Tres años después de la publicación de los Panama Papers el balance es claroscuro. Las luces muestran que se han recaudado más de 1200 millones de dólares en todo el mundo, pero las sombras exhiben que faltan avances en materia leyes y regulaciones que intenten limitar los abusos dirigidos desde las guaridas fiscales. En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) filtró al diario alemán Süddeutsche Zeitung una investigación –llevada a cabo durante más de un año y en la que se analizaron 11,5 millones de archivos provenientes de la empresa Mossack Fonseca, con base en Panamá– que expuso a conglomerados offshore.
En el tercer aniversario de la mayor filtración de información financiera de la historia, el ICIJ divulgó un informe en el que especifica sus alcances. “Gobiernos de todo el mundo recaudaron más de 1200 millones de dólares después de la investigación dada a conocer en 2016”. El Reino Unido recuperó hasta el momento 252 millones de dólares, Francia 136 millones y Australia 92 millones, por mencionar algunos ejemplos. No obstante, el ICIJ, afirma que el cómputo de recaudación post Panamá Papers seguramente representa mucho menos del total de impuestos recuperados puesto que muchos países no revelan información al respecto. Sucede así en Polonia, donde las fuerzas especiales creadas ad hoc no dan a conocer ningún tipo de resultado a la prensa o en Argentina, donde los alcances de las consecuencias de la filtración se mezclan con los impuestos recaudados bajo la amnistía fiscal (blanqueo de capitales).
Así lo explica la Fundación SES, cuyo Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo publicó también un informe sobre las consecuencias directas de los Panamá Papers. “(En Argentina) La autoridad tributaria sí logró recuperar una pequeñísima parte de los impuestos no cobrados a usuarios de los servicios de Mossack Fonseca. No era el objetivo sino que fue un resultado colateral de la amnistía fiscal (blanqueo) impulsado por el Gobierno argentino en 2016”, explica el documento. “La nueva tanda de archivos financieros secretos mostró que unos 125 clientes argentinos de Mossack Fonseca sinceraron bienes offshore por una suma cercana a los 104 millones de dólares”, agrega.
El informe de la Fundación SES también explica que las causas vinculadas a los Panamá Papers en Argentina no prosperaron. Por ejemplo, la causa por lavado de dinero a la familia de Mauricio Macri (el presidente compartía el directorio de la offshore bahameña Fleg Trading con su padre Franco y su hermano Mariano) en el fuero federal se estancó y tampoco avanzaron las investigaciones por presunta evasión y omisión maliciosa de información.
En América Latina, en la mayoría (65 por ciento) de los países de la región, se iniciaron investigaciones vinculadas a los Panamá Papers a empresarios y políticos, explica el artículo de SES. Sin embargo, solamente Ecuador y Brasil registraron sentencias en los casos asociados a la filtración. En el resto, las causas iniciadas no prosperaron o fueron desestimadas. El informe también revela que la mitad de los países de la región recuperaron una parte de los impuestos evadidos y en el 29 por ciento hubo implicancias políticas, es decir, funcionarios renunciaron, fueron desplazados o detenidos. También es notorio que solamente en 5 países latinoamericanos se realizaron modificaciones legislativas, normativas o regulatorias para abordar el problema: Panamá, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú. Ahí debe ponerse el foco, afirma el coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES, Adrián Falco. “Se vuelve imprescindible terminar con el secreto bancario y financiero promoviendo el intercambio automático de información entre países. Es fundamental contar con registros públicos de los beneficiarios reales de sociedades, fideicomisos cuyo acceso sea público e irrestricto. Debemos contar con reportes públicos donde las empresas transnacionales reporten país por país sus actividades y los impuestos que pagan. Los países podrían declarar ilegales a las sociedades conformadas en guaridas fiscales que intenten operar en nuestros países o, al menos, endurecer los controles sobre ellas”, ejemplifica Falco en el documento. Porque este tipo de medidas no han sido implementadas, el mundo offshore goza de buena salud, afirma.
El informe del ICIJ es optimista con vistas a futuro. “Hay un sentimiento creciente de que el legado de los Panamá Papers va a tener efectos en el comportamiento”, afirma. El artículo cita a un miembro nigeriano del Consorcio, Moussa Aksar, quien dice que hoy en día en África occidental las personas piensan dos veces antes de jugar sucio porque puede haber alguien investigándolos. Por otro lado, también se asevera que a diferencia de lo que sucedia anteriormente, ahora la evasión fiscal no se ve como un crimen sin víctimas. “Antes de los Panamá Papers había una toleracia pública, una actitud de ‘bien por vos’ hacia cualquiera que pudiera evadir su parte de los impuestos”, dijo la profesora de Derecho Impositivo de la Universidad de Leeds (Inglaterra) Rita De la Feria. “Los Panamá Papers ayudaron a cambiar esa percepción a una de ‘vos nos estás robando en servicios públicos’”, agregó.
La toma de conciencia sobre este punto es esencial, afirma Falco: “No estamos frente a un problema aislado, el mundo offshore tiene consecuencias directas sobre el desarrollo y el crecimiento nuestros países. El mundo offshore impacta de manera directa sobre la calidad de vida de nuestros pueblos”.
