En la misma línea de control social territorial que viene implementando en materia de seguridad la alianza Cambiemos desde que está en el poder, el vicejefe de Gobierno porteño, quien tiene a su cargo el Ministerio de Seguridad, Diego Santilli, anunció que la Ciudad de Buenos Aires implementará el próximo 15 de abril un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar y detener a personas que tengan pedido de captura judicial. De acuerdo con el funcionario, la idea es “que la tecnología ayude” a combatir el delito. Sin embargo, la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, afirmó que “esto implica un avance sobre las garantías de protección de la intimidad que tienen los ciudadanos. La vida privada de las personas no solo incluyen su esfera domiciliaria sino también el espacio público”, y advirtió, además, que este tipo de tecnología “funciona mal y produce muchos falsos positivos”.

Las cámaras de videovigilancia se han multiplicado en calles, estaciones de subtes y trenes, shoppings, edificios. Toda la ciudad convertida en un panóptico que el gobierno quiere potenciar “dada la capacidad instalada de cámaras y centros de monitoreo” que tiene la Ciudad, según anunció Santilli durante el Primer Congreso Internacional sobre delito transnacional que se celebra en la Legislatura porteña.

El vicejefe de Gobierno, quien no brindó muchos detalles del sistema, remarcó que la aplicación de esta tecnología sólo se usará para encontrar a personas requeridas por la Justicia. “Es solo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya 30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas”, afirmó el funcionario. 

Además, comentó que el sistema agilizará la búsqueda de material “forense”, es decir, las pruebas de un delito que antes requerían ser examinadas por un agente durante muchas horas y que ahora se harán de manera automática.

Santilli comparó esta implementación con la del “anillo digital” que escanea todas las patentes de vehículos que entran o salen de la Ciudad. “El anillo funciona de manera extraordinaria, donde la Policía de la Ciudad y de la Provincia trabajan juntas y 2 millones de datos se procesan por día”. Además, dijo que el gobierno sigue trabajando con la meta de “tener más policías en la calle”. 

Para Busaniche, se parte de la idea de seguridad “basada en la vigilancia permanente de todos los espacios. Y la vida privada de las personas no sólo incluye su esfera domiciliaria sino también en el espacio público. Por eso, ni el Estado ni los privados están habilitados a invadir esa privacidad. Los trayectos de circulación, la libre conversación con terceros, todo lo que se hace en el espacio público tiene una presunción de privacidad, que implica que el Estado no puede meterse en esas prácticas sin una razón justificada”.

Además, la especialista remarcó que “cuando una tecnología queda implementada para una cierta población-objetivo, termina siendo aplicada para todos. Impacta sobre toda la sociedad, independientemente de que el voluntarismo apunte a un grupo meta”. Y agregó que “es muy peligroso viendo cómo aplican las medidas represivas las fuerzas de seguridad. Sólo hay que recordar el caso de los arquitectos chilenos o los jugadores de Pakistan, y el discurso del miedo permanente que construye al otro como potencial agresor”.

Por otra parte, Busaniche sostuvo que la tecnología de reconocimiento facial aún esta inmadura y produce muchos falsos positivos, que terminan por invertir la carga de la prueba y obliga a los ciudadanos a probar que no son culpables. “Se implementó en Europa durante la Champions League el año pasado y dio resultados deplorables”, detalló.