Tras la protesta de la mayoría de los partidos políticos de la oposición (en especial del PJ) y una diplomática pero dura acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a dar marcha atrás con los decretos 54 y 55 de 2019 que modificaban parte de la legislación electoral. Para evitar que el papelón sea completo, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que en uno de sus artículos señala que esos cambios serán aplicables recién en las elecciones legislativas de 2021. De todas maneras, y si bien no entrarán en vigencia para esta elección, desde el peronismo adelantaron a Página/12 que continuarán con la denuncia judicial por inconstitucionalidad que tramita en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la jueza federal con competencia electoral. 

Como publicó este diario semanas atrás, prácticamente todos los partidos de oposición habían protestado ante la CNE por las modificaciones dispuestas en los decretos 45, 54 y 55 de 2019, que alteraban la normativa electoral y que habían sido publicados en pleno enero para que pasaran totalmente desapercibidos. El 45 cambiaba el voto de los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, el 54 el de las personas privadas de su libertad y el 55 el caso de las fuerzas de Seguridad abocadas a custodiar los comicios. Antes de los decretos, los 100 mil militares afectados a la custodia de las urnas no podían votar y tras la decisión de Macri lo harían entre siete y doce días antes. Los 4 mil presos habilitados para votar sí podían sufragar pero lo hacían el mismo día de la votación. Macri había dispuesto que lo hicieran previamente, en el mismo plazo que las fuerzas de Seguridad encargadas de la elección. Todos los votos anticipados serían contabilizados recién en el escrutinio definitivo. Estas dos modificaciones son las que fueron postergadas hasta 2021, si es que la Justicia Electoral no las anula antes.

En cuanto a los residentes en el extranjero, éstos votaban hasta ahora en el consulado más cercano y el Gobierno dispuso que pudieran votar por correo. Deben enviar su voto en un sobre sin identificación y un mecanismo de identificación en otro sobre separado. Esta decisión afecta potencialmente a 360 mil residentes en otros países pero según fuentes oficiales sólo 14 mil personas ejercieron su derecho en 2017.  El PJ objetó que no podrán fiscalizar ni hacer ningún control de las identidades a la hora de votar. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene ésta modificación.

En paralelo, el Gobierno impulsa otro cambio clave: la documentación probatoria que debía elaborarse el día de la votación, lo que podía afectar la realización tanto del escrutinio provisorio como el definitivo. De tres papeles que debían confeccionarse, todo quedaba reducido a un "Acta de Votación", que sería escaneada y transmitida de manera electrónica desde los centros de votación al centro de cómputos. Así dejarían de existir el "acta de apertura y cierre", y el "certificado de escrutinio", que llevaba la firma tanto de las autoridades de mesa como de los fiscales. El nuevo documento que pretendía impulsar el gobierno, denominado "Acta de Votación", sólo sería rubricado por las autoridades de mesa, sin intervención de los representantes de los partidos. “Si no tenés elementos en papel suscriptos por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios no tenés elementos de prueba para hacer el escrutinio definitivo en la Justicia”, alertó a este diario uno de los participantes de la reunión de Consejo Consultivo que realizaron los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera a fines de marzo.

En el encuentro con los camaristas, los representantes de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando vieron que el Presidente estaba modificando legislación electoral mediante un decreto simple. Más aún cuando el Congreso requiere de mayorías especiales para hacer cambios en esa materia. Con la diplomacia que la caracteriza, la CNE recogió los planteos realizados por los partidos políticos (y también por jueces federales electorales realizados en los encuentros del 6 de diciembre de 2018 y 25 de febrero). Emitió el viernes pasado una acordada en la que elogiaba los intentos del Gobierno por "incorporar tecnología" en el proceso electoral y recordaba que es una postura que ellos han acompañado desde siempre. Sin embargo, ratificaba sus atribuciones sobre la realización del escrutinio definitivo (el provisorio continúa en manos del Ministerio del Interior pese a los eternos reclamos de creación de un órgano independiente del PEN) y mantenía la necesidad de elaboración de la documentación establecida en la legislación vigente. En concreto, le decía que hiciera los cambios en la transmisión del telegrama pero le aclaraba que no se metiera en la confección de esos documentos.

El golpe afecta a la cartera que conduce Rogelio Frigerio, encargado del proceso electoral, y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, quien se había reunido con los apoderados de las fuerzas políticas el 22 de febrero, a más de un mes de publicados los decretos. Fuentes del ministerio ratificaron que avanzarán con el escaneo y la transmisión electrónica, aspecto criticado por distintos especialistas en informática.

Por lo pronto, el Gobierno tiene hasta el viernes para responder en el juzgado de Servini de Cubría, quien le dio curso al planteo realizado por el PJ. El fiscal del caso es Jorge Di Lello.