La experiencia de la pareja de arquitectos chilenos que había sido detenida en Palermo por la Policía Aeroportuaria de Seguridad y trasladada a Córdoba, acusada de pertenecer a una célula terrorista que atentaría en el Congreso Internacional de la Lengua Española con un explosivo sin explosivo, cambió luego de que el juez federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, decidiera la falta de mérito (no los procesó) y su inmediata libertad. El juez dispuso que hasta desanudar el episodio de la caja de bafles, entender qué es lo que había disparado el alerta y si tenía sentido o no la denuncia, correspondía que permanecieran con la prohibición de salir del país. Durante la mañana, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, imbuída del informe policial antiterrorista, había considerado que existían pruebas suficientes para procesarlos por el delito de tenencia de materiales explosivos que prevé penas de entre 5 y 15 años. Unas horas antes, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad Nacional de Córdoba, reclamaron indignadas la inmediata libertad de sus invitados (uno de ellos, Felipe Zegers, había sido convocado para dar un taller sobre intervenciones callejeras, durante el que utilizó el equipo luego considerado un explosivo) y distribuyeron imágenes de la puesta de la intervención callejera. 

La fiscal había centrado su pedido de imputación en el artículo 189 bis del Código Penal, cuya letra impresiona: “El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años.”

El grupo Antiterrorista de la policía de Córdoba no encontró explosivos aunque hizo estallar la caja con una detonación controlada. Después del escándalo, Patricia Bullrich no hizo referencia a la sorprendente detención, pero su segundo, el secretario de Seguridad Gerardo Milman, sostuvo que “la policía utiliza canes antiexplosivos” y los perros “hacen una marcación en el lugar pasiva. Quiere decir que en ese momento no hay explosivos, pero sí pudo haberlos en momentos anteriores”. La lectura de la marcación, claro, es interpretación de los propios policías en acción.

El proceso kafkiano recorrido por la encumbrada pareja de arquitectos y artistas chilenos, Gabriela Medrano Viteri y Felipe Zegers, es una radiografía de los alcances de los discursos que disparan la paranoia en la sociedad. El hallazgo de una caja “rara” por la presencia de cables y dos bafles, que “quizás podría” ser una bomba, disparó un alerta por atentados con un protocolo que el propio juez defendió como actuación, aunque la interpretación de los gestos de un par de perros, que activa el protocolo y las decisiones posteriores, estén profundamente marcadas en caso de haber o de no haber clima de paranoia. De la diferencia entre uno y otro estado pueden depender horas (o años) de angustia en una celda, la encrucijada kafkiana que pueda deparar la burocracia judicial, y hasta la muerte por actuación policial.

Después de escuchar el extenso relato de la pareja –en una indagatoria a la que asistió la defensora oficial Mercedes Crespi, pero no la fiscal pese a haber sido quien la solicitó–, Vaca Narvaja sostuvo que “la libertad de expresión se halla ampliamente resguardada”, que “surge una fundada duda” respecto a las acusaciones planteadas y que “no existen méritos suficientes ni para procesar ni para sobreseer a los imputados”. Y dispuso su “inmediata libertad”.