Las asignaciones de los programas sociales perdieron un 40 por ciento de su poder adquisitivo en dólares entre enero de 2018 y marzo de 2019. Hace apenas 15 meses, quienes percibían esos ingresos –hoy unificados en Hacemos Futuro– recibían 237 dólares mensuales y en marzo apenas 140. Según los datos analizados por la licenciada en Ciencia Política y magister de Economía Política Julia Strada, integrante del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), para mantener el poder adquisitivo –lo que no implica que permita vivir– se requiere un aumento de 1095 pesos sobre esa asignación que está estipulada en la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, estipulado en 12.500 pesos a partir de marzo de este año, suma que fue adelantada porque estaba recién prevista para junio, y con la disconformidad de las centrales obreras.
Como responsable del distrito Tigre de la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (CTEP), Milca Sosa –también integrante del Ejecutivo Social del Movimiento Evita– asegura que los cambios en las políticas sociales son “perversos” y “afectan sobre todo a las mujeres”. “Hubo una reducción importante en monotributos sociales y suspensiones de pago en el caso de salario social complementario y del programa Hacemos Futuro. Generalmente fue por goteo, se fueron reduciendo mes a mes”, detalló. Sobre la afectación a las mujeres, habla desde la experiencia diaria: “Los beneficiarios están nucleados en las distintas organizaciones sociales, la mayoría de las personas que componen esos espacios, son mujeres”. Un problema esencial es que “Hacemos Futuro, dejó de ser un programa de capacitación laboral para ser un programa de formación, donde plantea que una vez que la persona termina su capacitación, debería egresar del programa. Logramos que se pueda canalizar con la contraprestación laboral que teníamos, y continuar con ese trabajo”, pero es cierto que las personas beneficiarias “están obligadas a terminar la primaria o secundaria, aparte de tener una cantidad de horas en un taller de carácter social y una alternativa de capacitación en oficios. Son tres patas de capacitación obligatoria que te implica el programa, lo que significa que te absorba el día completo, y te complique la posibilidad de tener una changa o ingreso alternativo, sumándole que la pata educativa está en conflicto, no en todos los lugares existe el Plan Fines”. Esa descripción deja a las claras que “todo apunta a un desgaste. Se ampliaron los requisitos, son excluyentes, no hay uno que plantee un criterio de inclusión”. Es decir que con la mitad de un salario mínimo, la demanda horaria es prohibitiva de otro tipo de actividades.
La transformación de programas con una perspectiva de género específica como el Ellas Hacen en una política general que es el Hacemos Futuro, generó críticas no sólo relacionadas con la pérdida permanente de ingresos sino también por los paradigmas que se ponen en juego. “La respuesta de política pública va al revés de lo que se necesitaría, por ejemplo con la cuestionable transformación del Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, en el Haciendo Futuro, que básicamente debilitó los elementos de promoción de asociatividad para emprendimientos productivos y reforzó los vinculados a la mejora en la educación y calificación, volviendo al paradigma de la solución individual a los problemas de empleo”, expresó Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del Conicet en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).
En la misma línea, la magister Cynthia Ferrari Mango, politóloga, becaria doctoral de Conicet, investigadora del Área Estado y Política Públicas de Flacso y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, detalla que “la concepción anterior era promover capacitaciones para fomentar el trabajo cooperativista. Hubo un período de transición, en el cual el programa atravesó algunos cambios, pero el gran cambio fue en 2018, cuando se unifican los tres programas (Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Barrios bonaerenses) en Hacemos Futuro”. Ese cambio tiene varias dimensiones. “Una es el tema de los intermediarios, ya sea los municipios como movimientos sociales y organizaciones sociales, que se eliminan o se intentan eliminar, para apuntar directamente a la relación Estado-individuo, que es lo que pretende este programa”. También señaló que se da en términos de una mayor burocracia, ya que al centralizar toda la información y gestión en Ansés, se pierde la “perspectiva territorial que revalorizaba la cuestión social”. En las unidades ejecutoras, las evaluaciones estaban a cargo de trabajadoras sociales. Un señalamiento muy preciso de Ferrari Mango es que “la lógica del programa intenta que la persona individual se forme para competir en el mercado laboral, y esto en un momento de retracción económica”. Entonces, se convirtió en un programa que apunta a lanzar a las personas individualmente a un mercado laboral hostil.
Estos cambios de paradigmas en las políticas sociales se dan en un contexto de aumento de la pobreza, donde las mujeres tienen otra vez las condiciones más desfavorables. De acuerdo con un estudio del CEPA realizado para el 8 de marzo, el 27 por ciento de los hogares argentinos con niñas y niños son monoparentales. Y en realidad, la palabra correcta es monomarentales, porque el 84 por ciento de esos hogares están a cargo de una mujer. Un dato que da cuenta de la feminización de la pobreza: de los hogares monoparentales, el 66 por ciento son pobres. Y sobre ese universo, el 60 por ciento tienen una jefa de hogar. “El hecho de que las mujeres carguen con todo el peso del cuidado de menores las deja en una posición desigual para la generación de ingresos y, además, se agrega un perfil de necesidades básicas adicionales. Estos hogares requieren del servicio de guarderías y/o niñerxs y tienen mayores costos logísticos, por las dificultades asociadas a la necesidad de congeniar el cuidado de menores con la generación de ingresos para sostenerlos”, dice el informe del CEPA.
Y sostiene que “desde las políticas públicas, puede reconocerse la importancia que la Asignación Universal por Hijo tiene para estas familias: el 47 por ciento de las mismas percibe la AUH como ingreso principal, en relación a los otros tipos de hogar”. Para la economista Corina Rodríguez Enríquez, “la mejora en el monto de la AUH será insuficiente toda vez que no se revierta el proceso inflacionario y nada de lo que hace este gobierno parece ir en el sentido de revertir esta tendencia”.