“La película es nuestra historia, no voy a poder verla todas las veces que se exhiba porque me quiebra el alma. Luciano no está, mi mamá y yo tuvimos que reconocerlo por sus huesos, desde que comienza hasta que termina tengo un nudo en la garganta, somos nosotros hablando y se ve cómo fuimos creciendo, pasaron diez años.” Vanesa Orieta reflexiona sobre lo que le pasó, habla de procesos nacidos del dolor. “Nos vamos formando en esta problemática, hay palabras que no uso más, como violencia institucional, ahora decimos represión estatal. Nos sentimos bien de haber ido profundizando nuestra mirada, y eso se logra relacionándose con otras historias y entendiendo la lógica de esta problemática. No hablamos sólo de Luciano, hay una lógica política, judicial y comunicacional sobre todo de los sectores excluidos de nuestro país”, dice en forma pausada pero firme, y da pequeños sorbos al té que se enfría durante la entrevista.
Vanesa Orieta mira a cámara y reconoce que se endureció. Ese camino personal y colectivo que se vio forzada a transitar la volvió más lúcida e implacable. Los días que fueron desde el 31 de enero de 2009 hasta la publicación de las primeras notas periodísticas, entre ellas la de Página/12, fueron de absoluta desesperación porque aún estaba la esperanza de encontrarlo con vida. Aquella noche de fines de marzo, una joven de 26 años llegó a la redacción con el uniforme del call center donde trabajaba, buscaba a su hermano desaparecido a manos de la policía. “No hay que minimizar la vida del pobre con la excusa de que el aparato político no se va a poner en juego para aniquilarlo. Cada vez que se mata o desaparece a un pibe o piba está operando una lógica de gobierno que debe ser juzgada. Cuando un barrio es abandonado por el Estado y la gente deja de acceder a sus derechos fundamentales, hay personas que se creen con el poder de gobernar en forma violenta, hacen lo que quieren porque saben que los costos son mínimos”, dice en diálogo con este diario, a pocas horas del estreno del documental ¿Quién mató a mi hermano?, de Lucas Scavino y Ana Fraile. Pero la hermana de Luciano no perdió la ternura, y se le ilumina el rostro cuando habla de su hijo de siete años, de que esa misma tarde tiene que cursar porque retomó la carrera de Sociología en la UBA, que trabaja en el programa Andares sobre explotación sexual infantil del Gobierno de la Ciudad y que necesitó mudarse a otro barrio para poner “algo de distancia”.
–¿Cómo fueron estos diez años respecto de la represión estatal?
–La gente la está pasando muy mal, la pobreza es una construcción histórica de la que se benefician los diferentes gobiernos con medidas asistencialistas. Nací en un barrio humilde, mi familia sigue viviendo en el 12 de Octubre, sé lo que es vivir en la pobreza, es denigrar la condición humana dejando al pobre prisionero de metodologías violentas. Se lo va aislando y luego implementan dispositivos de control crueles. Naturalizamos que el pobre sobreviva.
–¿La policía sigue reclutando pibes para obligarlos a delinquir?
–Sí. Es una de las formas de violencia. Se sabe que la policía es la administradora de los diferentes delitos, y eso compromete la vida de los y las jóvenes. Pero no es independiente de los gobiernos de turno, porque si no sí estaríamos hablando de violencia institucional y de un autogobierno de la fuerza. En la medida de que la policía actúa de esta manera hay responsabilidades judiciales y políticas directas. Por eso hablamos de represión estatal, hay una dirección política, judicial y comunicacional para que sean naturalizadas esas lógicas violentas. Hablar de represión es pedir en cada una de las causas judiciales en la que se ha matado o desaparecido algún pibe o piba que se condenen todas las responsabilidades, no sólo la de un grupo de policías, porque acá hay estrategia.
–Según las cifras de Correpi, éste es el gobierno más represivo. ¿Cambiemos hizo de eso una bandera?
–Sí, totalmente. Son mucho más directos con el mensaje represivo hacia la sociedad. Tantos años de haber naturalizado la represión en los barrios, a los trabajadores o a los pueblos originarios hace que este gobierno tenga más impunidad para hacerlo. Es una alerta porque fuimos un pueblo arrasado por un genocidio. Pero, por ejemplo, como en su momento la reacción no fue contundente vuelven con esto de pedir que encierren a niños y niñas. Sus formas son más directas y perversas, sin duda aumentaron los índices de represión en los barrios. Pero no hay que cerrarlo a un contexto, es una degradación. Desde la apertura de la democracia hasta hoy contamos vidas que se pierden por la represión estatal.
–¿Es cierto que cuando los recibió el ex ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, se ofuscó cuando le dijeron que la policía recluta pibes para delinquir?
–Qué atinada la pregunta, en este momento que Stornelli que no se presenta ante la Justicia. El gobernador no nos atendió. Cuando empecé a hablar de la Policía Bonaerense como responsable de la desaparición de Luciano, Stornelli levantó fuerte el tono y nos dijo que bajo su gobierno no había ningún policía que cometiera delitos, que no me iba a permitir que dijera eso, en un tono amenazante. No había nada más que hablar. Nos fuimos mal, nos podría haber debilitado pero empezamos a entender lo que se venía, la causa lleva diez años de impunidad.
–¿Qué sentís cuando lo ves en televisión?
