Las ramificaciones de la red de espionaje ilegal y extorsión formada por funcionarios judiciales y políticos, periodistas y servicios ligados al Gobierno que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla trascienden las fronteras nacionales. Así lo asegura el diputado uruguayo del Frente Amplio Gerardo Núñez, quien planteó que existe "una continuidad en el espionaje” desde la dictadura cívico-militar en Uruguay y en Argentina. Núñez  acaba de dar a conocer que del escándalo que desató la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D’Alessio se desprende el dato de que varios legisladores uruguayos fueron espiados también “de manera ilegal por algunos integrantes del gobierno de (Mauricio) Macri".

El diputado frenteamplista, que dijo aun no tener claro el objetivo del espionaje, observó "una continuidad en la metodología del espionaje a los sectores de izquierda de este país y en generar un enemigo interno de quienes tienen intereses contrarios a los Estados Unidos".

"Estamos investigando cómo se desarrollaba el soporte operativo de la red ilegal de espionaje en Uruguay", adelantó en diálogo con el programa “Métodos Poco Claros” por FM La Patriada.

En el caso de Uruguay, dijo Nuñez, “lo que pudimos comprobar es que la red estaba fundamentalmente desplegada por la agencia militar, dependiente de las Fuerzas Armadas, también una parte de la policía y esto en consonancia con la CIA”.

"No tenemos bien en claro cuál era el objetivo", puntualizó. Sin embargo, aclaró que "de la denuncia se desprende que compañeros del Frente Amplio fueron espiados de manera ilegal, por una red de agencias de inteligencia ilegal, vinculadas con agencias internacionales y algunos integrantes del gobierno de Macri". Nuñez también adelantó que, junto a otros colegas, se encuentran recolectando información y analizando los pasos jurídicos y políticos a seguir.

En esa línea, apuntó que algunas notas de prensa planteaban la hipótesis que esta vigilancia que “sufrió el Frente Amplio sería el resultado de una especie de venganza de algunos autores internacionales por los posicionamientos de nuestro país, como fue la decisión de no participar en el Grupo de Lima”.