Desde Barcelona
Barcelona amaneció con ruido de helicópteros y las grandes calles del centro cortadas; todo el mundo sabía por qué. Hoy era el día en que, por primera vez en la Historia, un presidente autonómico se sentaba en el banquillo, el ex presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, era citado a declarar por haber sacado las urnas el 9 de noviembre del 2014 en una consulta sobre la independencia de España.
Cerca de 40 mil personas acudieron desde primera hora de la mañana a las puertas de la Generalitat- el máximo órgano de gobierno de Cataluña- para acompañar a Mas y las otras dos acusadas de su equipo- las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau- hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde comparecerían por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia. La bandera independentista- la “estelada”- ondeó con ellos durante todo el recorrido así como los gritos de “no estáis solos”, “votaremos!” o “¡fuera, fuera, fuera, la justicia española”. La mayoría de los manifestantes adscribían al mensaje que el actual presidente del gobierno catalán- Carles Puigdemont- lanzó una hora antes de iniciarse el proceso. “Hoy muchos nos sentimos juzgados”, aseveró, insistiendo en que los tres ex altos cargos de la Generalitat “son juzgados por una causa que nunca debió llegar a los tribunales”. Desde la Galería Gótica del Palacio de la Generalitat, Puigdemont también aprovechó para arremeter contra el Estado central, a quien acusó de “judicializar asuntos políticos” y de “cometer todo tipo de abusos para perseguir ideas”. El ‘president’ defendió una vez más las urnas y declaró ante los miles de manifestantes que “un país capaz de hacer el 9-N tiene una democracia más sana que la de un país que envía al banco de los acusados a los dirigentes que lo hicieron posible”.
La Fiscalía alega que tanto Artur Mas como las dos ex consejeras de su Gobierno desobedecieron la prohibición que cuatro días antes de la votación el Tribunal Constitucional (TC) les había lanzado y, por ende, pide para el ex mandatario diez años de inhabilitación y nueve para las otras dos ex altos cargos. En su defensa, Artur Mas sostiene que ante la primera prohibición del TC hubo un “cambio de formato” y se dejó en manos de voluntarios la organización de la consulta alternativa. “Sin los 42.000 voluntarios no se podría haber llevado a cabo el proceso participativo”, expresó ante el juez. Del mismo modo que lo hizo en su día ante el instructor de la causa, el ex 'president' se erigió como el “máximo responsable político” de idear y llevar a cabo el proceso alternativo a la consulta. “La iniciativa política fue mía y de mi Govern, pero yo daba las directrices políticas”, detalló Mas a su abogado, negándose en todo momento a responder las preguntas de la fiscalía y la acusación popular.
Pese a atribuirse a sí mismo toda responsabilidad de la consulta del 9N, el ex mandatario procuró dejar claro que “no había el ánimo de cometer ningún delito, ni de desobedecer” y que, tras las elecciones locales del 2012, había una mayoría en el Parlamento catalán a favor del derecho a decidir. “Se intentó negociar un referéndum pactado con el Gobierno central, pero no hubo manera”, explicó Mas en relación a las diversas conversaciones infructuosas que mantuvo con el presidente español, Mariano Rajoy. “El proceso participativo no fue un capricho individual, ni una salida de tono, sino que se siguió un mandato del Parlament”, afirmó en los Juzgados de Barcelona.
Además de la incapacidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno central y la obligación de responder al mandato de la mayoría secesionista que votó a su partido, Artur Mas defiende que, mientras que la primera consulta convocada prohibida por el Tribunal Constitucional había sido organizada e impulsada desde la Administración catalana, la segunda, es decir el proceso participativo del 9-N, se dejó en manos de los voluntarios y la Generalitat solo facilitó los medios. “Pedimos la implicación de 20.000 personas y se apuntaron 42.000”, precisó el expresidente, a la vez que remarcó que el Constitucional no hizo nada el día de la consulta para impedir que se pusieran las urnas.
El juicio a los ex dirigentes catalanes corona una semana en la que la tensión entre el Gobierno de Rajoy y el de la Generalitat alcanzó el climax, tras la intención del actual 'president' y los movimientos independentistas de adelantar a mayo el referéndum que pretendían llevar a cabo en septiembre. Más allá de las fechas, la crispación del Ejecutivo estatal proviene del hecho en sí, es decir, de la voluntad de cristalizar una consulta por la autodeterminación aunque desde Madrid se lo prohíban expresamente. El miércoles pasado, el secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, afirmó que el gobierno de Rajoy tomará medidas “proporcionales” a los pasos que vayan dando los secesionistas. “¿Puede garantizar que las urnas no se van a poner?”, le preguntaron los periodistas en rueda de prensa; “Yo de lo que estoy seguro es de que el referéndum no se va a celebrar”, respondió Bermúdez de Castro. Fuentes de la Moncloa explicaron que el Ejecutivo central diseñó una respuesta global con la ayuda de los ministerios de Presidencia, Interior y Educación para estar preparados ante cualquier escenario que plantee la Generalitat de Carles Puigdemont, medidas que incluyen el precinto de colegios para para evitar la colocación de las urnas y “hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos”.
Al referéndum unilateral que dicen estar dispuestos desde el Gobierno de Cataluña, se opone otra iniciativa lanzada por numerosas asociaciones soberanistas que, unidas bajo el nombre de Pacte Nacional pel Referèndum, postula una consulta acordada con el Estado. El Gabinete de Mariano Rajoy, de todos modos, se declara radicalmente contrario a ambas propuestas y da por finalizada la llamada “operación diálogo” que el líder del Partido Popular (PP) había prometido al recuperar el poder el pasado junio.
