Un fallo del juez Andrés Gallardo habilitó el funcionamiento de la feria de artesanías ubicada en la calle Perú del 1 al 135, entre Rivadavia y Alsina. El magistrado resolvió que el Gobierno de la Ciudad debe otorgar los permisos pertinentes y regularizar el funcionamiento de la feria. “Creo que esto sienta un precedente de cómo la Justicia puede reconocer un derecho tanto cultural como laboral”, opinó Gustavo Etimos, artesano que trabaja en la feria.
El titular del Juzgado número 2 en lo Contencioso Administrativo consideró que la actitud del Gobierno es “ilegítima y arbitraria” debido a que atenta contra el derecho de los artesanos a trabajar. Además, Gallardo resaltó que la Constitución de la ciudad obliga al Ejecutivo a promover “todas las actividades creadoras”, proteger y difundir las manifestaciones de la cultura popular y garantizar “la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios”.
Según contó Etimos a PáginaI12, el conflicto entre los feriantes y el Gobierno porteño empezó en 2004, pero se intensificó en 2008, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno. “Apenas asumió, vino la primera partida de policías con inspectores a sacarnos”, recordó el artesano y explicó que presentaron un recurso de amparo para frenar el desalojo.
El Gobierno de la Ciudad, en medio de las instancias judiciales, propuso mudar la feria de la calle Perú a la plaza Roberto Arlt, ubicada en la esquina de Rivadavia y Esmeralda. “Llevarla a Roberto Arlt era matar a la feria. Es una estrategia que tuvo el Gobierno, como está haciendo ahora con la calle Defensa, para trasladar algo que ya estaba instalado”, sostuvo Etimos.
El artesano aseguró que la administración de Horacio Rodríguez Larreta busca privatizar el espacio público y esto “implica prohibir actividades sociales y culturales que pueden ir en beneficio de la gente” para “su propio beneficio económico o el de sus cómplices”.
En el fallo, Gallardo sostiene que el Gobierno es arbitrario en sus políticas de espacio público porque, al mismo tiempo que desaloja artesanos, le permitió a la histórica confitería London City poner mesas y construir una estructura en la vereda. “El Gobierno se había puesto a levantar las baldosas y vi que en un momento habían puesto unas cosas de metal frente a la confitería. Se me ocurrió preguntarles a los de la London si iban a construir. Ahí nos enteramos de que nos sacaron media cuadra de lugar”, afirmó Etimos.
El artesano explicó que “ahora habrá algunos pasos administrativos y después se verá cómo se va a implementar el fallo”. “Falta un tiempo y va a estar la intención del Gobierno de apelar la medida. Pero todo este proceso está acompañado de lucha y resistencia”, aseguró.
Informe: Ludmila Ferrer.
