Los mas optimistas celebraron la noticia como si fuera la primera batalla ganada a los gigantes de Silicon Valley, a los que dejaban “en jaque”. ¿El argumento? Que Facebook, YouTube, Google y otros monstruos de Internet iban a tener que empezar a pagar por el contenido de otros que utilizan sus buscadores y plataformas en Europa. Los más críticos, sin embargo, alzaron sus voces señalando que se trataba del certificado de defunción de los autores y medios pequeños y alternativos, que ahora verán cercenada la “libre” difusión de sus obras. La aprobación de parte del Parlamento Europeo de una disposición que protege los derechos de autor y obliga a los buscadores y agregadores de noticias a celebrar “acuerdos” por la utilización de contenidos dividió aguas en la manera en que los diferentes medios dieron cuenta de la reforma. ¿A quién beneficia y a quién perjudica realmente esta disposición europea? ¿Nace un nuevo ecosistema en Internet? Interrogantes que distintos especialistas argentinos, reunidos por PáginaI12, intentan dilucidar en medio de la siempre viscosa búsqueda de regular Internet.

Tras más de dos años de debate y de presiones cruzadas, el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una reforma que fue presentada por sus impulsores como una norma que protege la propiedad intelectual de todo el material que la corporación de Internet utiliza “libremente” en sus buscadores o agregadores de noticias. Fue la respuesta que la política encontró para que autores, periodistas y medios -sólo en el ámbito de la Unión Europea- reciban una remuneración de las grandes empresas que se valen de sus obras y contenidos para generar no sólo tráfico sino también ingresos publicitarios: el 80 por ciento de la publicidad global en Internet se la llevan los grandes buscadores estadounidenses. 

Sin embargo, la disposición –que cada país deberá implementar dentro de los próximos dos años– corre riesgo de volverse contraproducente a ese supuesto espíritu de “redistribución”. Google fue el primero en mostrar los dientes, al expresar que no está dispuesto a celebrar acuerdos de ningún tipo, amenazando directamente con no subir las noticias a Google News de medios europeos que exijan una contraprestación económica. Los más críticos señalan que por el temor a violar la normativa la circulación de contenidos –sobre todo de los medios más pequeños o alternativos– se vería afectada por la “sobreprotección” que las grandes compañías impondrán a sus “algoritmos” y “filtros” preventivos, cercenando la circulación de material. Una directiva que, como se aprecia, tiene implicancias no sólo económicas sino también culturales y políticas.

“La normativa es un reconocimiento de la necesidad de revisar las reglas de juego presentes, pero también un síntoma de la impotencia para resolver las tensiones creadas entre los múltiples actores sociales, culturales y corporativos que participan de ese circuito productivo, porque una parte de la nueva directiva puede puede restringir la circulación amplia de información y puede concentrar aún más el control, la censura y la autocensura de carácter privado en Internet”, le explica a PáginaI12 el especialista Martín Becerra, investigador principal del Conicet, en relación a que a partir de esta reforma las grandes plataformas están obligadas a vigilar los contenidos que los internautas comparten en sus espacios, para “censurarlos” en caso de que detecten si se está publicando obras protegidas por derechos de autor.

Si bien el también profesor UBA y UNQ considera “lógico” el reclamo de los creadores de contenidos informativos y culturales de ser remunerados y de participar de la amplia circulación de sus obras, percibe que la disposición aprobada puede transformarse en un boomerang para la libertad de circulación y expresión. “El hecho de tercerizar el control de la legalidad de los contenidos en los gigantes digitales que son verdaderos gatekeepers del acceso social es problemático. Hoy esa función la ejercen (mediante algoritmos sesgados y también con intervención humana, igualmente sesgada) con enorme discrecionalidad, sin auditoría pública y, lo que es más grave, sin mecanismos transparentes para que el usuario pueda apelar remociones y censuras improcedentes. Por eso digo se reconoce el problema, pero ofrecen una resolución más problemática aún”, subraya Becerra.

