Las cifras de violencia institucional, en exponencial crecimiento, colocan al gobierno de Cambiemos como el más represivo de la democracia, con una persona asesinada cada 21 horas. Sin embargo, los funcionarios macristas del área de Seguridad buscan expandir este récord más allá de las fronteras nacionales, sin que importen las consecuencias diplomáticas de sus actos. Por caso, la delegación de Pakistán de Futsal que venía a competir en el Mundial Misiones 2019 de esa disciplina fue deportada el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por cuestiones de “seguridad nacional”. Salvo un problema con las visas de los jugadores, que se cargó su esfuerzo e ilusión por participar de la competencia internacional, no había razón alguna para impedir que ingresaran al país. Este episodio, al igual que la detención de los arquitectos chilenos (ver nota central), se enmarca en la persecución de un supuesto enemigo externo y también interno que aplica Patricia Bullrich y que la llevó a decir que las fuerzas de seguridad primero deben disparar y luego preguntar, y que se les cree a pesar de que hayan cometido incluso asesinatos por la espalda. En los hechos, reprimen mapuches por ser presuntos usurpadores de Benetton y la justicia determina años más tarde que no lo son; los detienen acusados de disparar en Villa Mascardi a la Prefectura y los peritajes confirman que nunca hubo un “enfrentamiento” cuando los Albatros de esa fuerza asesinaron a Rafael Nahuel allí; allanan con mucha prensa la casa de dos hermanos musulmanes en Floresta acusados de “terroristas”, van presos hasta que se cae el montaje y terminan libres y sobreseídos. 

Lo ocurrido con los deportistas paquistaníes fue una decisión que habría obedecido a “un error de la Embajada argentina, que no subió el detalle de los visados al sistema”, según declaró Malik Adnan, un representante de la Federación de Fútbol Sala del país asiático. En principio, siete integrantes del equipo de Pakistán fueron retenidos en Dubai, mientras que el resto de los jugadores arribó a la Argentina y fueron deportados “en menos de una hora”, según consignó un informe del sitio Olé. “Estamos esperando a la delegación en Lahore porque el equipo ha sido deportado. El embajador ha aceptado el error y ha sido convocado para mañana por el Foreign Office. Pero eso no nos ayudará porque ya nos hemos perdido la Copa del Mundo”, agregó Malik. Nadie fundamentó cuáles habrían sido las razones de “seguridad nacional” que motivaron la deportación. El equipo paquistaní tenía previsto debutar mañana ante Brasil, en la localidad misionera de Montecarlo pero la Confederación Argentina de Fútbol Sala (CAFS) informó que no habrá reemplazante para el equipo paquistaní “porque el hecho sucedió a menos de 48 horas del comienzo del Mundial”.

A fines del año pasado, los hermanos Abraham Salomón pasaron 22 días presos por una denuncia de la DAIA basada en un anónimo, que los acusó de tenencia de arma de guerra y acopio de armas y municiones. A pesar de que explicaron que la pistola Mauser era una herencia familiar, estuvieron tres semanas privados de su libertad hasta que finalmente hace pocas horas fueron sobreseídos por el juez federal Sebastián Ramos. El Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich había anunciado con mucha pompa la detención de los jóvenes después de los allanamientos a su casa, y llegó a decir que “serían partidarios del grupo terrorista Hezbollah y habrían recibido entrenamiento militar en distintos viajes por Medio Oriente”. El abogado de Axel y Gamal, Ismael Jalil, desde un primer momento advirtió que se trataba de “un burdo armado para el G20” que se caería, mientras la comunidad árabe denunciaba que la detención de los Abraham Salomón era “un mensaje de disciplinamiento” hacia todos ellos. “Somos musulmanes, no terroristas. Las armas fueron herencia de un abuelo y estaban guardadas. Pero no me voy a ir del país ni voy a negar mi religión. Somos argentinos, tengo un primo que fue a la guerra de Malvinas”, dijo su padre. 

Tampoco hubo prueba alguna en contra de los dos venezolanos, un paraguayo y un turco detenidos tras la represión a la protesta contra la sanción del Presupuesto, en octubre pasado. Sin embargo, la foto de éste último abrazado a la estatua del Che en Córdoba o un posteo sobre Hugo Chávez publicada por un matutino ejerció de juicio sumarísimo. Y en ocasión del operativo por el G20 acusaron a dos personas mostrando supuestas bombas molotov hechas con botellas de vino Dadá y whisky Ballantines, además de detener a dirigentes del FIT por “portación de handys”.

No conforme con haber caracterizado como enemigo interno a los pueblos originarios que reclaman por su derecho ancestral a la tierra, el gobierno también ejerció una sistemática, desprolija y arbitraria persecución a extranjeros sospechados de supuesto terrorismo sin pruebas o con bases absurdas. A la doctrina Chocobar/Bullrich no parecen entrarle las balas. Todo comenzó allá por diciembre de 2015, cuando la blindada ministra dijo en un comunicado oficial que la represión a los despedidos de la avícola Cresta Roja había sido motivada porque “un infiltrado del PO pretendía tomar (sic) el aeropuerto de Ezeiza”.