–Lo mismo que con (Daniel) Scioli o (Fernando) Espinoza, mucha rabia. Cuando hablamos de represión estatal hablamos de responsabilidades políticas, judiciales y materiales, y éstos son los responsables. Se reciclan para volver a caminar en el mundo político y volverán a hacer el mismo daño. Si pudiera... (hace una pausa) hemos tenido mucho respeto pero ojalá que alguna vez los familiares no tengamos más respeto, los vayamos a buscar para condenarlos socialmente. Me pasa en el cuerpo, si los veo cuando estoy comiendo dejo de comer, si los estoy mirando empiezo a putear a la cámara. Se me vienen a la cabeza los familiares de Darío Santillán, Sergio Avalos, Daniel Solano, Santiago Maldonado, empatizo con ellos.
–¿Cómo está la causa judicial?
–Sigue en etapa de instrucción, no hay imputados por la desaparición forzada de mi hermano. Hay que identificar no sólo a los policías que efectuaron el hecho sino también a los responsables, que son la Justicia misma y el aparato político. Tiene un nuevo juez que no conocemos, empezó en la justicia provincial, tuvo dos fiscales, pasó a la justicia federal y va por el tercer juez. Ya no se puede hablar de justicia, seguimos siendo los principales llamados a declarar, en una revictimización sistemática que busca debilitarnos. Hubo decenas de irregularidades. Hay sentencia firme contra el policía que ejerció torturas físicas y psicológicas antes de su desaparición, pero ese material no está volcado en la causa principal. La historia de Luciano empieza con la propuesta de la policía, sigue con un hostigamiento por su negativa, y culmina con detenciones y con su desaparición. Investigan todo por caminos diferentes. Esta justicia que padecemos los pobres nos pone en riesgo a la familia y los amigos.
–En el documental se ve tu auto incendiado. ¿Hubo intimidaciones peores?
–Sí. El auto nos importaba tres carajos. Secuestraron a compañeros, soportamos humillaciones y amenazas tremendas, pararon a mis otros hermanos. Con la impunidad corre riesgo la vida de testigos al límite en que mueren, son mensajes para los que deben declarar en otras causas.
–En el film, la forense del Ministerio Público menciona 14 fracturas en el tórax de Luciano.
–Mi hermano desapareció la madrugada del 31 de enero y el supuesto accidente fue tres horas después. Los testimonios de los vecinos nos llevaron a una esquina y una hora determinada, y cinco años y ocho meses después comprobamos que efectivamente fue secuestrado, no estaba en los registros. Las fracturas coinciden con su detención del 22 de septiembre de 2008. El tenía dolor en el pecho y las costillas, fuimos al policlínico de San Justo, no le hicieron placas, apenas unas anotaciones. En el hallazgo de su cuerpo hay ropa diferente a la que él usaba, es la perversidad de la Policía Bonaerense.
–¿Qué creés que pasó?
–(Hace una pausa, emocionada.) No puedo pensar cuánta violencia sufrió. Personas perversas hacen cosas que no tenés en tu cabeza. Sufrió mucho pero no puedo entrar en detalles escabrosos. Fue en la General Paz, donde hay un cambio de jurisdicción. Es muy importante el testimonio del motociclista que cuando llega después del accidente ve una patrulla de la Bonaerense parada sobre la colectora, muy cerca del lugar. El le hace señas porque Luciano aún estaba vivo, pero esa patrulla sigue de largo. De diez patrulleros, sólo cuatro activaron su georradar, y justo esa patrulla no aparece en los registros; las zapatillas de Luciano no estaban puestas sino como arrojadas. En todo esto es esencial la detención de septiembre y el hecho de que él se haya negado a salir a robar para la policía. Los primeros días la desesperación era si estaba pasando frío o encerrado, querés que termine ese sufrimiento de él en una carrera contra el tiempo. Las amenazas eran una alarma, había un interés de que nos quebremos. Nos encontramos con un montón de actitudes solidarias, pero también apareció en los grandes medios que era un pibe que se escapó de su casa por un asunto de drogas. Ahí entendimos que había una intención de criminalizar a la víctima y a todo su entorno, lo mismo que pasaba en todas las causas de represión estatal. Con una carta documento a Clarín nos dieron derecho a réplica y fueron a pedirle disculpas a mi mamá. No hay que naturalizar que las familias tengamos que poner la vida para encontrar cuerpos. El Estado debería acompañar y hacerse responsable, pero es un Estado enfermo, les pedimos justicia a las mismas personas que generaron la impunidad. Los familiares sostenemos la lucha, pero con la rabia de saber que son ellos mismos los que producen y reproducen esas lógicas. Y lo hacemos desde un lugar muy pacífico. Soy mamá, me tocó perder a mi hermano, pero cada vez que veo una mamá que perdió a su hijo se me quiebra el alma.
En el marco del hábeas corpus, pedido por el CELS, una funcionaria detectó que se estaba haciendo la comparación de las huellas dactilares con fotocopias. “Esa persona estuvo muy bien al decir que había que usar los originales”, destaca Vanesa. Así, se vuelve a hacer ese cotejo y Arruga aparece enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. En la película, Damián Piraino le muestra que eso era lo que pedía ella desde el principio. “Iba casi todos los días a la fiscalía de Roxana Castelli. En mesa de entradas me decían ‘poné acá lo que querés comunicarle a la fiscal’, y yo respondía que quería verla para decirle cosas muy graves. En esas notas decía que estaba desaparecido, que sospechábamos de la policía y que se pidieran datos en morgues y hospitales. Es mi letra de ese momento. Sacar la lapicera, describir a Luciano y cinco años y ocho meses después era eso que pedía una pendeja de mierda del barrio 12 de Octubre lo que había que buscar”, dice con sus ojos húmedos y mucha bronca.