Mauricio Macri trata de infligirles a las sociedades civiles sin fines de lucro, el mayor daño posible antes del final de su mandato. Lo acaba de hacer con sus modificaciones al decreto 1212 de la Seguridad Social. En la representación simbólica de su status jurídico, lo primero que surge es que en los clubes se juega fútbol profesional. Una contradicción que nunca toleró el presidente de la Nación. Su concepción de ese tipo de asociaciones está muy clara: si dan plata, tienen que dar negocios. Y si es para los propios amigos, mejor.
Pero las instituciones son mucho más que eso. En sus sedes conviven en armonía los deportes amateurs con actividades sociales, culturales y educativas. Coexisten el atletismo, el handbol o el vóley con escuelas de nivel inicial o secundario. Y además, como quedó comprobado en estos tres años y pico de un gobierno devastador, sus socios e hinchas empezaron a tomar en sus manos una política de Estado clave desde 1983 para acá: la de derechos humanos, más allá de sus continuidades y rupturas.
Se demostró con el caso de Santiago Maldonado y en cada aniversario del 24 de marzo de 1976. A esas actividades que son la savia nueva de los clubes y las luchas que emprendieron sus asociados para defenderlas contra la imposición de las sociedades anónimas, se suma un dato imposible de soslayar. Cada cancha –por no agregar calles, parques y medios de transporte– se transformó en la caja de resonancia del repudio que genera el presidente. El hit del verano: “Mauricio Macri / la puta que te parió” es mucho más que eso. Se extiende a las cuatro estaciones.
Contra esas multitudes en continuo movimiento o muy activas en las redes sociales –y que sostienen los clubes con el pago de una cuota social–, van las medidas que el gobierno incluyó en el Boletín Oficial el 1º de abril. Un aumento en la alícuota del 6.5% al 7.25% para los aportes personales de los futbolistas y contribuciones patronales de los clubes al Estado. Además quedan alcanzados otros ítems donde las instituciones no tributaban antes.
Tampoco lo hacia su asociación madre, la AFA, que le entregó una nota crítica al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Deslizó que se le haría más cuesta arriba sostener el fútbol femenino profesional, como ya anunció.
La maniquea política del gobierno hacia las sociedades civiles –que incluye al eslabón más débil, los clubes de barrio– se aplica en simultáneo al premeditado vaciamiento del sistema previsional. La norma que firmó Macri señala que se “ha generado una situación crítica de desfinanciamiento de los regímenes de la seguridad social y de incertidumbre respecto de los derechos de los trabajadores comprendidos en este régimen, que es imperioso subsanar”. Lo que la Casa Rosada no dice es que echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar con la plata de los jubilados y los trabajadores el déficit que le propinó al Estado por la quita de retenciones al agro y mineras.
Esta política que desde el 1º de abril Macri impone mediante otro decreto será ejecutada como corresponde a un gobierno como el suyo. El secretario de Seguridad Social que entiende en el tema es Juan Carlos Paulucci Malvis, el ex subsecretario técnico y de Coordinación del Ministerio de Salud durante la última dictadura. “Un hombre de Gerónimo Momo Venegas, el dirigente del gremio de peones rurales” como informó este cronista en un artículo anticipatorio de lo que se vendría con los cambios al decreto 1212, el 17 de julio de 2017.
