Luego de una década de investigación y tras dos postergaciones, el martes comenzará en los tribunales de San Martín el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el marco de las contraofensivas de Montoneros. El Tribunal Oral Federal 4 de esa jurisdicción evaluará la responsabilidad penal de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en los secuestros, torturas y asesinatos de casi un centenar de personas entre 1979 y 1980, tanto en Argentina como en el exterior. Aunque en el banco de los acusados sólo se sentarán represores ordenados en Campo de Mayo, durante el debate quedará expuesto que la red de operativos que la dictadura desplegó para neutralizar el retorno de militantes de Montoneros al país contó con la participación de los servicios de inteligencia de varias fuerzas militares y de seguridad. 

“Es necesario remarcar que la Contraofensiva no fue un cúmulo de operaciones para posibilitar el ingreso en Argentina de militantes que estaban en el exilio, sino que se trató de una campaña en la que toda la organización Montoneros estuvo comprometida, una campaña para reorganizar la resistencia contra la dictadura genocida.” La explicación la ofreció Gustavo Molfino, hijo, hermano y cuñado de tres de las casi cien víctimas que integran la causa y uno de los 250 testigos que ofrecerán su testimonio en el debate que comenzará mañana.

Para Molfino, quien impulsó junto al resto de las querellas la investigación judicial sobre la avanzada del plan sistemático de tortura y exterminio que los represores desplegaron para frenar la Contraofensiva montonera, la llegada del juicio oral es “importantísima” porque significa “la esperanza de que por fin haya condenados, de que por fin tengamos Justicia”. 

El punto de partida del expediente fue el hallazgo de documentación de inteligencia en Bahía Blanca. Desde allí, a cargo de la jueza federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, Alicia Vence, comenzó a desandarse un camino que tardó casi una década en establecer la red de operativos ilegales a lo largo y ancho del país, en Perú, Bolivia y Brasil en los que fueron cazados militantes montoneros en manos de patotas de las diferentes fuerzas militares y de seguridad.

Sin embargo, al cabo de casi una década, Vence elevó a juicio oral la causa con una lista de jerarcas de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y del Comando de Instituto Militares, todos con base de operaciones en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Estos últimos dos estuvieron prófugos durante la instrucción y fueron recapturados. Otros dos integrantes del Comando Instituto Militares que también habían sido imputados, Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, fallecieron antes de que llegara el debate oral. Muchos de ellos no asistirán al juicio de manera presencial, sino que participarán vía teleconferencia desde las diferentes ciudades donde gozan de arresto domiciliario. De hecho, la coordinación de esos servicios de transmisión, por parte del Consejo de la Magistratura, fue una de las razones por las que el juicio se pospuso por última vez, ya que iba a comenzar hace quince días. Las querellas esperan que, con el avance de las audiencias, se puedan conocer los nombres de agentes de menor rango que participaron de los operativos represivos. 

Según se desprende del requerimiento fiscal de elevación a juicio, a los acusados se les imputa haber reunido información vinculada con la operación Contraofensiva y los militantes que participaron de ella, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos para implementar el plan de represión en su contra. En el debate se repasarán los casos de 94 víctimas secuestradas y torturadas. Setenta de ellas aún permanecen desaparecidas; de otras doce, que fueron asesinadas, los cuerpos fueron entregados a familiares o aparecieron sin vida meses después. El resto sobrevivió. La mayoría pasó por los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo. Es el caso de Marcela Molfino, la hermana de Gustavo, quien fue secuestrada junto a su compañero Guillermo Amarilla en Padua y trasladada a Campo de Mayo. Allí parió a un hijo varón de quien los genocidas se apropiaron. Décadas después, el joven recuperó su identidad y el contacto con su familia biológica.