El cerrojo ejecutivo que Donald Trump pretende imponer a los migrantes para que lleguen a Estados Unidos recibió ayer un nuevo revés judicial. Luego de que un tribunal de apelaciones norteamericano rechazara el veto de la administración Trump, ciudadanos con visa originarios de siete países afectados por la decisión del líder republicano se apresuraban a pisar territorio estadounidense. Washington, en tanto, adelantó que dará batalla legal para mantener el decreto antiinmigración, un litigio que, arriesgan algunos, podría llegar incluso a debatirse en el Tribunal Supremo. “Vamos a ganar esta pelea”, dijo el vicepresidente Mike Pence a la cadena de televisión Fox News. “Seguiremos usando todos los medios legales a nuestra disposición para suspender la orden del juez que bloqueó el veto migratorio”, sostuvo el número dos de la Casa Blanca.

La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco, California, le dio la espalda al gobierno republicano al negarse a restaurar de forma inmediata el decreto que permanece bloqueado desde la noche del viernes, después de que James Robart, juez federal de Seattle, Washington, emitiera una orden temporal con validez para todo el territorio de Estados Unidos que se tradujo finalmente en una suspensión de la medida dictada por el magnate inmobiliario para que ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen no puedan viajar a Estados Unidos. 

El sábado por la noche, el gobierno de Trump inició un proceso de apelación de la decisión del juez Robart, que iba acompañado de una petición a la Corte de Apelaciones de que restaurara el veto que había sido bloqueado por el magistrado. Pero la interposición de Washington no prosperó. El Departamento de Seguridad Interior explicó ayer que de acuerdo con la decisión del juez Robart, se habían suspendido todas las acciones para aplicar el decreto.

La diplomacia estadounidense anunció entonces que revocaba la suspensión de unas 60.000 visas, algo que obligó a las aerolíneas Lufthansa, Etihad, Emirates, Swiss, Qatar Airways y Air France a cambiar su procedimiento de la noche a la mañana: los vuelos internacionales hacia Estados Unidos volvieron a aceptar a los nacionales de los siete países incluidos en el decreto, que suspendía además durante 120 días el programa de acogida de refugiados, de forma indefinida para los ciudadanos sirios. 

La Corte también pidió a los demandantes en el caso –los estados de Washington y Minnesota, contrarios al veto migratorio– que presentaran argumentos a favor de su posición, y al gobierno de Trump que hiciera lo mismo. Según aseguró ayer Peter Carr, vocero del Departamento de Justicia, el gobierno planea cumplir con esa solicitud en lugar de recurrir directamente al Tribunal Supremo, porque prefiere “dejar que se desarrolle el proceso de apelación”. 

No obstante, los expertos coinciden en que, pase lo que pase en esta Corte, el caso acabará con toda probabilidad en el Tribunal Supremo, que actualmente está dividido entre cuatro jueces de tendencia conservadora y otros cuatro de inclinación progresista. Trump nominó la semana pasada a un nuevo juez para el Supremo, el conservador Neil Gorsuch, pero queda por ver si el Senado aprobará su designación antes de que el caso migratorio llegue a la máxima instancia judicial. 

Los estados demandantes en el caso, Washington y Minnesota, argumentan que el decreto es anticonstitucional porque provoca discriminación contra una religión, la musulmana, algo que se encuentra prohibido por la Primera Enmienda de la constitución norteamericana.