por el Ejército israelí para “actuar en circunstancias extraordinarias”. A sus compañeros del Herald les dijo que había sido vocero de aquel Ejército. Pachter narró en el diario israelí “Haaretz” que el viernes 23 de enero de 2015 estaba trabajando en la redacción del Herald cuando un colega de la BBC “me dijo que mirara un cable de la agencia estatal de noticias sobre la muerte de Nisman”. Pero sus jefes y compañeros afirman que ese día ya no fue a trabajar. Agregó que en ese cable, Telam “citó un supuesto tuit mío que nunca escribí”, de lo que dedujo que se trataba de un mensaje en clave. Según replicó la agencia lo que nunca se escribió fue el presunto cable de Telam. El amigo que llamó a Pachter le indicó que fuera a Retiro para salir de la ciudad. Agregó que por suerte cuando llegó a la terminal estaba por salir un colectivo hacia un destino que se negó a revelar. “Después de varias horas en la ruta, llego a otra estación de colectivos, donde estuve un par de horas. Eso se convirtió en un gran error: creo que ahí fue donde alguien comenzó a observarme”. Para salir de ese lugar su amigo le dijo que lo esperara en una estación de servicio. Luego de dos horas “entró una persona muy extraña. Tenía jeans, una campera de jean y anteojos Ray-Ban. Me percaté de su presencia enseguida. Estaba sentado a dos mesas de distancia de la mía. De repente sentí un dedo en mi cuello y salté como nunca lo hice en toda mi vida”. Era su amigo, quien le dijo:

–Te están siguiendo, no te diste cuenta de que tenés un espía de Inteligencia sentado atrás.

El amigo fotografió al espía, que se marchó. A Clarín, Pachter le dijo que eligió “el exilio por miedo a ser asesinado” y “no puedo volver al menos hasta el final del Gobierno. Con los tweets les cagué la operación”. De Casas dio por bueno este seguimiento de inteligencia de inverosimilitud extrema ante la CIDH, que no concedió la cautelar solicitada.

Al hacerse cargo de la investigación de la muerte de Nisman una vez que la Corte Suprema la transfirió al fuero federal, el fiscal Eduardo Taiano anunció que tomaría declaración a Pachter por videconferencia, interesado en conocer cómo fue el primero en enterarse. Quien acudió en su auxilio fue el ex director ejecutivo de la DAIA, Jorge Elbaum, quien luego de alejarse de esa institución fundó el Llamamiento argentino judío. En un artículo publicado en #LaGarcía Comunicación Popular Elbaum dijo que a través de un contacto con la agencia de Sistemas de Seguridad Integral SIE, contratada por el edificio Le Parc de Puerto Madero donde alquilaba el fiscal, Pachter estaba siguiendo los movimientos cotidianos de Nisman desde días antes de su muerte. El contacto para ello con SIE le fue facilitado por el empresario israelí Pini Zahavi, quien fue socio de Gustavo Arribas en el tráfico de personas con pantalones cortos, actividad tan turbia como lucrativa en la que se inició cuando su amigo Maurizio Macrì presidía un club de fútbol argentino. El mismo contacto le dio la primicia de la muerte del fiscal. ¿Acaso se equivocó la oposición al cuestionar la designación de Arribas en la AFI por su absoluta falta de antecedentes en materia de Inteligencia?

Año nuevo, golpes viejos

De Casas inició este año asumiendo la defensa del ex ministro de Salud, Deportes y Desarrollo Social mendocino Rubén Giacchi procesado por lesiones a su novia y empleada Laura García en la fiesta de cumpleaños de la chica, que decidió separarse. El gobernador Alfredo Cornejo le pidió la renuncia al ministerio, del que depende el área de violencia de género, que ahora atiende las 24 horas del día. La prensa local reveló que Giacchi conoció a García mientras tramitaba el divorcio de la psiquiatra Laura Hanna, a quien le partió un teléfono en la cabeza cuando lo amenazó con denunciar un episodio anterior, en octubre pasado. Giacchi negó haberle pegado a García, pero la mujer también presentó capturas de pantalla de su teléfono en las que Giacchi se disculpa por un ataque previo, ocurrido en diciembre. “La violencia de género es un delito grave, pero el hecho adquiere trascendencia por lo político, porque es el ministro de Salud”, minimizó De Casas, quien en 2010 también defendió al hijo de un diputado conservador, procesado por abuso sexual de su hija pequeña. Los progenitores acordaron no someter a la nena a más situaciones traumáticas y el proceso terminó con la prohibición del padre de acercarse a su hija hasta que ella no lo pidiera.

Alta autoridad moral

El derecho de defensa es un principio básico del debido proceso y ningún abogado debe ser confundido con su cliente. Otra cosa es la idoneidad de un candidato a integrar los máximos órganos del sistema de protección de los Derechos Humanos. El Estatuto de la CIDH dice en forma expresa que los comisionados “deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”. En este caso, la explicación debe buscarse por el lado de sus relaciones familiares, políticas y confesionales. De Casas es concuñado del ex gobernador Roberto Iglesias y abogado del consejero presidencial y conductor en las sombras de la UCR, Ernesto Sanz, quien llevó su nombre al Poder Ejecutivo. Es dudoso que Macri, multidivorciado y gay friendly, conociera su historial, que no fue consultado con la Cancillería. Según los temas, la UCR disputa con PRO por el ala derecha de la Alianza Cambiemos. Su hijo, el politólogo Rodrigo De Casas, fue asesor del mismo Sanz en el Senado, y ahora es director nacional de Desarrollo Regional de la Secretaría de Asuntos Municipales del Super Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Como miembro del Opus Dei, De Casas viajó en 2002 a Roma para participar en la canonización de su fundador, Josemaría Escrivá. Además integra la Asociación “Familias Formando Familias” y ha dado la conferencia central sobre “Los desafíos de la familia hoy” en el encuentro de formación “El amor es nuestra misión: la familia plenamente viva”, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de San Luis. No es imaginable cómo conciliaría De Casas esta ideología reaccionaria con el principio de no regresividad, esencial en los sistemas de protección de Derechos Humanos, que han admitido casi todo lo que a él le repugna. ¿Qué haría, por ejemplo, con el caso de la jueza chilena Karen Atala Riffo, cuyo exposo consiguió que le quitaran la tenencia de sus tres hijas porque se divorció de él para convivir con su pareja homosexual y tanto la CIDH como la Corte Interamericana declararon la responsabilidad del Estado por discriminación? ¿Cómo respondería al planteo del abogado Juan Pablo Olmedo por la censura en Chile de la película “La última tentación de Cristo”, que para el sistema interamericano violó la libertad de expresión y pensamiento? Si esta desatinada candidatura no es retirada por Macrì en un nuevo reconocimiento de errores o frenada por el voto de los demás miembros de la OEA, es de temer lo que les espere a los países o las problemáticas de cuya relatoría pueda llegar a ocuparse este hombre de las cavernas de Mendoza.

También en esta edición:

 ¿Será justicia?

Por Horacio Verbitsky