En la misma línea que el académico, la presidenta de Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, sostiene que la resolución es “negativa” para la cultura digital y la cultura del siglo XXI. “Hay –dice– un avance muy fuerte contra las nuevas formas culturales, contra la producción on line, los Youtubers, contra ese colectivo de gente que utilizando la tecnología produce o circula cultura de una forma novedosa. Es una normativa que refuerza un modelo económico y de derechos de autor basados en un diseño regulatorio del siglo XIX. Llevan el control hasta sus últimas consecuencias, con las copyright watch, que son máquinas de censura para limitar técnicamente y sin demasiado margen a la apelación, la forma en que una obra es resignificada, reproducida y compartida”. 

La Magister en Propiedad Intelectual descree del argumento de que la regulación va a beneficiar a los autores. “Es una forma –afirma, taxativa– de entregar mucho más poder a la concentrada industria del entretenimiento. Todos aquellos que están tratando de forjar una carrera novedosa, de abrirse camino, de desarrollar modelos alternativos de negocios, se van a ver obturados, porque los grandes buscadores van a ser extremadamente sobreprotectores”.

En ese sentido, Javier Pallero, coordinador general de Acces Now, una ONG de Derechos Humanos en Internet, no tiene dudas que la regulación “más que un retroceso es una oportunidad perdida”. En su opinión, no soluciona el problema ni tampoco democratiza la red. “Es necesario actualizar el marco de derechos de autor en la comunidad europea y también hay que regular los nuevos desafíos que enfrentan las industrias culturales y de noticias. Pero hacerlo con disposiciones tan extremistas como poner filtros automatizados, que son tan proclives a la censura, es una pérdida. La legislación pone toda la fe en algoritmos, y una máquina no entiende de contextos. Y las excepciones al derecho de autor que toma en cuenta la norma –como la sátira y la parodia, pero también para contenidos educativos– tienen que ser evaluados de acuerdo al contexto. Los algoritmos tienen la incapacidad para interpretar sin censurar. Y otro aspecto a considerar es que termina subrayando la dominancia de las plataformas de Silicon Valley, porque son las únicas que van a dar respuesta a escala. Aun cuando la directiva pone como excepción de su aplicación a las pequeñas empresas, lo hace de una manera vaga y muy poco conveniente. Eso será un incentivo para que las empresas europeas sean pequeñas. A las pequeñas las condenan al enanismo, mientras les aplican una regla pesada, a medida de los gigantes”.

Lejos de dinamitar el uso y abuso que los gigantes de Internet hacen de contenidos que no les pertenecen, la resolución podría terminar empoderando aún más a las grades compañías, al incrementar sus sistemas de sobreprotección de contenido. En esto hay coincidencia. “Hay –analiza Becerra– una confusión entre la legítima pretensión de discutir el dominio de los gigantes globales de Internet en la captura de la renta publicitaria por la comercialización de los contenidos producidos por las industrias culturales y de medios, y la delegación de mayor poder de decisión respecto de qué se exhibe o no en Internet que la nueva directiva asigna a esos gigantes digitales. En esta paradoja los medios tradicionales (con la excepción, probablemente, de los de mayor escala) no salen ganando”.

La posibilidad de que Argentina replique una regulación con tantos daños colaterales es un alerta que los especialistas coinciden como posible. “América Latina va a la saga de la Unión Europea. Los medios no hegemónicos en Argentina deberían considerar que una regulación de este tipo va a consolidar una acumulación de poder muy fuerte que tienen los grandes medios”, avizora Busaniche. Becerra cree, también, que por historia y tradición es probable que aterrice en estas tierras una regulación similar. “Las decisiones europeas son modelo para muchas otras regiones y para países cuyos procesos de maduración de los debates son más recientes o precarios. Además, los gigantes digitales suelen adaptar sus estándares de funcionamiento a las disposiciones más recientes y/o más rigurosas de Europa o de América del Norte, con lo que de facto esa regulación produce un efecto cascada en países de otras regiones, en particular en los países periféricos”.