El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Se hizo por un pedido del Fondo Monetario Internacional. El organismo de crédito, de todas formas, reconoció que considera muy difícil la aprobación del proyecto en el Poder Legislativo para este año. Los cambios que se quieren introducir en la nueva Carta Orgánica tienen una raíz conservadora. El objetivo es que la autoridad monetaria se limite a mantener el valor de la moneda (enfrentar la inflación) y pierda de vista otros objetivos de la política monetaria como el crecimiento. El documento apunta también a potenciar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se trata de una propuesta contradictoria si se tiene en cuenta que el presidente del Central, Guido Sandleris, es la mano derecha del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y que el Ejecutivo mantiene un control activo en las decisiones que toma el comité de la autoridad monetaria para intentar contener el tipo de cambio.

“El objetivo principal de la reforma es fortalecer la credibilidad del Banco Central, aumentando su independencia, para que se convierta en un pilar institucional de largo plazo”, planteó el comunicado enviado al Congreso. Agregó que “la reforma propuesta establece reglas claras que determinan con mayor precisión el rol del Central y le permiten desarrollar su actividad sin condicionamientos. El resultado será el de una mayor independencia e institucionalidad”. La falta de coherencia respecto de las medidas que se tomaron en los últimos años sorprende. El Banco Central a finales de 2017 fue obligado a modificar la meta de inflación por una decisión de la Casa Rosada. El resultado de esa decisión fue acelerar las expectativas de devaluación, lo que dio inicio a la corrida cambiaria a partir de abril de 2018. 

En el gobierno aseguraron que los puntos clave del proyecto se pueden resumir en ocho temas. El primero es el establecimiento de un mandato múltiple, pero priorizado y enfocado en la misión de preservar la estabilidad de precios. La estabilidad financiera y el crecimiento económico quedan relegados a ser mandatos secundarios. El segundo tema es el establecimiento de reglas específicas para preservar la autonomía personal de los funcionarios y asegurar que las decisiones del organismo se realicen con total independencia. Esto incluye la necesidad de acuerdo del Senado para el nombramiento del directorio.

El tercer y cuarto punto importante del proyecto se asocia con el financiamiento al Tesoro. El documento busca prohibir la posibilidad que el Central utilice la emisión para cubrir los gastos del sector público, en tanto que se elimina también la posibilidad de emplear las reservas para pagar deuda pública. La iniciativa le resta instrumentos al Estado para hacer política económica. Esto se debe a que la política monetaria expansiva, que puede aplicarse con un aumento de la emisión de pesos para el Tesoro, es una de las principales estrategias estudiadas en la literatura económica para ayudar a incrementar el consumo del mercado interno (ampliar la demanda agregada). Pero desde la perspectiva conservadora, con la que se imprime el proyecto de reforma de la carta orgánica, la lógica es que la emisión sólo genera inflación.  

El sexto punto relevante del proyecto es el establecimiento de normas contables acordes con las mejores prácticas internacionales. El séptimo es el establecimiento de reglas de auditoria más exigentes, siguiendo los estándares del resto de bancas centrales en el mundo, e incorporando la creación de un consejo de supervisión institucional. Este consejo deberá contar con mayoría de miembros no ejecutivos para la supervisión de todos los procesos internos, los de elaboración de los presupuestos y los de la confección del balance. Por último el octavo punto incluye el establecimiento de la promoción de la inclusión financiera como una de las funciones del Banco Central. Esto contempla la integración social, regional, cultural y de género, reforzando la estrategia nacional de inclusión financiera.