El Ministerio de Salud de San Juan anunció que se realizó la interrupción legal del embarazo a una niña de 11 años que había sido violada por su padrastro, y que desde el 28 de marzo, luego de que contara a sus docentes que había sido abusada, se encuentra internada en el Hospital Rawson. La intervención, explicó el Ministerio en un comunicado dirigido “a la población en general”, se realizó “a solicitud de las Asesoras de Menores y Personas con Discapacidad del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de San Juan”, Patricia Sirera y Laura Romarión. Las asesoras confirmaron también la intervención en una conferencia de prensa brindada poco después de las 11.30.

Este diario pudo saber que el pedido de la ILE fue formalizado el domingo pasado, con las firmas de la niña, el abogado que le fue asignado por el Estado y las asesoras de Menores. El comunicado del ministerio detalló, también, que la niña está “en recuperación, y acompañada y contenida por el equipo interdisciplinario de profesionales (psicólogos, trabajadores, sociales, médicos) del referido nosocomio”. La madre y el padrastro de la chiquita se encuentran detenidos, ella sospechada de encubrimiento y él, por el abuso.

La provincia de San Juan nunca firmó su adhesión al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que el comunicado enfatizó que se trataba de un caso “contemplado en los supuestos del artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal”.

La ILE se solicitó “por el derecho a la vida, fundamentalmente, porque corría riesgo su vida. Después porque es su derecho, el derecho que ella tiene para, después de ser víctima de una violación, para poder optar”, explicó en conferencia de prensa la asesora de menores Sirera. La funcionaria judicial contó que ella y su colega Romarión hablaron “personalmente” con la niña. “La hemos escuchado con la asistencia de una licenciada en psicología”, añadió la asesora de menores Romarión. La chica “manifestó de viva voz su deseo” de interrumpir la gestación. “Quería terminar con ese suplicio que estaba teniendo”, ratificó Romarión.

En el petitorio a la subdirectora del hospital, las asesoras de menores explicaron que “la niña carece actualmente de familiar directo que válidamente pueda prestar el consentimiento legal”, porque su madre “se encuentra detenida y vinculada a la causa” penal que investiga el abuso.

La gestación que cursaba la niña, y de cuya duración el equipo médico del hospital nunca informó para resguardar la privacidad, era producto de un abuso cometido por su padrastro. La situación había sido descubierta por las maestras de la escuela a la que concurre la niña: la chiquita se descompensó en clase, pero rechazó la asistencia médica en la sala de primeros auxilios; cuando finalmente la aceptó, explicó que su padrastro abusaba de ella. Sin embargo, su madre se negó a hacer la denuncia, por lo que las autoridades de la escuela presentaron el caso ante el Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas (Anivi), que depende del Poder Judicial y por lo que comenzaron las actuaciones.

El padrastro, que estuvo prófugo algunas horas, se encuentra detenido, sospechado de la violación, y la madre de la niña se encuentra también detenida pero por encubrimiento. Fuentes cercanas al caso confirmaron a este diario que, en el hospital, la nena no está en compañía de familiares, pero sí cuenta con “acompañamiento del cuerpo de profesionales de la salud”. “Está muy resguardada, no se puede acercar a la niña nadie que no tenga autorización de las asesoras de menores, y esa medida, que fue acertada, se ha cumplido”, detallaron.

La niña tiene una hermanita de cinco años, que quedó a cargo del área de Niñez del gobierno provincial. Está previsto que ambas declaren hoy, en cámara Gesell, para que continúe la investigación por el abuso.

Inicialmente, cuando quedó internada en el Hospital Rawson, la niña era representada por la asesora de menores Sirera. Sin embargo, poco después, el fiscal general de la Corte provincial, Eduardo Quattropani, decidió que el caso debía ser abordado por un “equipo de trabajo” para el que designó a la fiscal de la causa penal, Claudia Salica, las asesoras Sirera y Romarión por parte de la Justicia y los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Humano, por el Poder Ejecutivo.