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Desde Santa Fe
Dos militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios fueron convertidas en botín de la dictadura, en 1976. Una tenía 16 años y la otra 14. Son dos de los hechos que el Tribunal Oral de Santa Fe comenzó a juzgar esta semana en el juicio a siete represores, a nueve años de aquella sentencia emblemática de abril de 2010, una de las primeras en la Argentina, que consideró la violencia sexual en centros clandestinos como delito de lesa humanidad. Lo ratificó después en otras dos condenas, la última en octubre de 2018 por las violaciones y el aborto forzoso a Silvia Suppo en 1977, cuando tenía 17 años. El jueves, en la primera audiencia del debate, el fiscal Martín Suárez Faisal imputó por violencia de género a dos de los acusados: el ex agente de inteligencia de la Policía santafesina Eduardo "Curro" Ramos por la presunta "violación agravada" a la adolescente de la UES y el "abuso deshonesto" a la niña de 14, y al comisario Ricardo Ferreyra como supuesto "autor mediato" en ambos casos, entre otros cargos. Ferreyra es el mismo a quien el Tribunal condenó a 16 años de cárcel por las violaciones a Suppo y unificó la pena con otra anterior en 22 años de prisión. "Los sometimientos de índole sexual sufridos" por las militantes de la UES "no fueron hechos aislados ni ocasionales", dijo el fiscal. "Eran una práctica habitual ejecutada por los captores de las mujeres detenidas ilegalmente" durante el genocidio.
El Tribunal está integrado por la jueza María Ivón Vella y sus colegas José María Escobar Cello y Luciano Lauría. Además de Ramos y Ferreyra, juzgarán a otros cinco imputados: un ex coronel del Ejército, Héctor Melitón Martínez (que operó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122), y los ex policías Víctor Hugo Cabrera (del Departamento Informaciones, conocido como D2), Juan Calixto Perizzotti (el "mandamás del mayor centro clandestino de detención de la región", como lo calificó la acusación fiscal) y dos colaboradores de éste: la ex carcelera María Eva Aebi y el chofer Eduardo Córdoba. Todos, por secuestros y torturas a diez víctimas. Ramos y Perizzotti ya cumplen condenas a prisión perpetua y Aebi una unificada de 25 años de cárcel.
Las dos militantes de la UES fueron secuestradas en el invierno de 1976, recordó el Ministerio Público. María, la niña de 14 años, el 16 de julio, alrededor de las cinco de la tarde, en la casa de su abuela, cerca de la Facultad de Derecho de la UNL, donde Ramos se había infiltrado como espía del D-2. Y dos semanas después, el 30 de julio, Patricia, la jovencita de 16 años, en su casa a dos cuadras de Tribunales, en el casco histórico de Santa Fe. Suárez Faisal consideró los dos operativos como "parte del plan sistemático de persecución política ilegal, pergeñado por la dictadura cívico militar".
Las violaciones "eran una práctica habitual ejecutada por los captores de las mujeres detenidas ilegalmente", dijo el fiscal Martín Suárez Faisal.
María fue "privada ilegalmente de su libertad" por un grupo de tareas que integraba Ramos, quien la encerró en "un camión celular que se encontraba a una cuadra" de la casa, donde le vendó los ojos con un trapo y le maniató las manos a la espalda con esposas, recordó el fiscal. Al rato, Ramos volvió y "comenzó a manosear a la niña en los genitales, mientras la interrogaba sobre su abuela montonera'. A la noche, la trasladaron a la comisaría 1ª, que estaba al mando de Ferreyra, donde "fue interrogada por su actividad política y la de su familia, golpeada, torturada y manoseada cada vez que la llevaban al baño", agregó Suárez Faisal. El Tribunal tiene prevista una inspección judicial a la comisaría el 2 de mayo a la mañana.
Lo mismo le sucedió a Patricia, quien "fue privada ilegítimamente de su libertad" en el departamento de sus padres por una patota "que integraba Ramos". Ella tenía 16 años. La llevaron hasta la comisaría 1ª, donde era cautiva con las manos atadas y capucha y la interrogaron dos represores. "Uno de ellos era Ramos, quien la violó en dos oportunidades", relató el fiscal.
En la audiencia del jueves, el único de los imputados que aceptó ampliar la indagatoria fue Ramos, quien negó las acusaciones del Ministerio Público. Acerca de la denuncia de la niña de 14 años, explicó: "Ella dice que yo le toqué la cola. En esa época era más joven y tenía novias más lindas", se jactó. Y consideró la imputación de la joven de 16 años como "mendaz", "insólita" y "ridícula". "Ella declaró 27 veces" en los medios -exageró- y "nunca dijo que la habían violado". "No tengo nada que ver con la comisaría 1ª. En el próximo juicio van a decir que le saqué 100 pesos y me van a juzgar por robo. Seamos serios", se victimizó.
La denuncia de las dos violaciones es de setiembre de 2010. "Según la denunciante, el accionar de Ramos fue siempre violento e intimidatorio y destacó que en una de esas oportunidades le dijo que ella era de su propiedad. El único que la podía tocar y violar era él", agregó Suárez Faisal.
"La coherencia, objetividad y verosimilitud de los relatos" de las militantes de la UES y "su concordancia con los demás datos aportados por otras mujeres en diferentes causas, reflejan claramente que los sometimientos de índole sexual sufridos por las víctimas no fueron hechos aislados ni ocasionales, si no que por el contrario representaron una práctica habitual ejecutada por los captores de las mujeres detenidas ilegalmente", apuntó.
"La violencia sexual fue parte de los mecanismos del terrorismo de Estado" y un "crimen de lesa humanidad". "Y en el caso particular" de la niña de 14 años, "los imputados (Ramos y Ferreyra) no sólo tenían un conocimiento de la situación de incapacidad" de la menor, "sino que además, se aprovecharon de ella", utilizaron "a la víctima a los efectos de un trato sexual que no se hubiera producido en condiciones normales", concluyó el fiscal.
