El presidente de la corte suprema de Brasil anunció ayer el aplazamiento de las discusiones previstas para el próximo martes sobre un cambio de jurisprudencia que podría conducir a la liberación del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, que purga 12 años y un mes de cárcel.
La cuestión está relacionada con el mantenimiento de la norma que determina el inicio de la ejecución de una pena después de una condena en segunda instancia. Esa norma fue adoptada en 2016 por el Supremo Tribunal Federal (STF) por un estrecho margen de 6 votos a 5, pero hay magistrados que quieren revisarla en nombre del principio constitucional de la presunción de inocencia.
En caso de revisión, los sospechosos tendrían derecho a agotar en libertad todos los recursos legales disponibles (tercera instancia y STF).
El aplazamiento de los debates previstos para el martes 10 de abril fue comunicado por el presidente del STF, Dias Toffoli, que no fijó una nueva fecha. Toffoli atendió un pedido de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), que debido a un reciente cambio de su dirección, solicitó un plazo suplementario porque necesita estudiar y “enterarse del proceso”. La OAB e está en contra de la prisión tras la condena en segunda instancia. Todavía no hay información sobre una nueva fecha de juicio.
Lula de 73 años, fue condenado en julio de 2017 por el juez de primera instancia Sérgio Moro a 9 años y medio de cárcel por supuestamente recibir un apartamento de tres pisos (triplex) de lujo en Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de la promoción de intereses de la empresa OAS junto a Petrobras. Según la imputación, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, el exdirigente obrero tenía un papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato.
Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal. Aunque nunca pudo probarse que Lula era dueño o había comprado el triplex, Moro dijo que a falta de pruebas lo condenaba basado en sus íntimas convicciones.
Una corte de apelación confirmó en enero de 2018 el veredicto y agravó la sentencia a 12 años y 1 mes de cárcel, que el exmandatario de izquierda (2003-2010) comenzó a cumplir el 7 de abril en una prisión de Curitiba. Lula fue objeto de una segunda condena en febrero en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. Para los abogadores defensores, “Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos”. Lula considera que todos los cargos formulados en su contra en este y otros procesos son infundados y que solo pretenden impedir el retorno al poder del Partido de los Trabajadores (PT).
El próximo domingo, 7 de abril, se cumple un año de la detención de Lula. En ese marco movimientos populares y organizaciones políticas de Brasil y el mundo preparan actividades para exigir su liberación. Bajo el lema Jornada Internacional Lula Libre, se llevarán a cabo actividades y manifestaciones en más de 16 países, incluido Brasil, las cuales tendrán lugar durante toda la semana y hasta el 10 de abril.
Según los organizadores, “las manifestaciones dentro y fuera de Brasil van a denunciar el carácter político de la prisión del ex presidente Lula”. “El proceso difamatorio e injusto del cual Lula es víctima, genera indignación en Brasil y en otros países”, expresa un comunicado del Comité Lula Libre, que también informa que el caso del ex mandatario todavía es analizado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros tenemos la expectativa de realizar dos grandes actos nacionales. Un acto en Curitiba con líderes, una actividad cultural y una ceremonia religiosa el día 7 en frente de la sede de la Policía Federal [donde Lula está detenido]; y un acto en San Paulo el mismo día, para reunir a la gente que considera que la prisión de Lula es injusta y arbitraria”, precisó el coordinador de la Campaña Lula Libre, Igor Felippe. Al tiempo que llamó a que se organicen más actividades en solidaridad con Lula y en defensa de la democracia.
