La Comisión Bicameral de Control de las Actividades de Inteligencia recibió ayer al máximo responsable de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal que involucra jueces, fiscales, legisladores, periodistas y funcionarios políticos. A puertas cerradas, Arribas negó cualquier vínculo con el aparato “paraestatal” de espionaje y desde la oposición consideraron que “es imposible que funcionara sin haber sido detectada” por las autoridades. Lo que sí admitió Arribas fue haber enviado dos agentes a hablar con el juez Luis Carzoglio, quien llevaba una causa contra Pablo Moyano.
“No puede ser que no hayan detectado la red de espionaje más grande que se conoce desde el inicio de la democracia y que implica a todos los poderes del Estado, al Parlamento a través de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, a la Justicia y a los fiscales y a los Ministerios de Justicia y de Seguridad”, aseveró, en diálogo con PáginaI12, uno de participantes de la reunión en el Congreso, al tiempo que agregó que Arribas, quien concurrió acompañado por su segunda, “se abroqueló en una posición defensiva y negó todo”.
Lo que sí reconoció el titular de la AFI fue que efectivamente le envió dos funcionarios al juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, para que adelantara cuál iba a ser su sentencia sobre la situación del dirigente camionero Pablo Moyano, en la causa que investiga su rol en el club Independiente. Arribas argumentó que lo hizo “para prevenir paros y disturbios que podrían desatarse en caso de que sea condenatoria”. Es decir, que el funcionario admitió haber cometido una ilegalidad. Además, confirmó que, entre otros, el policía Ricardo Bogoliuk y el ex espía Rolando Barreiro trabajaron para la AFI.
El encuentro tuvo momentos de tensión, cuando los funcionarios se cruzaron con los legisladores que hicieron preguntas puntuales. Sin embargo, algunas declaraciones de los funcionarios de la agencia de inteligencia provocaron “risas socarronas” en la oficina del sexto piso del edificio anexo del Senado. “Dijeron que no intervenían en ninguna causa, excepto que hubiera una orden judicial”, señaló un legislador.
Desde la oposición consideraron que la exposición de Arribas abonó aún más la tesis de la existencia de “una red de espionaje que cuenta con el aval del Estado” y que termina con el falso abogado Marcelo D’Alessio. Por su lado, el diputado oficialista Daniel Lipovetzky indicó que “la conclusión mayor” fue “que no hubo intervención de los organismos públicos”, aunque señaló que los responsables de la AFI no le acercaron a la comisión el listado de espías activos y separados del organismo oficial, como había solicitado.
