Al cierre de esta nota, Mario Cifuentes, el nuevo denunciante, llevaba ya ocho horas ante el juez Alejo Ramos Padilla. La asociación ilícita dedicada al espionaje y a la extorsión sumó este martes un nuevo episodio y puso en zona de peligro a un juez, a un empresario y a un periodista. El denunciante en cuestión se llama Mario Cifuentes, titular de la empresa de servicios petroleros OPS, una de las de mayor desarrollo en la zona de Vaca Muerta. En concreto, Cifuentes denuncia que a raíz de que YPF, bajo el dominio de Cambiemos, le quitó todo el trabajo, OPS se presentó en convocatoria de acreedores y luego quebró. En ese proceso surgió un comprador, pero para levantar la quiebra había que lograr el visto bueno de la AFIP y solucionar una causa judicial. Ahí fue cuando apareció Marcelo D'Alessio, quien le dijo que podía arreglar todo a cambio de 1.200.000 dólares, destinados a sobornar al juez, a alguien en la AFIP y a un periodista. 

Cifuentes se presentó ayer en Dolores ante el juez Ramos Padilla. No sólo declaró extensamente sino que aportó gran cantidad de documentación. El juez deberá verificar el valor de esa evidencia ya que la extorsión no será fácil de probar. En la computadora de D’Alessio, en su casa en el country Saint Thomas, había un informe con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia, supuestamente a pedido de Claudio Bonadio. No se sabe si el informe es auténtico o fue fraguado, incluyendo el membrete, por el falso abogado. Cifuentes entregó ayer más material, incluyendo mensajes de WhatsApp. 

En concreto, el empresario dice que tras la llegada al gobierno de Cambiemos, tanto Vialidad Nacional como YPF le cortaron los contratos a OPS. Eso motivó la crisis de la compañía, luego el concurso de acreedores y la quiebra. Según afirma, “me quitaron la empresa”.

La versión de Cifuentes es que lo llevaron a la crisis para hacer viable la aparición de un comprador y, de esa manera, ya ahogado, no tuviera otro camino que venderla a precio vil. Este mecanismo fue usado no sólo con OPS sino con otras empresas y medios de comunicación. Cifuentes relata que negoció con sus proveedores, que llegó a un acuerdo con ellos, pero faltaba el visto bueno de la AFIP, que para hacer posible la continuidad de OPS debía otorgar un plan de pagos. También D’Alessio le dijo que había una causa judicial en lo de Bonadio en el que se lo investigaba, por lo cual eso también debía ser solucionado para seguir adelante con la operación. 

En esa circunstancia, D’Alessio ofreció resolver todo a cambio de 1.200.000 dólares. El pedido de dinero se hizo en el Hotel Emperador de Buenos Aires en una circunstancia que –según declaró– le llamó la atención. El conversó con D’Alessio en una mesa y en la otra esperaba el empresario Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentina-Israel, muy cercano a la ministra Patricia Bullrich y jugador de primer nivel en la compra de material de seguridad, armas y elementos electrónicos sofisticados. D’Alessio concretó la extorsión y después se cambió de mesa para hablar con Montoto. En los documentos encontrados en la casa de D’Alessio, Montoto aparece como un personaje omnipresente. Al juez le quedó la impresión de que el falso abogado reporta a Montoto, o que hay estrecha vinculación entre ambos.  

En esa reunión del Emperador, Cifuentes rechazó el pedido de dinero. Según relató ayer en Dolores, D’Alessio le dijo que la plata estaba destinada a arreglar con “Claudio, con la AFIP y con (Daniel) Santoro”. Con éste último, tanto para frenar una nota periodística como las posibles referencias a Cifuentes en un libro. El empresario sostiene que a partir de su negativa a aceptar la extorsión se produjo la publicación en el diario Clarín de una nota, escrita por el periodista Daniel Santoro, en el que lo llamaron “el nuevo Lázaro Báez”, con furibundas acusaciones en su contra: que debía 800 millones de pesos, que viajó numerosas veces a España, que tenía muchos autos, que lo investigaban por lavado de dinero. Cifuentes interpreta que la nota en Clarín fue otro instrumento usado por D’Alessio para quebrarlo y forzarlo a pagar el supuesto “arreglo” con la AFIP y, por los trascendidos, fue muy duro respecto a la participación del periodista en el entramado extorsivo.

Conociendo todo lo que ahora se sabe de D'Alessio, puede ser que fraguara todo, pero el juez de Dolores tendrá la obligación de estudiar lo ocurrido. El punto de inicio es el material encontrado en la computadora --verificar si el informe de la AFI es auténtico o falso-- y a continuación chequear todo lo que este lunes le dijo Cifuentes, incluso las decenas de capturas de pantalla de celular que entregó el empresario. 

Lo que está claro es que la promiscuidad entre agentes de inteligencia, funcionarios judiciales, periodistas y el abogado trucho produjo un largo listado de delitos. Tantos, que la declaración de Cifuentes debe ser la más extensa tomada hasta ahora en Dolores.