En Tucumán, un profesor de la Facultad de Derecho investigado por acoso sexual contra alumnas denunció penalmente por prevaricato a la abogada Soledad Deza, responsable del sumario administrativo abierto contra el docente. La denuncia contra Deza fue radicada “con el solo objeto de hostigar y amedrentar a quienes defienden derechos”, y fue considerada un intento de “intimidación”, señalaron en distintos comunicados organismos de derechos humanos e instituciones, entre ellos Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Amnistía Internacional Argentina (AI), que se pronunciaron en respaldo de la abogada.

La denuncia contra la abogada feminista, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir fue radicada por Victor Chocobar, un docente que, luego de que las autoridades académicas le informaran que sería investigado porque tres alumnas lo acusaban de acoso sexual, buscó descalificarlas públicamente. “Yo conozco que dos de las tres que me han acusado ejercen la prostitución, y les puedo decir dónde tienen la parada de prostitutas. Esas son las que para la decana son vulnerables”, dijo a fines del año pasado el docente Chocobar, en clase ante sus alumnos y a modo de descargo.

Deza comenzó en la  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT el proceso de sumario administrativo para investigar las denuncias presentadas por alumnas de Chocobar, siguiendo los lineamientos del protocolo que esa casa académica tiene para casos de violencia de género. La abogada, además, forma parte CDD y de la ONG tucumana Mujeres x Mujeres; fue la defensora de “Belén”, la joven que fue encarcelada durante dos años por un aborto espontáneo y que finalmente fue absuelta por la Corte de Tucumán, y es activa participante de la Campaña por el Derecho al Aborto.

“Este tipo de acciones, el uso de la herramienta penal a forma de amedrentamiento creo que, más allá del impacto que pueda tener en mi vida personal, que va a ser ninguno porque la denuncia no tiene asidero, es mucho más nocivo en las estudiantes que pueden verse disuadidas en un futuro de hacer denuncias. Agradezco las adhesiones institucionales, de universidades, docentes, de personas que trabajan en mecanismos de género, porque eso muestra que estamos haciendo bien y que las reacciones patriarcales no nos van a hacer retroceder en cuestiones que hacen a un derecho humano, como es vivir una vida libre de violencia”, evaluó Deza en diálogo con Página/12.

La Alianza Nacional de Abogadxs por los DDHH de las mujeres, que integran alrededor de 300 profesionales del derecho, manifestó “enérgica preocupación por la intimidación” que representa la denuncia contra Deza por prevaricato. “La erradicación de la violencia de todos los espacios de relaciones interpersonales de las mujeres demanda de todas las Instituciones del Estado -la Universidad no es ajena- un compromiso inclaudicable con las víctimas, pero también con quienes acompañan, defienden y/o intervienen técnicamente en los procesos internos diseñados para investigar todo tipo de comportamientos misóginos”, señaló en un comunicado la entidad.

Además, advirtió, “el uso de la figura penal de ‘prevaricato’ en contra de quien elaboró dictámenes técnicos propios del proceso protocolizado por la Universidad Nacional de Tucumán para la tramitación de las investigaciones sobre acosos sexuales y discriminación de género, debe ser interpretado como un abierto acto de intimidación de un profesor que estando ya investigado sumariamente por violencia contra las Mujeres, se refirió públicamente -en el diario de mayor circulación de Tucumán- a las alumnas denunciantes como ‘prostitutas’”.

Por su parte, en un comunicado de apoyo a las advertencias de la Alianza Nacional de Abogadxs, Católicas por el Derecho a Decidir advirtió que “la Dra. Deza se enfrenta a una denuncia de carácter penal iniciada con el solo objeto de hostigar y amedrentar a quienes defienden derechos y bregan por la erradicación de las violencias en estos ámbitos”. “A esta causa se suman otras estrategias y formas de persecución sufridas por defensoras de derechos humanos en Argentina, llevadas adelante por sectores conservadores que – bajo artimañas jurídicas y mentiras – atentan contra el ejercicio pleno de derechos”, añadió el texto, que convoca a “todas las organizaciones a sumar su adhesión y repudio frente a estos gravísimos sucesos”.

El comunicado de la Alianza Nacional de Abogadxs alertó, también, acerca de “la gravedad de que se utilice el sistema de justicia para distraer, amedrentar y frenar el trabajo en la protección de los derechos humanos de las mujeres que viene desarrollando” Deza en el ámbito universitario.

Por su parte, la agrupación Franja Morada de la Facultad de Derecho de la UTN también brindó su respaldo a Deza en un comunicado en el que denunció como “hostigamiento” la denuncia de Chocobar contra la abogada.