La policía de San Pedro, provincia de Buenos Aires, reprimió a 44 familias para desa- lojar dos predios que ocupaban e hirió a menores de edad. “(La fiscal) Ramos ordenó el operativo sobre lotes linderos que no correspondían a la orden del juez”, acusó Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la provincia. En una entrevista radial, Ramos admitió que sabía que la orden de desalojo era sólo para un predio, pero que, al no haber tabiques ni delimitaciones visibles, ni ella ni las fuerzas de seguridad sabían dónde comenzaba y terminaba la parcela a desa- lojar.

El martes a las 7 de la mañana, cerca de 300 efectivos de la comisaría de San Pedro, Jefatura Distrital, Grupo GAD, Infantería, Caballería y Bomberos de Policía desalojaron a las personas que ocupaban dos terrenos ubicados entre las calles Dávila, Cruz Roja, Manuel Iglesias y Lavalle, de la ciudad de San Pedro. “Llegaron con caballos, topadoras, destruyeron las construcciones y se llevaron efectos personales de algunos vecinos”, dijo Rusconi a PáginaI12. 

Para llevar adelante el desalojo, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma contra los vecinos y dejaron “al menos seis heridos”. “Hay menores internados con heridas de bala, ellos son la población más vulnerable”, denunció el funcionario de la Defensoría. También detalló que “hubo once detenidos, seis de ellos eran menores”, aunque ya liberaron a todos. Rusconi denunció que tanto la fiscal como el juez “sabían que había menores” y no llamaron a un asesor para que interviniera en el operativo. 

En una entrevista radial, la fiscal de la causa, Viviana Ramos, titular de la UFI 11, afirmó que “el saldo de aprehendidos y algunos lesionados está dentro de lo previsible en un marco de estas características”. “La saturación policial es el método que se trabaja de acuerdo a los protocolos cuando la posición de las familias es tan negativa y el diálogo ya está agotado”, aseguró.

Ramos sostuvo que no sabía que “habría casillas implantadas en un inmueble adyacente o contiguo” y que el dueño de ese predio no tenía intención alguna de pedir un desalojo porque “los usurpadores” no habrían querido ser censados y tampoco se acercaron a la fiscalía a “plantear que ellos se consideraban con derechos”. Sin embargo, admitió que el día anterior al desalojo recibió una llamada de Diego Solanas, quien conduce la oficina de la Defensoría del Pueblo de San Pedro, para informarle de la existencia de “dos inmuebles” y de “casillas que no serían del inmueble a desalojar”.

“Si tiene dudas y no puede distinguir un predio de otro, tiene que postergar el desalojo”, afirmó Rusconi y sostuvo que la Defensoría presentó un escrito en el juzgado para postergar la orden. Para el secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda, Ramos “se extralimitó” al permitir el desalojo de las parcelas linderas. “Hay que ver quién le dio la orden a la policía para que avance sobre los terrenos linderos. Hay que investigar el accionar policial”, aseguró.

Rusconi también señaló que la fiscal Ramos tendría que haber recurrido a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para obtener los planos de los lotes. “Ella pide una partida en ARBA y ya sabe cuál es el lote”, apuntó. Asimismo, sostuvo que “si la gente no se quiso censar”, debían llamar a los trabajadores sociales del municipio para que intervinieran. “Hay que hacer uso de los recursos del Estado, ver todas las herramientas que tenemos y prevenir estas situaciones”, manifestó. 

Ambos predios fueron ocupados en enero de este año. Según explicó Rusconi, uno de ellos es propiedad de ex empleados de una compañía textil que recibieron los lotes como parte de pago y son “los que piden el desalojo”. El otro predio sería de un hombre que vive en San Pedro y que está en tratativas de venderles las tierras a las personas que comenzaron a edificar sus viviendas allí.

Desde la Defensoría solicitaron tener una mesa de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Viviendas para ofrecer una solución habitacional para las 44 familias que habitan ambos predios. “El derecho a la vivienda digna está contemplado en la Constitución y en los pactos internacionales –señaló Rusconi–. Nosotros pedimos por la situación de las familias, más allá del predio. Buscamos una solución.” Por el momento, las familias desalojadas se encuentran en situación de calle y, con la ayuda de algunos vecinos, están haciendo una olla popular. 

Informe: Ludmila Ferrer.