La pobreza alcanzó al 31,3 por ciento de la población urbana durante el último trimestre de 2018. Las cifras elaboradas por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA representan un salto de 4,5 puntos en un año como consecuencia de la corrida cambiaria y el ajuste desplegado para intentar controlarla. La medición ofrece una evaluación multidimensional de la pobreza que no solo contempla el acceso a una canasta de bienes (pobreza monetaria) sino que evalúa privaciones en materia de educación, salud, vivienda, empleo, protección social, saneamiento, acceso al agua y hábitat seguro. La estimación que alcanzó su valor más elevado en nueve años indica la existencia de 12.700.000 personas pobres en Argentina. Son más de 1.900.000 nuevos pobres en doce meses. El Indec difundirá este jueves las cifras oficiales de pobreza e indigencia según el nivel de ingresos para el tercer trimestre de año pasado.
“En 2018 tuvo lugar un importante incremento de la pobreza en un contexto fuertemente inflacionario y de estancamiento económico. Tras el descenso observado en 2017, el año pasado asume el valor más alto de la serie, afectando la pobreza al 23 por ciento de los hogares y al 31,3 por ciento de la población”, sostiene el documento elaborado por los investigadores de la UCA, Agustín Salvia y Juan Ignacio Bonfiglio. El marcado deterioro experimentado durante 2018 se explica por la caída en el nivel de ingresos de aquellos hogares que si bien percibían ingresos por encima del umbral de pobreza se encontraban en situación vulnerable en relación a otras dimensiones consideradas como el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo.
Los resultados presentados por el ODSA-UCA para 2018, el programa de austeridad, la sostenida destrucción de puestos de trabajo y los elevados niveles de inflación permiten anticipar el fracaso del gobierno de Mauricio Macri para cumplir con su promesa electoral de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre.
Entre las privaciones con mayor incidencia detectadas por el relevamiento del observatorio figuran el “acceso a servicios básicos”, “recursos educativos” y “empleo y la seguridad social”. El año pasado 3 de cada 10 hogares se encontraba afectado en alguna de estas dimensiones, mientras que el nivel de carencia se ubicaba cerca del 20 por ciento en las otras dimensiones de derechos consideradas por la encuesta como “alimentación y salud”, “vivienda digna” y “medio ambiente”.
Aunque el aumento en el indicador de pobreza multidimensional se acentuó el año pasado, el informe advierte que la dimensión “alimentación y salud” revirtió su tendencia decreciente a partir de 2016. “Esta evolución se explica tanto por el incremento de la inseguridad alimentaria, como así también en las dificultades en el acceso a atención médica y a la compra de medicamentos por parte de los sectores más vulnerables, que son los que no cuentan con cobertura médica”, expresa el ODSA-UCA al destacar el impacto inflacionario sobre alimentos y medicamentos.
Entre los principales déficits en materia de derechos sociales mencionados por la encuesta de la UCA figura que 6 de cada 100 hogares urbanos experimentan inseguridad alimentaria severa (experiencias frecuentes de hambre). Asimismo, 1,7 de cada 10 hogares no logran cubrir sus necesidades básicas de salud mientras que 3 de cada 10 hogares urbanos no cuenta con red de cloacas y 1 de cada 10 hogares urbanos no cuenta con servicio de red de agua potable. Aunque el indicador mejoró en los últimos años, la UCA sostiene que el déficit en la materia sigue siendo estructural.
Por su parte, 14 de cada 100 hogares habitan en viviendas precarias y al menos 8 de cada 100 no cuentan con baño y conviven hacinados. A la hora de evaluar los déficits medio ambientales, la encuesta identifica que la problemática alcanza a 2 de cada 10 hogares. Se trata de familias que residen en espacios medio ambientales no adecuados, sea porque no cuenta con servicios de recolección de basuras, vive cerca de industrias insalubres o de espejos con agua contaminada. El ítem referido a los derechos laborales detalla que el 30 por ciento de los hogares se encuentra marginado.
“A pesar de que se observan mejoras en relación a la evolución en algunas dimensiones de derechos, esta tendencia tiende a equilibrarse con el deterioro experimentado en otras dimensiones de derechos fundamentales, como alimentación y salud o trabajo”, sostiene el reporte. El ODSA-UCA agrega que el alza en la pobreza multidimensional desde 2016 excede a los estratos marginales para alcanzar también a los denominados estratos obreros y, en menor medida, los sectores medios no profesionales.
