PáginaI12 en Venezuela

Desde Caracas

Nicolás Maduro anunció un plan especial de electricidad por treinta días, “un régimen especial de administración de cargas que permitirá equilibrar el sistema eléctrico nacional”. Lo afirmó el domingo por la noche, luego de una semana marcada por apagones sucesivos que pusieron a gran parte de la población en una situación contra las cuerdas para resolver problemas cotidianos, en particular uno: el agua. Y ayer el mandatario calificó la situación de emergencia grave.

“Este plan tendrá especial énfasis en no afectar la energía necesaria para garantizar el suministro de agua potable”, destacó en el anuncio. También declaró que las actividades escolares seguirán suspendidas hasta hoy y que las jornadas laborales serán hasta las 14 horas, tanto en instituciones públicas como privadas. Maduro nombró a Igor Gavidia León como nuevo ministro de Energía en reemplazo del general retirado Luis Motta Domínguez. 

El ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, afirmó por su parte que el gobierno está haciendo frente a “ataques multiformes al sistema eléctrico”, que generaron “daños de consideración en el patio de transmisión de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en El Guri, y en el entramado de las líneas de transmisión, así como en los procesos de conexión y automatización del funcionamiento de las máquinas de generación del proceso de generación y en la distribución de la corriente eléctrica”. El cuadro es complejo, y las respuestas no serán inmediatas. 

Las imágenes predominantes del domingo y ayer fueron de gente y gente con botellones de agua buscando como llenarlos. En tiendas con venta de agua, llenaderos (donde llenan los bidones), manantiales al pie del cerro que bordea el valle de Caracas, río arriba –donde también mucha gente fue a bañarse– en tomas de agua improvisadas en túneles, urbanizaciones, caños quebrados para resolver. La pelea por el agua fue permanente, la capacidad de los operativos de cisternas del gobierno no logró dar abasto ante la dimensión de la demanda. Ayer por la tarde comenzó paulatinamente a restablecerse el suministro de agua en varios puntos de la capital y sus cercanías. 

La capital, así como varias partes del país, fue convertida en un escenario de esfuerzos individuales, familiares, colectivos por resolver las necesidades, tanto del agua como también del transporte. El gobierno de la alcaldía de Caracas habilitó rutas especiales en vista de la dificultad de movilidad por falta del servicio de metro, y se pusieron en marchas operativos de grupos de motorizados chavistas para llevar a la gente hasta su casa. 

En ese contexto se registraron protestas el domingo por la tarde y ayer. Algunas fueron promovidas por la oposición, para impedir por ejemplo el paso de camiones cisternas enviados por el gobierno y crear mayor dificultad para capitalizarla políticamente a través de escenario violentos. Se trata de un método utilizado en otras oportunidades, como en el 2017 y en particular en el 2016, donde la táctica fue la de generar focos de protesta en las cercanías del Palacio de Miraflores sin asumir la responsabilidad, creando así un intento de levantamiento popular sobredimensionado a través de un trabajo en redes sociales. 

Otras fueron en cambio una respuesta espontánea ante la situación de dificultad real provocada por la prolongación de falta de agua que, a diferencia de la luz, no ha regresado en varias partes en los últimos días. Cada día sin agua se traduce en un número mayor de dificultades.

Guaidó por su parte mantuvo la versión acerca de que los apagones serían producto de la corrupción, un incendio provocado por falta de mantenimiento y la incapacidad para resolverlo a organizarse por “cuadra, sector, barrio”, y sentenció una conclusión que reside sobre todo en el orden del deseo y la propaganda: “Se acabó el mito, la leyenda, de que los sectores populares los respaldaron alguna vez”.

Ratificó su llamado a la movilización del 6 de abril, denominada como “simulacro de la operación libertad”, una acción de la cual hasta el momento no ha dicho cómo será, aunque anunció que se crearán “comandos de ayuda y libertad”. También pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ponerse de su lado, y afirmó que la llegada de Marines norteamericanos es una posibilidad. 

Ayer también se supo de la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que resolvió ratificar la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto culmine la investigación iniciada el 29 de enero, la prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano (ver aparte). La Sala dictó también una multa de 200 unidades tributarias debido al desacato de la orden de prohibición de salida, y ordenó remitir copia certificada de la decisión al presidente de la ANC “a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria en su condición de diputado a la AN”. 

Son entonces varios tiempos en simultáneo los que se viven en Venezuela. Los que marcan la cotidianeidad de dificultades materiales y la búsqueda de su resolución, los que tienen que ver con los intentos de Guaidó de retomar una iniciativa política que ha venido en descenso, los del gobierno por dar respuestas en cada uno de los planos, los más urgentes materiales, así como la amenaza siempre latente debido al esquema del asalto al poder planteado por la oposición. Y detrás, o como dijo el canciller Jorge Arreaza, adelante: los Estados Unidos. 

La cotidianeidad se asemeja así a una cuerda tensa, muy tensa, que sin embargo no parece cerca de romperse.