Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la modificación por decreto de la política migratoria y alertó sobre su impacto en materia de derechos humanos. “Esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria”, afirmó su directora, Mariela Belski. El organismo rechazó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien “de manera discriminatoria y generalizada vinculó a la población migrante de origen boliviano, peruano y paraguayo con la droga y el narcotráfico”, y marcó la contradicción de las decisiones del gobierno de Mauricio Macri con el compromiso de eliminar políticas migratorias discriminatorias suscripto por Cancillería en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”, señaló Amnistía en un comunicado. Recordó que, si bien los Estados se reservan la potestad de decidir su política migratoria, “no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
“Reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error”, afirmó Amnistía, cuyos representantes se reunieron días atrás con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y le manifestaron su preocupación ante una reforma que “desde su origen resulta inconstitucional”. También les enviaron cartas a los embajadores de Bolivia, Perú y Paraguay por las declaraciones de Bullrich, quien interpretó estadísticas a piacere para criminalizar a personas migrantes.
“A diferencia de la legitimidad conquistada por la Ley de Migraciones, que atravesó un amplio debate y tuvo un gran consenso a nivel local y mundial, el uso de una herramienta de carácter excepcional como un decreto de necesidad y urgencia se instala en la vereda opuesta”, destacó Belski. “Esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria. El endurecimiento de leyes por la vía del decreto no es la vía apropiada para un gobierno que pondera y valora el diálogo”, marcó la contradicción.
“Llama la atención que estas políticas se desarrollen a la par que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el marco de la Declaración Política Internacional de la Celac se comparte un compromiso regional diferente”, advirtió Amnistía. Uno de los párrafos de ese compromiso suscripto por la canciller Susana Malcorra sostiene la decisión de “eliminar políticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región”. Otro destaca la importancia de una “visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino”.
