Producción: Tomás Lukin

Volver sanos del trabajo

Por Matías Cremonte *

El Gobierno dictó un decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de Riesgos del Trabajo. No existen razones que lo justifiquen. Y la necesidad de reformar el sistema no pasa por profundizar el existente, sino por cambiarlo de raíz. Los accidentes y las enfermedades no son una derivación natural del hecho de trabajar. La inmensa mayoría de la humanidad, compuesta por los hombres y las mujeres que tienen la necesidad de vender su fuerza de trabajo para vivir, pone la mayor parte de su tiempo a disposición de su empleador. Entrega su energía material e intelectual a cambio de un salario. Se trata de una relación objetivamente injusta, pero el mercado de trabajo es la esencia del capitalismo.

El Derecho del Trabajo ha impuesto límites a esa explotación, a través de una serie de mínimos que a lo largo de la historia los empresarios han querido reducir. A eso le llaman “flexibilización laboral”, que no es más que su necesidad de perforar esos límites mínimos para aumentar sus ganancias.

La dictadura militar, primero, y los años noventa, después, fueron su demostración reciente. Respecto de la salud de los trabajadores, el ataque se dio a través de la “privatización” del sistema, creando las ART, sociedades anónimas cuyo lógico objetivo es ganar dinero. Tan absurdo es el sistema creado en 1995 que esa ley ostenta el récord de inconstitucionalidades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Una de sus primeras observaciones fue la incompatibilidad de las comisiones médicas con el derecho de los trabajadores a obtener una reparación justa si sufren algún daño en su salud. El discurso oficial ubica en los juicios laborales el problema a solucionar. Paradójicamente, el modo de disminuirlos que impone radica en darles nuevo impulso a esas inconstitucionales comisiones. Partiendo de premisas falsas es natural arribar a conclusiones igualmente falsas.

Lo que provoca los reclamos judiciales de los trabajadores lesionados no es su ánimo litigante sino el hecho de que se accidentan. Dicho de otro modo, la única forma de disminuir los reclamos es reducir los accidentes, no cambiar el procedimiento del reclamo. Suele perderse de vista el verdadero punto de la discusión acerca de la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo: hacer efectivo el derecho de un trabajador a volver a su casa sano.

Desde esa perspectiva entonces, debemos ubicar las verdades causas de los accidentes y las enfermedades laborales para así evitarlos. Hace cien años Alfredo Palacios decía: “No conocemos desgraciadamente todavía, debido a la forma social que rige, la máquina amiga; sólo sabemos del monstruo de hierro, implacable, que aminora el esfuerzo muscular, es cierto, pero que exige en cambio el esfuerzo de atención, que provoca el automatismo corporal, haciendo que el ritmo orgánico se adapte al ritmo mecánico”. Aún hoy el avance de la tecnología no está al servicio del hombre y de la mujer que trabajan, sino de la productividad. Es más barato pagar un seguro a una ART que invertir en prevención, pero reducir los costos laborales no puede ser la consecuencia de que los trabajadores dejen su salud en la fábrica o la oficina. Por eso el sistema es perverso y funcional a los accidentes, y la necesidad de su reforma es mucho más profunda.

Los empleadores son responsables de evitar los accidentes, pero si los trabajadores tienen el poder de controlar, los accidentes se reducen. La experiencia de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene es una demostración de ello. Gran parte de las víctimas de los accidentes son los trabajadores subcontratados, tercerizados o precarizados, que no tienen el poder de negarse a hacer una tarea riesgosa sin los elementos de seguridad necesarios, o frente a una máquina defectuosa. Es ahí donde los delegados de prevención o el Comité Mixto puede intervenir para evitar el daño en la salud del trabajador. Pero eso implica para el empleador, en su lógica, perder poder a manos de los trabajadores, y costos de inversión en máquinas seguras y elementos de trabajo. El Secretario de Empleo de la Nación afirmó a comienzos de año que el mercado de trabajo naturalmente “come y descome trabajadores”. Se trata de una metáfora horrible, pero aún en esos términos, el objetivo es que de ese proceso gastrointestinal, los trabajadores salgan ilesos.

* Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). 

Costos laborales o derechos

Por Marta Novick *

En una economía con síntomas de estancamiento donde se reduce un 5 por ciento el PBI industrial, cierran empresas, cae el consumo, aumentan las tarifas de los servicios públicos y crece el desempleo, llama la atención que se vuelva a plantear la reducción de costos laborales como incentivo para la creación de trabajo. Más allá de la necesidad de plantear el debate sobre el conjunto del sistema tributario y su papel en la distribución del ingreso, esta propuesta acotada a los trabajadores y a sus derechos no sólo parece repetida, sino centralmente ineficaz, tanto para la creación de empleo, como para el aumento de la productividad y la necesaria mejora de la competitividad. 

El trabajo, como señalaba el sociólogo francés Robert Castel, es el  “vehículo concreto sobre cuya base se erigen los derechos y deberes sociales, las responsabilidades y el reconocimiento, al mismo tiempo que las sujeciones y coacciones” y es, a su vez, el principal mecanismo de transmisión de la economía a los hogares, ya que constituye la fuente principal de generación de ingresos para la mayoría de los individuos.

Durante la primera década del siglo XXI, en América Latina hemos asistido a una resignificación del concepto de trabajo, al mismo tiempo que a un crecimiento del empleo, sobre todo del registrado en la región. Siendo el continente más desigual del mundo, se ha podido reducir la desigualdad por el aumento del empleo de calidad, crecimiento de los salarios reales y una fuerte recuperación de las instituciones laborales. Por lo tanto, genera sorpresa  que volvamos a un debate remanido, estudiado y saldado por múltiples  investigaciones nacionales y de diversos organismos internacionales sobre el eventual crecimiento del empleo si se reducen los costos laborales o si, para no mencionar un término manoseado y con múltiples significados como flexibilidad laboral, se verifica una pérdida de derechos laborales.

Los resultados de diferentes estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la CEPAL y la OIT señalan que la flexibilidad puede generar –con suerte– efectos positivos de creación de empleo en el corto plazo, pero en el medio y largo atacan y deterioran las condiciones de trabajo. La reducción de los costos laborales se transforma entonces en una trampa, estableciendo un círculo vicioso de desempleo y trabajo precario y, por lo tanto, en un aumento de la desigualdad. Estos estudios muestran que el empeoramiento distributivo tiene mucho que ver con la desregulación del mercado de trabajo (“una carrera hacia el fondo”), con la pérdida de importancia del poder de negociación de los trabajadores. 

Entonces, si ya se sabe que desregular no crea trabajo y además aumenta la desigualdad, situación que en el largo plazo complica el crecimiento; ¿cuál es la lógica del debate actual? ¿Por qué insistir con políticas vetustas del siglo XX? ¿Por tozudez que refleja carencia de ideas? Ello no descarta que, en algunos casos, haya que corregir distorsiones, excesos o desequilibrios, pero eso es privativo de la negociación colectiva que son acuerdos entre trabajadores y empresarios. La realidad argentina muestra que los sectores más rentables o de mayor productividad pagan salarios altos porque pueden hacerlo.

En síntesis, creemos que la generación de empleo genuino y mayor competitividad de la economía argentina debe darse en base a  la innovación, a la inversión, en particular en ciencia y tecnología, a la educación continua de calidad para el desarrollo de competencias del conjunto de los trabajadores y de la ciudadanía toda para una mayor equidad; a mejoras en la organización del trabajo y a organizaciones productivas más eficientes, a políticas que luchen contra la segmentación del mercado de trabajo y no a un modelo basado en la disminución de los derechos  del trabajo y aumento de la desigualdad. Alemania no baja ni sus costos salariales ni los no salariales, tampoco países más equitativos como los nórdicos. Nuestra competitividad debe ser por la “vía alta” y no por la “baja”, desvalorizando al trabajo y a los trabajadores. 

* Directora del Centro de Innovación de los Trabajadores-Conicet-UMET.