Esta mañana, en Mar del Plata, comenzará el debate oral de la causa que investiga a siete personas por 16  casos de trata y explotación sexual cometidos en el circuito que integraban la whiskería El paraíso y el  prostíbulo La Posada, ambos de la zona de La Perla y ubicados en edificios contiguos. La investigación y los allanamientos comenzaron en 2012, y en 2014 se cerró la instrucción y fue elevada a juicio oral la causa,  por la que el año pasado se abrió, además, una investigación paralela por lavado de los activos generados en esos locales, que, de acuerdo con la fiscalía, tenían una facturación de entre 4 y 4,5 millones de dólares anuales. 

Por la causa, esta mañana llegarán a la sala de audiencias siete imputados, uno menos de los que fueron acusados inicialmente, porque Juan Carlos Motillo, a quien se sospechaba responsable de organizar  y regentear el prostíbulo, murió en 2015. Sin embargo, sí estarán hoy su ex pareja, Alicia Acevedo Galeano, acusada de ser quien viajaba a Paraguay para reclutar mujeres a las que explotar, María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria, señalados como financistas de las operaciones; también estarán quienes atendían la barra, cuidaban la seguridad y fueron sindicados como organizadores de las actividades cotidianas del lugar, Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro. De acuerdo con la acusación presentada por el titular de la Fiscalía Federal 2, Pablo Larriera, las actividades de la organización comenzaron en 2005 y habrían continuado al menos hasta agosto de 2008.

La investigación estableció que El Paraíso y La Posada –ambas ubicadas en la calle 11 de Septiembre al 3000, en numeraciones contiguas– conformaban una sola unidad comercial, que funcionaba con una dinámica complementaria para que el negocio de la prostitución fuese “más redituable y atractivo” para los ocasionales clientes. En primera instancia, los clientes llegaban a la whiskería, donde tomaban copas y acordaban pases con las mujeres, que luego debían ir con ellos al hotel lindero donde tenían relaciones sexuales a cambio de dinero, algo estrictamente regulado y supervisado por los dueños de los locales. La fiscalía logró acreditar que los miembros de la organización se dividían roles, y advirtió que el grupo “que obtendría importantes beneficios económicos a partir de la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, las que serían consideradas, en los hechos, como un ‘recurso’ o ‘insumo’ que, desde hacía años, venía siendo ‘importado’, de manera sistemática y en número significativo, desde la República de Paraguay”.

Las mujeres reclutadas en Paraguay, y en mucha menor medida en Argentina, eran en todos los casos mayores de edad y vivían en una casa dispuesta por la organización, en la calle 20 de septiembre al 3500. El lugar quedaba a seis cuadras de la municipalidad, seis de una comisaría y media cuadra de la casa del obispo de Mar de Plata. Allí vivían las dieciséis mujeres que todos los días eran buscadas en taxis o combis para luego trasladarlas a la whiskería.

En octubre del año pasado, tras una presentación del fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó una resolución de la Cámara Federal marplatense que había declarado nula la investigación a los dueños de la whiskería y el prostíbulo por lavado de activos, que había iniciado la Fiscalía Federal 2 a partir de la causa por trata y explotación sexual.