En el acuerdo alcanzado en junio de 2018 el FMI calificó al sendero de la deuda pública argentina como “sustentable, aunque con una baja probabilidad”. De esta manera, logró destrabar un desembolso excepcional respecto a la cuota que el país mantiene con el organismo. En las últimas revisiones esa caracterización se mantiene, pero la “sustentabilidad” parece cada vez más difícil de justificar. En el mercado lo saben y por eso dejaron de prestarle dinero al país. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que accedió PáginaI12, detalla que el acuerdo con el FMI sumó nada menos que 60.784 millones de dólares a los vencimientos de deuda pública bruta en moneda extranjera que deberá enfrentar el próximo gobierno.   

Si se considera el total de vencimientos de deuda pública bruta en moneda extranjera para el próximo mandato presidencial, se pasa de un total de 92.042 millones de dólares considerando la deuda existente al 30 de junio de 2018 (sin el primer desembolso del FMI) a un total de 152.826 millones de dólares considerando aquella existente al 30 de diciembre del mismo año e incorporando la totalidad de los desembolsos planificados por el organismo. La diferencia son los 60.784 millones que se sumaron a la mochila que deberá cargar quien gane las elecciones de octubre. 

El monto de los vencimientos comparados sobre la situación previa a los acuerdos, de mantenerse el cronograma de desembolsos corriente, implica un aumento de 22.874 millones de dólares para el 2022 y 24.001 millones de dólares para el 2023. En el informe de CEPA se deja entrever que el riesgo sobre la sustentabilidad de la deuda pública se profundizó a partir del acuerdo con el FMI. “Sorprende la justificación de la sustentabilidad esperando un retorno a los mercados internacionales de crédito a partir del 2020 si el perfil de vencimientos de deuda publica en moneda extranjera ha incrementado considerablemente las probabilidades de impago a partir de dicho período”, advierte el informe y luego es todavía más contundente: “La ‘ayuda’ proporcionada de esta manera por el organismo internacional constituye una especie de salvavidas de plomo, que apunta a sacar a flote al gobierno actual frente a la combinación de políticas económicas que incrementa la vulnerabilidad externa, al mismo tiempo que impone condiciones de difícil resolución para el mandato siguiente”.

De hecho, la deuda pública bruta como porcentaje del Producto Bruto Interno ya tuvo un comportamiento explosivo, pasando del 57,08 por ciento en el 2017 al 86,22 por ciento en el 2018. Este incremento se explicó principalmente por la caída del producto, los desembolsos del FMI, y la variación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que el 76,37 por ciento se encuentra denominada en moneda extranjera

Así como la política monetaria restrictiva tiene como objetivo lograr la estabilización financiera en el corto plazo, el eje central del proceso de estabilización en el mediano plazo en los acuerdos con el FMI es el sendero de ajuste fiscal. La reducción del gasto público tiene como meta central la reducción de las necesidades financieras del Estado, para ofrecer garantías a los acreedores de la capacidad de repago. El foco de los acuerdos con el FMI, en términos de sus metas cuantitativas, se centra entonces en un sendero de ajuste sobre el gasto primario. Se pasa de una meta de déficit primario del 2,7 por ciento del PBI (meta sobrecumplida en el 2018 con un déficit del 2,4 por ciento), al equilibrio fiscal en el 2019 para, a partir del año 2020, obtener un leve superávit del 1 por ciento del PBI.