Desde el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) nos interesa poner el foco en un ámbito poco mirado: las acciones de los gobiernos municipales del conurbano bonaerense en el campo de las políticas de género. El mapa construido evidencia grandes progresos: todos los municipios del conurbano cuentan con algún organismo dedicado a la problemática de género. Los veinticuatro gobiernos locales del Gran Buenos Aires han creado áreas institucionalizadas de género, a nivel de Dirección o de mayor jerarquía, lo que supone un respaldo institucional y económico significativo para el desarrollo de actividades sostenibles.
Sin duda, estos avances son producto de la intensa y sostenida demanda del movimiento de mujeres, que ha comprendido que la consigna “acabar con el patriarcado” implica transformaciones en muchos órdenes de la vida social y personal que deben ser acompañadas por la intervención del Estado, una herramienta indispensable para impulsar y sostener esos cambios.
Las políticas públicas de género desarrolladas por todos los niveles de gobierno en nuestro país se han concentrado casi exclusivamente en la visibilización, atención y prevención de la violencia, dando escasa relevancia a las intervenciones sobre los resortes más estructurales.
Los municipios del Conurbano, siguiendo la orientación que ha caracterizado a las políticas nacionales y provinciales, también enfocan el grueso de las acciones en esta línea. Casi todos brindan asistencia integral a mujeres víctimas de violencia: asesoramiento legal, apoyo psicológico e, incluso, intervienen en la atención directa ofreciendo hogares- refugio para casos más vulnerables interviniendo en el proceso judicial contra el victimario e incluyendo también la atención de niñes involucrados. Y se destaca el incremento de los municipios con áreas exclusivas que trabajan diversidad sexual y/o que incorporan esta temática entre sus ejes de acción, entre 2016 y 2018, según datos del Observatorio del Conurbano.
La importancia de estos avances no debe opacar que es también fundamental que se diseñen e implementen políticas que intervengan en los diversos campos que constituyen el sistema patriarcal: en la economía y el mercado de trabajo; en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, de la autonomía sobre el propio cuerpo y la autodeterminación de la identidad de género y sobre la expresión más feroz del sistema patriarcal: la violencia de género. La violencia física contra las mujeres es la punta del iceberg de un sistema de opresión que atraviesa todos los órdenes sociales, es el emergente de estructuras que requieren de un de políticas públicas que las transformen.
(*) Adriana Rofman es coordinadora del Observatorio del Conurbano Bonaerense (Instituto del Conurbano de la UNGS) y Liliana Puntano es licenciada en Política Social y colaboradora del Observatorio del Conurbano Bonaerense
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