La marcha del jueves pasado contra las políticas del gobierno nacional dejó como imagen la expulsión de un ciudadano extranjero con residencia permanente desde el 2000. Se trata de Johnny Quiróz, oriundo de Bolivia, quien fue llevado por la Policía y, al saberse que pesaba sobre él un pedido de deportación de la Dirección Nacional de Migraciones, fue enviado a Santa Cruz de la Sierra.

Quiróz trabajó hasta el jueves como herrero y marchó el jueves junto a la columna de la Uocra. La Policía lo llevó al voleo y comprobó su situación de expulsión firme. Demián Zayat, de la ONG Colectivo por la Diversidad, contó a este diario cómo fue la situación: “En 2015 recibió una condena de tres años en suspenso por coacción agravada, resistencia a la autoridad y lesiones leves; y Migraciones dictó por ello su expulsión”.

 

 

El organismo envió la notificación al último domicilio que tenía de Quiróz, pero este ya se había mudado y no la recibió para recurrirla. Al no haber respuesta, Migraciones se dio por contestada y fue a la Justicia: una jueza dio luz verde a la captura. Lo hizo María Alejandra Biotti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5.

Así, Quiróz fue trasladado por la Policía a la Comisaría 1C (ex 16), en Entre Ríos y San Juan y luego sacado del país a las 9 de la noche. En el medio, se movieron varios grupos: Colectivo por la Diversidad, Cine Migrante, Migrantes por Migrantes y la abogada Zulema Montero, que asesora a la comunidad boliviana. “Se interpuso un habeas corpus, pero ya lo habían sacado del país”, dijo Zayat. Tampoco pudieron hacer mucho el cónsul de Bolivia y la Uocra al ser informados, si bien está en trámite la apelación del habeas corpus presentado para que no lo deportaran.

El hombre deportado vivía en Flores y dejó aquí un hijo de 12 años. “Allá no tiene a nadie. En ningún momento del expediente administrativo o judicial tuvo defensa. De hecho nunca le llegó una notificación. Tanto Migraciones como la jueza tuvieron por válido todo el proceso donde no participó ni él ni nadie en su defensa”, afirmó Zayat.  La apelación recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 59, a cargo de Damián Kirszenbaum.

El caso de Quiróz es similar al de Vanessa Gómez, la ciudadana peruana que fue deportada. Volvió a su país con un hijo de dos años. Pero aquí quedaron una hija de 14 y un chico de cinco. Había sido arrestado en 2011 y cumplió condena. Nunca recusó la notificación de su expulsión debido a una mudanza, por eso quedó firme y fue deportada en febrero pasado.