El 40 por ciento de las 611 once causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado están todavía en la etapa de instrucción y tienen prácticamente todo el recorrido procesal penal por delante. A 43 años del golpe de Estado que significó la aplicación masiva y sistemática de la metodología de secuestros, torturas y desapariciones aplicada por las fuerzas armadas y de seguridad, el dato implica que miles de imputados –cuyas edades promedian los 70 años– morirán inexorablemente antes de recibir su sentencia. La información surge de un exhaustivo informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que también alerta sobre la reducción del número de represores apresados, la generalización del arresto domiciliario como forma de detención predominante y la demora en la confirmación de las sentencias. Aún en la hipótesis utópica de que este año se elevaran a los tribunales orales las 244 causas en instrucción, habría juicios hasta 2025.
A dos días de un nuevo aniversario del golpe de Videla, Massera y Agosti, la Procuraduría que encabeza la fiscal Ángeles Ramos difundió un nuevo dossier con estadísticas actualizadas sobre las causas por crímenes de lesa humanidad, que además de los datos a nivel nacional presenta información específica de cada una de las secciones judiciales del país.
El dato más alarmante para el movimiento de derechos humanos es el del estado procesal de las 611 causas registradas. Hasta el momento concluyeron 221 juicios (36 por ciento del total) y hay apenas 14 en curso (2 por ciento). Otras 101 investigaciones fueron elevadas a los tribunales orales pero esperan su turno, y el grupo mayoritario (244 causas, que representan el 40 por ciento del total) están en la etapa de instrucción, es decir en manos de un juez de primera instancia o de una cámara federal. Ese porcentaje es además “un número estable”, destaca la Procuraduría, que agrega otro dato preocupante: entre febrero y marzo de 2019 se pospuso al menos el inicio de tres juicios: el denominado “Lona II” en Salta, “Chavanne” en Capital Federal y “Mercedes Benz” en San Martín.
En el mismo sentido, las trayectorias temporales de las causas muestran que insume más de cinco años en promedio la tramitación que va desde la elevación al tribunal oral, pasando por el juicio en sí, hasta arribar a la confirmación definitiva de la sentencia. Ese promedio es todavía mayor en las causas en trámite (5,24 años) que en las que tienen sentencia firme (5,03 años). “Aun suponiendo que las 244 causas que hoy están en etapa de instrucción sean elevadas a juicio durante 2019, podría estimarse que continuarán en trámite al menos hasta 2025”, alerta la Procuraduría. El tiempo mayor de ese proceso (3,76 años) lo insume, después de la sentencia, la etapa de confirmaciones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.
Si se analizan las situaciones procesales por personas y no por causas, el estudio muestra que sobre 3161 militares, policías, civiles y religiosos que fueron acusados por algún fiscal, hay 901 condenados (28,4 por ciento) y 142 absueltos (4,5 por ciento). El universo de quienes no escucharon una sentencia lo componen 663 procesados (21 por ciento), 560 que sólo fueron imputados por fiscales (17,7 por ciento), 178 que se beneficiaron con faltas de mérito, 85 sobreseídos, 34 prófugos y 33 que fueron indagados. Los 565 represores fallecidos representan el 17,9 por ciento del total.
El último aspecto analizado se enfoca en las condiciones de libertad o arresto en que los imputados atraviesan los procesos. Casi un millar y medio de represores (1439) están libres: representan nada menos que el 46 por ciento del total. El número de detenido continúa reduciéndose (977, un 31 por ciento del total) y dentro de ese subgrupo “se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante”, destaca la Procuraduría: gozan del encierro hogareño 650 represores (en 2015 eran 439), en tanto en cárceles comunes hay apenas 252 (eran 28 tres años atrás). Otros 74 están en la unidad penal ad hoc en Campo de Mayo (ex sede del mayor centro de tortura y exterminio del país) y el restante en una dependencia de Gendarmería.
