La Ley Micaela García se llama así en homenaje a la joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por violación (Sebastián Wagner) y fue condenado a cadena perpetua. Micaela estudiaba y militaba en el Movimiento Evita. Ella desapareció el 1° de abril de 2017 y una semana después fue hallada asesinada debajo de un árbol, en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12.
La Fundación Micaela García, La Negra, lucha contra la violencia de género, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y difunde la importancia de la norma que lleva su nombre. La ley establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en la función pública, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cualquiera sea su función y jerarquía. Y algo importante antimachirulos con sueldo: ninguno puede negarse a recibir la capacitación.
La ley (27.499) entró en vigencia el 10 de enero de 2019. Y antes que se cumpla un año deben comenzar las capacitaciones. La letra indica que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) debe difundir el grado de cumplimiento de cada uno de los organismos públicos. Los organismos pueden hacer adaptaciones de materiales o programas existentes, o desarrollar un programa propio. Deben cumplir la normativa, recomendaciones y otras disposiciones de las instituciones que controlan el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre género y violencia contra las mujeres firmadas por Argentina. El gran problema sería que se realicen algunas capacitaciones en programas piloto o en migajas de políticas públicas pero que no lleguen a ser realmente eficientes y masivas para evitar fallos revictimizantes, por ejemplo, como la sentencia de impunidad en el caso de Lucía Pérez.
