Cuando Santiago Maldonado llevaba desaparecido una semana, el Gobierno nacional introdujo dentro del expediente de Habeas Corpus y la causa penal por su Desaparición Forzada un primer informe sobre la RAM. Para Bullrich, la desaparición (y muerte) de Maldonado había sido una suerte de “daño colateral” del accionar de la Gendarmería contra esa inexistente organización terrorista. En diciembre de 2017, el Ministerio de Seguridad publicó junto a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro un informe final donde les adjudicó 96 causas judiciales (incluido un homicidio), un supuesto tráfico de armas y vínculos criminales con organizaciones mapuches chilenas. Del total de expedientes mencionados, 84 carecían de autores identificados. Sólo en 12 oportunidades sindicaban personas concretas aunque algunas ya habían sido sobreseídas al momento de difundir ese texto persecutorio.
PáginaI12 entrevistó al fiscal de Esquel Oscar Oro, señalado por la jueza Carina Estefanía como una pieza clave en el armado de las distintas causas vinculadas a la comunidad mapuche. Oro confirmó que el tema de la RAM fue inflado de manera adrede por el Gobierno nacional, que Pablo Noceti, actual secretario coordinador con los Poderes Constitucionales, estuvo involucrado directamente con esta estrategia persecutoria y que nunca contaron con pruebas concretas sobre la existencia de esta supuesta organización terrorista. Para Bullrich, la falta de evidencias no fue un escollo para llevar adelante su “Doctrina del miedo”.
De esas 96 causas, 25 correspondían a la Justifica Federal y 63 a la Justicia Provincial: 54 de Chubut, 6 en Río Negro y 3 de Neuquén. Había 8 expedientes sin jurisdicción determinada. La jueza de Esquel determinó que no existían rastros de la tan mencionada RAM, y que la mayoría de esos procesos judiciales habían sido archivados por falta de evidencias. También quedó comprobado que se fraguaron pruebas para inculpar a mapuches y militantes políticos, una metodología similar a la aplicada por los Carabineros chilenos.
“Propaganda e ideología”
Cuando el fiscal Oscar Oro atendió el llamado telefónico de PáginaI12, lo primero que manifestó fue que siempre había sostenido que la disputa territorial debía resolverse a través del diálogo. Sin embargo, él es responsable de más de 50 legajos de investigación que ahora deberán ser analizados por el Consejo de la Magistratura de Chubut según lo resuelto por la jueza de Esquel.
–¿El Gobierno nacional utilizó esos legajos para instalar una supuesta amenaza de la RAM?
–Sí, puede ser. Lo que digo, en definitiva, es que nosotros no tendríamos que estar atendiendo estos asuntos, que nos lo impusieron. Los fiscales que actuaron en Esquel al principio pidieron la incompetencia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia bajó línea diciendo que siga trabajando la justicia ordinaria. Puede ser que el Estado haya aprovechado esa circunstancia como para engordar la situación en contra de lo que ellos entendían que era la RAM. El tema es que aparecían situaciones que le daban a uno la sospecha de que se trataba de la misma gente pero acá nunca aparecía nadie como responsable. No me apareció ningún documento de ninguna autoridad de inteligencia que relacione nombre y apellido con esa organización. Todo fue mucho de propaganda y mucho de ideología.
–¿Quién le impuso el tema?
–Y... bueno, como periodista usted sabrá cómo se manejan estas cosas. Empieza a aparecer como un rumor que se va engordando y de pronto ya está instalado como idea y vos decís, en definitiva, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde sale?
–¿Cómo se incorporaron estas causas al informe sobre la RAM?
–Acá nos empezaron a pedir informes de muchos lugares donde se veía que estaban formando una especie de base de datos. Cuando empecé a ver en el informe, me di cuenta que había muchos datos que los metían por las dudas.
–¿Quién le pedía esa información?
–(Silencio.) Del Ministerio.
