En un claro mensaje a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio del Interior, las autoridades supremas de la Justicia electoral establecieron que ninguna innovación tecnológica o con pretexto tecnológico podrá alterar la legalidad del sistema de escrutinio vigente y permitir fraude o sospechas de fraude.

La Cámara Nacional Electoral emitió una acordada con la firma de Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía en la que, con elegancia, primero parece elogiar el entusiasmo del Poder Ejecutivo por la modernización pero luego repite cómo deben ser las cosas: iguales que hasta ahora.

La parte resolutiva está escrita bajo la forma de criterios para la capacitación de autoridades de mesa. Abarca también a los delegados de la Justicia Nacional Electoral, los agentes del Comando General Electoral y del Correo Oficial y los fiscales partidarios.

El procedimiento que será explicado y aplicado en las elecciones nacionales constará de cuatro pasos.

El primer paso se dará cuando termine la votación en una mesa. El presidente completará el Acta de Escrutinio y la firmará con el vicepresidente o vocal auxiliar y con los fiscales que estén presentes. Ese acta será depositada por el presidente en el sobre bolsa o bolsín junto con otros documentos: las actas de apertura y cierre del comicio y los sobres de votos recurridos o impugnados.

En el segundo paso, el presidente de mesa transcribirá los resultados del acta al telegrama. Lo firmarán él, el vice o vocal y los fiscales. Una vez firmado, entregará el telegrama al agente del Correo. Mientras tanto, el presidente permanecerá en la mesa de votación “en custodia de la documentación, urna y materiales”.

En el tercer paso el presidente de mesa deberá confeccionar un certificado. Lo firmará de la misma manera que los documentos anteriores y lo introducirá en la urna junto con las boletas y los sobres utilizados. La urna será cerrada y fajada. El Correo la llevará a la justicia nacional electoral.

El cuarto paso será la transcripción de los resultados del acta de escrutinio en los certificados que serán entregados a los fiscales partidarios que los soliciten. Esos documentos también deberán estar firmados como los otros.

En los considerandos, Corcuera y Dalla Vía escribieron que el punto clave es “el recuento provisional de resultados”, y ello “en virtud de la incuestionable trascendencia que el mismo tiene en la formación de la opinión pública sobre la legitimidad de las elecciones”.

Magistrados y magistradas de la Justicia electoral de diversas instancias consultados por Página/12 coincidieron en destacar que la Cámara buscó asegurar la vigencia del actual sistema de recuento provisional para preservar el eventual chequeo de votos válidos si hubiera después algún conflicto en el conteo final. En cuanto al párrafo sobre la legitimidad, la interpretación fue que la preocupación de los jueces es que ni haya fraude ni que parezca remotamente que lo hubo.

La acordada constata que el Ministerio del Interior ya informó que quiere incorporar “innovaciones tecnológicas que permitirán la digitalización y transmisión de los telegramas desde los propios establecimientos de votación”.

Recuerda el texto que en acordadas anteriores la Cámara Nacional Electoral solo admitía la incorporación de innovaciones dentro de “un esquema distinto de distribución de responsabilidades institucionales sobre el escrutinio provisional sustancialmente diferente del que ha elegido el Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante ese proceso”. El conteo provisional nunca fue cedido a la Justicia electoral y sigue siendo competencia del Ministerio del Interior. En traducción a la práctica: si el Ejecutivo altera un método y a su vez mantiene su papel definitorio, estará siendo juez y parte. Se autocontrolará. Y si modificara el sistema de recuento provisional para eliminar un paso, directamente estará liquidando todo control externo por parte de las fuerzas políticas.

El Poder Ejecutivo actúa en estos asuntos a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, del vicejefe y secretario de Modernización Andrés Ibarra, del ministro del Interior Rogelio Frigerio y del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales Adrián Pérez. Los cuatro son los receptores implícitos de la acordada.

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