El aumento del gas de 29 por ciento, que se le aplicará gradualmente a los hogares a partir del lunes, tomó como referencia un precio mayorista del fluido de 4,70 dólares por millón de BTU que cobran las petroleras y un ajuste para las distribuidoras de 26 por ciento a partir de la variación que registró el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) durante el período septiembre-febrero. 

El precio mayorista del gas, que promedió 4,70 dólares, se calculó con el resultado de la subasta organizada en febrero por el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), que arrojó un precio promedio de 4,56 dólares, y el valor de los contratos privados que se acordaron por fuera de esa subasta, los cuales se cerraron a un precio mayor y llevaron el promedio final a 4,70 dólares. Fuentes oficiales aclararon a PáginaI12 que se convalidaron solo los contratos entre privados que se cerraron a “precios razonables”, aunque sin explicitar cuál es el techo de lo que se consideró “razonable”.

A las distribuidoras les reconocieron un IPIM de 26 por ciento, aunque continúa el conflicto por el aumento que les otorgaron en el último ajuste semestral de octubre, correspondiente al período febrero-agosto de 2018. En aquella ocasión las empresas reclamaron una actualización por inflación mayorista del 32 por ciento, pero el Enargas les reconoció solo un 19,67 por ciento. El ente regulador aseguró entonces que en el acta acuerdo firmado con las empresas se había explicitado que el ajuste por IPIM no era automático, sino que las firmas deberían solicitar el ajuste al ente regulador, el cuál finalmente revisó el pedido tomando en cuenta también otros indicadores de la economía, como el Índice del Costo de la Construcción y el Índice de Variación Salarial. 

En la presentación realizada en la última audiencia pública, las distribuidoras reclamaron el diferencial que no les reconocieron el año pasado y amenazaron con reducir sus inversiones si el gobierno no lo hacía. Fuentes oficiales ratificaron ayer que no les pagarán lo que reclaman y aseguraron que “si demoran las inversiones deberán enfrentar penalidades que correspondan”.