–¿Noceti estuvo involucrado? ¿Lo llamó por este tema?
–Sí, incluso estuvo en alguna de las audiencias en Esquel (N.d.R.: esa audiencia fue en agosto de 2016; Noceti permaneció de incógnito hasta que fue reconocido). Después me llamó en alguna oportunidad consultándome cosas. Efectivamente Noceti estaba al tanto de todo esto. Su actitud era de apoyo a que esto avanzara, ofrecieron cualquier cosa que necesitáramos, ya sea a través del Ministerio o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
–¿En qué estado procesal están esos 50 legajos?
–Cuando no aparece nada, si bien se puede comprobar la materialidad del hecho, pero no tenemos autor ni nada que nos conduzca a un culpable, el caso se archiva, eso es lo que pasaba.
–¿Y por qué los vinculaban con la RAM?
–Porque aparecía alguna página de internet que reivindicaba algunos hechos. Ese era el dato que generalmente aparecía.
–¿Están todas archivadas, entonces?
–Sí, o vinculados a la causa original (la denuncia por usurpación donde los acusados fueron absueltos) pero sería más o menos lo mismo.
Mentira planificada
En su informe sobre la RAM de diciembre de 2017, Bulrrich incluyó una acusación hacia la militante Nadia Paris y su compañero Fermín Martínez. El rostro de Nadia apareció publicado en el capítulo que debía describir las supuestas vinculaciones de la RAM con la organización chilena CAM (Coordinadora Arauco Malleco). A ambos les armaron una causa –vinculada al incendio de un auto– que vincularon a la RAM, y les allanaron varias viviendas de las que secuestraron 4 armas. El Procurador General de Neuquén, José Ignacio Gerez, no dudó en afirmar: “Dimos con la conexión local de la RAM”.
Esas armas pertenecían a Raúl Paris, padre de Nadia y Eduardo Paris, su tío, un reconocido militante por los Derechos Humanos, ex concejal del Partido Intransigente en Cipolleti. Nada tenían que ver con la RAM pero a Bullrich no le importó.
En diciembre de 2018, la jueza Sonia Mabel Martín sobreseyó a Eduardo y Raúl. En su fallo, citó alguna de las palabras formuladas por el abogado defensor Leandro Aparicio quien manifestó: “Esta causa se inició como resultado de una persecución política respecto de Nadia París y su pareja, a los que acusaban de actos de pseudoterrorismo como es la entrega de armas a la RAM”.
La ministra de Seguridad no sólo acusó de terroristas a mapuches y militantes políticos sino que instaló la idea de un supuesto tráfico de armas entre Argentina -vía la RAM- y Chile con la CAM. La Doctrina Bullrich también incluía un potencial enemigo externo.
En septiembre de 2017, los Carabineros detuvieron a varios comuneros mapuches chilenos acusados de terrorismo en el marco de lo que se denominó Operación Huracán. A esa avanzada le debía seguir la Operación Andes, que involucraba el supuesto tráfico de armas con Argentina; pero esa acusación no prosperó ya que primero se descubrió que la Operación Huracán había contado con actos de inteligencia ilegales como por ejemplo la posible “implantación” de mensajes en los teléfonos de los comuneros que luego servirían para acusarlos de tráfico.
Bullrich incluyó en su informe sobre la RAM un artículo del diario El Mercurio donde se hablaba del intenos Aires con Mahmud Aleuy Peña y Lillo, subsecretario del Interior de Chile. Allí se habló de ese inexistente tráfico de armas. Según el funcionario chileno, Bullrich le había dicho que tenía información relevante sobre “grupos organizados” en ambos lados de la frontera. Por eso la funcionaria necesitaba contar con “un arsenal” para solidificar esa línea de persecución.
Sin embargo, en ambos lados de la Cordillera, todo fue parte de un montaje utilizado políticamente por la ministra predilecta de Mauricio Macri.
